Por KARINA FERNÁNDEZ
Fotos de GUILLERMO NAHUM | NELSON SALDIVIA
La planta procesadora que la firma Barillari poseía en Caleta Olivia fue expropiada el pasado 22 de octubre, cuando la Cámara baja de la legislatura santacruceña aprobó por mayoría el proyecto del diputado oficialista Rubén Contreras. A diferencia de los proyectos de la oposición, que pretendían hacer de ésta una planta recuperada y administrada por los trabajadores, el que fuera finalmente aprobado pasaba a manos de la provincia la propiedad de la planta.
Si bien en la ley de expropiación aprobada se estableció que debía conformarse un órgano tripartito entre la provincia, el municipio y los trabajadores, es el Ejecutivo el que decide quiénes serán los representantes. La oposición declaró públicamente la desconfianza imperante sobre el ejecutivo provincial, temiendo que la planta quede en manos de alguien que no represente los intereses de los trabajadores.
Desde que Barillari abandonó al personal de su planta, se hizo cargo de la administración y el suministro de materia prima a través de las lanchas amarillas Luis “Meji” Jones, quien tiene en consignación de la provincia el barco costero “Liliana” y una consultora en la zona de Puerto Madero que gestiona trámites pesqueros. La oficina en la capitalina estaría subsidiada, según fuentes consultadas, por el ministro de Planificación Julio De Vido, de quien Jones sería socio accionista en la empresa constructora PASA.
Es por esta estrecha relación entre Jones y De Vido, que desde la oposición sospechaban que la expropiación se habría hecho para favorecer al amigo del Ministro. El diputado Jorge Cruz, de la UCR, quien presentó uno de los proyectos de expropiación que solicitaba el traspaso de la planta a los trabajadores, dice sospechar de las verdaderas intenciones del Ejecutivo: “No confío en el ejecutivo provincial; creemos que los amigos del poder son los que terminarán manejándolo”, afirmó, puntualizando además que la figura de Jones es la que aparece como la del amigo en cuestión.
Con la flota amarilla como cliente cautivo, la planta que fuera de Barillari, ahora administrada por Jones, tiene aseguradas más de 5.000 toneladas de materia prima al año, para ser procesadas. Sin embargo esto no bastaría para configurar un negocio de grandes proporciones y se estaría manejando la posibilidad de entregarle la cuota de merluza que tienen los barcos tangoneros, para hacerer de este un emprendimiento con futuro.
En las últimas semanas el Subsecretario de Pesca provincial, Juan Carlos Bracalenti, llamó personalmente a los gerentes de las empresas pesqueras que operan desde Santa Cruz y que no tienen como especie objetivo la merluza para que le den a la provincia la cuota que por ley les corresponderá una vez que se aplique la cuotificación. Cabe recordar que muchas de estas empresas, antes de dedicarse exclusivamente a la captura de langostino, fueron merluceras; es por ello que según el período histórico que prevé la Ley de Pesca, les corresponderá una porción de la cuota de merluza.
El accionar del funcionario santacruceño se encuentra en total contradicción con el espíritu y letra de la ley, que establece la posibilidad de que los propietarios de una cuota puedan utilizarla, alquilarla o venderla, como parte del activo de la empresa. Esto sería mucho más grave de confirmarse la sospecha de que lo que se está buscando es aumentar las ganancias de un amigo del gobierno.