02/03/2009
Causa Argenbel y Estrella de Mar: 23 años de injusticia

Junto con la triangulación de permisos de pesca ilegales que permitieron en la década pasada un aumento desmedido del esfuerzo pesquero en el caladero nacional, es el más claro ejemplo de impunidad ligado a la actividad.

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Por ROBERTO GARRONE | Fotos de DIEGO IZQUIERDO

Si con los permisos hubo complicidad del poder político de turno, en la causa de la quiebra de las empresas pesqueras Argenbel primero, y Estrella de Mar después, es el poder judicial el que deliberadamente abrió grietas durante más de 23 años para mantener en vigencia lo espurio, lo inválido, lo improcedente e ilegal.

Y si con los permisos truchos hubo grandes beneficiarios y cuesta encontrar víctimas, tal vez porque somos la sociedad en su conjunto la estafada con las maniobras, y porque al ser todos, no somos nadie, acá en la quiebra de estas empresas marplatenses hay rostros bien visibles donde se expone la estafa y el engaño.

Como su nombre lo indica, Argenbel era una empresa de capitales argentinos y belgas. De aquel país habían llegado los primeros pescadores de altura que trabajaron en el puerto marplatense, ya bien entrado el siglo pasado. Cuando quebró en 1985 la empresa tenía joyas valiosas: cuatro buques que había traído de España; todos iguales y todos María: Liliana, Alejandra, Eugenia y Dolores.

Carlos López ahora tiene 62 años y está retirado del agua desde hace varios años. Era marinero del María Dolores cuando la empresa se presenta en concurso. A partir del decreto de quiebra en el mes de diciembre de 1985 y en relación a la tripulación enrolada en los 4 buques de altura (los Marías) la sindicatura decide la locación de tres de esos buques a la empresa Estrella de Mar (Héctor Antonio y Oscar Poletti) simulándose transferencia de la tripulación a la locataria. Claro que ni Carlos ni el resto de los 70 tripulantes dieron su conformidad.

Estrella de Mar debía pagar las indemnizaciones y haberes (devengados hasta el decreto de quiebra) reteniendo la locataria el 66% del precio de la locación para el pago de las indemnizaciones. Pero estos créditos nunca se saldaron. La locación fue por 6 meses y se prorrogo por 2 años. En octubre del 87 se decide la venta de los buques libres de tripulantes, en licitación pública, resultando adquiriente, la misma locataria, Estrella de Mar.

La abogada patrocinante de Carlos López y el grupo de tripulantes es Elena Bianco. La letrada presentó el pronto pago de los créditos por las indemnizaciones, con el incremento por los 2 años de locación de los buques, en Argenbel. La sindicatura se niega alegando que continuaron los contratos de trabajo con la empresa adquiriente, “que nunca pagó las indemnizaciones al decreto de quiebra”, advierte Bianco.

La Cámara revocó ese fallo condenando el pago de los créditos, la sindicatura apeló alegando la locación, “en violación a la ley y sus deberes de funcionaria pública ya que es la ley la que dispone en que casos se puede denegar el pronto pago de los créditos”, completa la abogada.

Finalmente el falló quedó firme en agosto de 1990, donde en forma insólita la Corte Suprema admite todas las contrataciones empresariales en las que los trabajadores no tuvieron nada que ver. El peso de los créditos impagos recayeron sobre Estrella de Mar. Tres meses después la empresa se concursa y pasa a efectuar la misma maniobra: en el escrito de presentación dice no tener buques y que explota 17 barcos de otras propietarias como empresa locataria. Estaban los tres Marías y otros buques, como el Anita, Jorge Antonio y Romero Ersini, que eran propiedad de otras empresas, como Dos Marías S.A., Mara S.A., Anita S.A. y Romero Ersini S.A.

Luego surge que en las escrituras públicas de los buques efectuadas en Argenbel se habían dejado constancias de las indemnizaciones devengadas en Estrella de Mar de acuerdo con las mismas normas que la Cámara había ordenado pagar y preservado de extinguirse nuestro privilegio especial con la venta judicial del buque, pero inscriptos a nombre de otras sociedades y tampoco así se resuelven las deudas en Estrella de Mar.

“Lo que hace la justicia con nuestra denuncia y pedido de pronto pago, es derivarnos al resultado de lentos procesos de «extensión de quiebra» a las firmas fantasmas, pero admiten los dichos de los abogados de los empresarios, quienes no tenían los contratos de locación inscriptos en el Registro de buques”, resume Bianco.

Así, por el camino mas lento y perjudicial al trabajador y en sentido inverso a la ley, la justicia se encargó de figurar que incorporaban los buques al activo de Estrella de
Mar por extensiones de quiebra pasando a su venta judicial, pero sin el pasivo de los buques resueltos.

OPERACIÓN LANGOSTINO

Al momento de presentarse en quiebra, Estrella de Mar ya había ocupado varias páginas de policiales. La denominada Operación Langostino, la primera gran causa de narcotráfico en la Argentina, fue descubierta el 12 de julio de 1988 cuando la Policía Federal en distintos procedimientos realizados en la ciudad de Buenos Aires y en el partido bonaerense de Avellaneda secuestró 587 kilos de cocaína ocultos en cajas de langostinos congelados de Estrella de Mar.
Al participar de la compañía Jorge Antonio, el hijo dilecto de Héctor Antonio, empresario amigo del entonces presidente Menem, puso a los medios en el foco del caso. Con la historia salió a la luz las oscuras maniobras del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), del magnate Gaith Pharaon. Investigado en su momento por la jueza Servini de Cubría, por lavado de dinero, el grupo estaba sospechado de traficar armas y financiar grupos terroristas. El BCCI acumuló en sus veinte años de vida (entre 1972 y 1992) activos por 20.000 millones de dólares en más de 70 países. Pharaon, un excéntrico magnate egresado de Harvard, obtuvo en 1988 su DNI argentino tras radicar al BCCI en el país. Uno de los pocos clientes que tenía el BCCI en Argentina era justamente Estrella de Mar.

FONDOS DE QUIEBRA EN PLAZO FIJO

El dinero generado por los bienes de Estrella de Mar en quiebra se coloca a plazo fijo en dólares que se licitan con distintos bancos privados mientras los trabajadores siguen alimentando expedientes de más de XV cuerpos durante años. Como hay distintos expedientes, se cree que se dispusieron de fondos por más de 14 millones de dólares.

En el Juzgado Nº1 la causa tuvo primero como síndico a la contadora Nilda Barbetti con el Dr. Garaguso y a cargo de la Juez Nélida Zampini. Luego renuncia Barbetti y la continua Marta Lidia Tusar con los Drs. Gustavo Salthú y Fernando Romám Gonzalez. La Dra. Zampini en tan solo un año y medio es ascendida a la Cámara, dejando toda la quiebra así estructurada. Se hace cargo el Dr. Vaccaroni, ex- secretario de la misma Cámara, que continuó con la maquinaria iniciada por su antecesora para pasar a jubilarse.

“Los síndicos se han fijado y liquidado honorarios por los intereses de los plazos fijos, porque los consideraron nuevos activos de la quiebra”, señala la abogada, quien todavía no cobró los honorarios correspondientes por llevar la causa adelante.
Mientras, a la sindicatura y sus letrados, así como abogados de los empresarios se les regulan los honorarios de quiebra y por extensiones de quiebra y se les extienden
frondosos cheques. Los que tienen derecho a » pronto pago» son los funcionarios y no los trabajadores que tienen prioridad en el cobro.

El marinero Carlos López es uno de los damnificados por la maniobra, más allá que la ley de la navegación determina que en caso de quiebra de empresas marítimas, los tripulantes tienen prioridad en el cobro. La deuda original rozaba los 80 mil dólares. Los actores judiciales de la causa: abogados, jueces, síndicos, abogados de los síndicos, nuevos jueces, nuevos síndicos… se encargaron de dibujar una telaraña que lo aleja de sus derechos y mantiene la injusticia vigente. Algunos compañeros de López cobraron parte de los créditos hace unos años. Fue un grupo reducido que percibió entre un 5 y un 10% de lo que les correspondía, bajo la extorsión de que perderían el juicio. La sindicatura pagó créditos nominales en pesos al año 1991.

Diana tiene 55 años y además de ser la mujer de Carlos, es la encargada de hablar con los medios de prensa para explicar la lucha que protagonizan desde principios de año para volcar la balanza de la justicia a su favor. Como forma de acelerar la causa, que ahora tiene en Heber Amalfi a su nuevo Juez, los damnificados por la quiebra montaron una carpa frente a los Tribunales de Mar del Plata. Ahí está Diana repitiendo sus padecimientos.

“Ante la insensibilidad de la parte judicial acudimos a los medios para ver si de este modo podemos lograr algo. Esta situación se está manejando en el Juzgado Nª 1. Lo que nos da bronca es que han maniobrado con la plata como si fuera de ellos. La pusieron a plazo fijo, cobraron intereses sobre ese dinero, siendo que los privilegiados deberíamos ser nosotros. Y se niegan a pagarnos, directamente”, repite más o menos con las mismas palabras durante un rato largo que desfilan los móviles radiales y cronistas de televisión.

LA LUCHA DE DIANA

Diana en bajita, algo robusta, cara redonda y rosada, que acerca distancias a fuerza de una sonrisa campechana. A PUERTO lo recibe en su casa, un bonito chalet en el barrio Cerrito Sur, que desentona con el entorno. Antes de superar las rejas que anteceden a un jardín que supo de mejores primaveras, me pregunto qué es lo que lleva a una ama de casa como ella, más acostumbrada a cuidar a los hijos que a lidiar con expedientes, jueces y síndicos de conducta sospechosa, a ponerse al frente de un reclamo como este. Diana da detalles de los barcos, características, artes de pesca, capacidad de bodega y muestra un papel tras otro que hilvanan la causa que marca el ritmo de sus días.

“Salgo en todos los medios porque muchos piensan que el hombre de mar es un ignorante. Puede ser, pero son dignos como cualquier persona. Ellos me dicen, usted que conoce la situación y sabe hablar, hágalo por nosotros. Muchas veces se confunden y mezclan todos los nombres y fechas. Hay muchos expedientes y seguir la causa es un lío. Por eso cuando viene la prensa, me mandan al frente”, confiesa mientras sirve un café negro.

Diana siente impotencia y angustia por sumar más de 20 años esperando justicia para su esposo. “Hemos estado cerca de cobrar un par de veces, pero la Síndico de la quiebra se opuso porque decía que seguía ligado a Cabo Frío, una de las empresas fantasmas que inventaron. Pero nunca más mi esposo cobró más un sueldo y el barco en que trabajaba se había hundido poco después de que se presentaron en quiebra”.

Carlos la saluda de pasada y sale con el auto, un Duna que ya superó la década sumando kilómetros. Luego de la segunda quiebra comenzó a trabajar salteado hasta que en el ´95 se incorporó a Leal Pesquera, donde se jubiló en el 2001. Ahora cobra una jubilación de 600 pesos que alimenta con una chancha de fletero rudimentario. Son los únicos ingresos que entran a la casa. “Nunca pude trabajar porque sufro epilepsia desde que tuve a mi primer hijo. Estoy con la causa, los nietos y la casa”, repite en orden Diana.

La lucha de Diana y el resto de los tripulantes parece dar resultado. Después de años en que la causa durmió siestas interminables, ahora el nuevo magistrado apura a la abogada defensora para acelerar los tiempos. Amalfi está ordenando la quiebra y decretando algunas extensiones de quiebra que en 10 años no se activaron. Pidió una reserva de los fondos y quiere saber qué se hizo con el dinero de la quiebra y cuánto queda, como para avanzar en la liquidación de los créditos.

Aunque no alcance para completar la deuda global, será una forma reparar tanto daño. Una forma de devolverles a Carlos y a Diana el brillo de su mirada y el significado a la palabra justicia.