27/01/2011
Caleta Paula: denuncian renovación de permisos sin “libre deuda laboral”

Acusan al gobierno santacruceño de violar la legislación que prohíbe otorgar o renovar licencias a empresas endeudadas con los trabajadores. Marineros y estibadores dicen que la flota amarilla usa redes no habilitadas y captura juveniles de merluza.

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Por NELSON SALDIVIA
Fotos gentileza de AFAPEA

La Asociación Flota Artesanal Pesca, Estibaje y Afines del puerto Caleta Paula (AFAPEA) se pronunció ayer con una fuerte denuncia contra el gobierno de la provincia de Santa Cruz acusándolo de renovar las licencias de pesca a empresas que mantienen deudas con sus trabajadores, lo cual se contrapone a la ley de pesca que determina las exigencias para la obtención o renovación de los permisos.

La entidad que representa a los trabajadores también alertó sobre la falta de controles en las mallas de red y acusaron a los pocos barcos que salen a pescar que están capturando merluza juvenil de menos de 32 centímetros.

“Queremos denunciar al señor subsecretario de Pesca de la provincia de Santa Cruz, Juan Carlos Braccalenti, por haber renovado ilegalmente, durante una reunión secreta y oscura en la ciudad de Buenos Aires con el señor Luis Jones, los permisos de pesca de los barcos artesanales de la Flota Amarilla, del puerto Caleta Paula, la reglamentación de pesca le impide la renovación de los permisos de pesca provinciales a las empresas que no presenten un certificado de libre deuda laboral otorgado por la Secretaría de Trabajo”, afirma el documento de AFAPEA, cuya comisión directiva integran, como presidente José Oliva, secretario David Angenelo, tesorero Domingo Barcio, primer vocal Salvador Barcio, segundo vocal Alejandro Pecastaing y tercer vocal Javier Maldonado.

PACTO INCUMPLIDO

La acusación argumenta además que “como es de público conocimiento es imposible para dichas empresas obtener dicho certificado dado que en algunos casos adeudan hasta dos años de créditos laborales por lo cual no entendemos los fundamentos del Subsecretario de Pesca para renovarle los permisos de pesca a empresas que se han burlado de los trabajadores”, cuestionan.
En tal sentido, sostienen que el sector empresario “ha actuado con total irresponsabilidad al no cumplir con el acta refrendada el 24 de octubre de 2010, en San Julián, por el Secretario de Estado de Trabajo de la provincia, Raúl Santibáñez; el Secretario de Interior, Daniel Sloper, las empresas, el SOMU, CTA, y los trabajadores”.

SIN CONTROLES

Asimismo, la Asociación Flota Artesanal Pesca, Estibaje y Afines del puerto Caleta Paula cuestionaron la falta de controles de descargas en los muelles, como tampoco el tipo de artes de pesca utilizados. “Exigimos que se controle la matanza de pescado juvenil que están realizando los barcos de la flota amarilla dado que ante la falta de merluza de tamaño legal (32 centímetros) están pescando merluza juvenil indiscriminadamente, esto sumado al desastre que ocasiono la prospección sísmica realizada por Pan American Energy no le permitirá al golfo San Jorge recuperar nunca más la riqueza que tenía anteriormente”, estiman.

El pronunciamiento de la organización que nuclea a marineros y estibadores de Caleta Olivia, agrega “que el Subsecretario de Pesca deje de mirar para otro lado y mande inspectores a controlar al puerto el tamaño de las mallas de las redes que tiene que ser de 120 milímetros y están pescando con mallas de 100 milímetros que por consecuencia produce matanza incensaría de merluza de tamaño juvenil, que es la merluza que podríamos pescar en el futuro”.

DENUNCIA PENAL

REVISTA PUERTO consultó ayer al secretario de AFAPEA, David Angenelo, respecto de las acciones que prevén adoptar ante estas renovaciones de licencias de pesca que ellos consideran ilegales, y confirmó que el primer paso fue la vía administrativa “llevando las denuncias a la Subsecretaría de Pesca de Santa Cruz y a la Subsecretaría de Pesca de la Nación para que también actúen sobre lo que está sucediendo y esperamos una rápida respuesta”.

Angenelo reveló que la denuncia podría llegar a los estrados judiciales porque consideran que se está en presencia de un “incumplimiento de los deberes de funcionario público” al transgredirse la cláusula de la ley que prohíbe la entrega de una licencia provincial de pesca a quienes registran deudas laborales. “Denunciamos esto porque el común de la gente debe saber lo que pasa y no queremos ser cómplices”, añadió.