Mar del Plata, domingo 20 de agosto de 2017
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18/04/2017
El éxito de los certificados de captura legal de FAO depende de los controles

La Organización acaba de aprobar las directrices internacionales sobre el sistema de documentación de capturas para evitar la pesca ilegal. Argentina cuenta desde 2015 con el certificado de captura legal para varias especies. Habrá resultados si se controla y se aplican sanciones.

La pesquería de juveniles de corvina rubia es un claro ejemplo de las falencias del sistema.

Por Karina Fernández

Luego de cinco años de discusión la FAO acaba de aprobar por unanimidad un proyecto de Directrices voluntarias sobre sistemas de documentación de las capturas  y éste se encuentra listo para ser adoptado por todos los países miembros durante la Conferencia que tendrá lugar en Roma en julio. Una vez aprobadas las directrices, actuarán como una “regla de oro” reconocida a nivel internacional con el fin de impedir la llegada al mercado de pescado capturado ilegalmente, señalaron desde la Organización. Nuestro país, que fue parte de las discusiones, en 2008 aprobó el plan de lucha contra la Pesca Ilegal No Declarada No Reglamentada y en 2015 el Certificado de Captura Legal (CCL) con el cual deben contar desde 2016 todos aquellos que pretendan exportar merluza hubbsi, negra o de cola; polaca, vieira, calamar, langostino, corvina y raya. Sin embargo, el Certificado solo cumple su objetivo si el sistema de controles funciona y lo mismo ocurrirá en todos los países que a partir de julio deban adoptarlo.

En nuestro país el Certificado de Captura Legal (CCL) es un instrumento público que documenta que las acciones realizadas por parte de una empresa pesquera argentina, desde la captura de una especie marítima hasta su comercialización, han cumplido con todas las normas establecidas en el “Plan de Acción Nacional para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (PAN-INDNR)”.

El CCL incluye información referida al buque pesquero, como la empresa propietaria y armadora, el tipo de permiso con el que cuenta al momento del ejercicio de la actividad, la posición satelital, el día y la hora en la que desempeñó la tarea de pesca, el parte de pesca electrónico, el acta de desembarque en puerto, además de certificar el correcto cumplimiento de la Ley Federal de Pesca 24.922.

Este mecanismo se adoptó en 2015 a través de la Resolución 174 pero comenzó a aplicarse en 2016; desde entonces cada partida de merluza hubbsi, merluza de cola, merluza negra, corvina, vieira, rayas, langostino y calamar para poder exportarse debe contar con el certificado.

A pesar de ello, el no contar con un sistema de control de excelencia hace que el certificado no cumpla de forma acabada con su objetivo. Por ejemplo, los juveniles de corvina que año tras año son capturados en la Bahía de Samborombón nunca fueron reportados por la Dirección de Pesca, que se encuentra habilitada para solicitar la apertura de contenedores ante la menor sospecha.

En el caso del abadejo, los armadores que capturan más allá del límite permitido suelen sortear los controles y para evitar sanciones y poder exportarlos prorratean en distintas mareas y barcos el tonelaje completo y así logran hacerse del certificado de captura legal que les permita exportar su producción.

Lo mismo ocurrirá a nivel internacional. Sin controles eficientes las nuevas Directrices servirán de poco, teniendo en cuenta que se debe apelar a la buena voluntad de los gobiernos de países como China o Corea, que obtienen buena parte sus capturas en aguas internacionales fuera de toda regla.

El Sistema de Documentación de Capturas (SDC) busca básicamente que los envíos de pescado sean certificados por las autoridades nacionales como capturados legalmente y de acuerdo con las mejores prácticas; con documentación impresa que lo certifique acompañado al pescado que se procesa y comercializa a nivel nacional o internacional.

“El SDC sólo tendrá éxito si existe una sólida coordinación internacional”, indicó Audun Lem, director Adjunto de la División de Políticas y Recursos de la Pesca y la Acuicultura y actual secretario del Subcomité de Comercio Pesquero de la FAO. Luego agregó que “las directrices exigen a los países que cumplan con las leyes internacionales vigentes, así como con los acuerdos establecidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC)” y que así los países podrán evitar conflictos comerciales indeseados.

Desde la FAO señalaron que uno de los desafíos que presenta un mayor uso del SDC se relaciona con la logística de asegurar que un certificado de papel llegue de forma segura desde un puerto pesquero en un país a un centro de inspección en otro y por lo tanto recomiendan que las nuevas directrices registren preferentemente el envío de pescado en un sistema digital que puede consultarse en cualquier punto de la cadena de valor, reduciendo la carga administrativa y a la vez las oportunidades de fraude.

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