31/05/2013
La justicia rechazó el desalojo de la planta El Marisco

La empresa lo había solicitado aduciendo que los obreros que mantienen tomada la planta en reclamo por la liquidación de salarios, no permitían el ingreso y egreso de mercadería. El Juzgado de Garantías N°4, terminada la investigación, lo rechazó. Sigue la toma y se suma acampe de cooperativizados.

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Por KARINA FERNÁNDEZ | Fotos de DIEGO IZQUIERDO

El pasado martes los representantes de la empresa pesquera El Marisco se presentaron en el Juzgado de Garantías N° 4 de Mar del Plata, en donde radicaron una denuncia penal contra los trabajadores que mantienen tomada la planta, acusándolos de no permitir el ingreso y egreso de mercadería. El juez actuante, Juan Tapia, luego de realizar la correspondiente investigación rechazó el pedido toda vez que se constató el retiro sin impedimento de la materia prima. A su vez en la resolución se confirmó que se trata de un conflicto laboral que en nada atañe al fuero penal y que debe garantizarse el derecho de huelga. Al problema surgido con los trabajadores que reclaman la aplicación del aumento del 15% sobre el básico y la producción, ahora se sumó un acampe de los operarios de la cooperativa Micemar, que piden ser registrados por la empresa. En la tarde de ayer las partes tuvieron una reunión en el estudio de abogados Rivera y Asociados, donde no lograron arribar a un acuerdo. Ahora la empresa quiere despedir a los cooperativizados y el conflicto se profundiza.

La firma El Marisco, propiedad del empresario Antonio Di Leva, a través de la señora Isabel Goyhenetche, quien peticionó ser tenida como particular damnificada, realizó una denuncia penal en el Juzgado de Garantías N° 4. Acompañada por el abogado Santiago Andrés Rivera, solicitó “el lanzamiento del grupo de personas que se encuentra impidiendo el ingreso y egreso de camiones de la puerta de la empresa pesquera mencionada, con el fin que cese el estado antijurídico producido por el hecho investigado y se decrete en consecuencia una medida cautelar”. La denuncia propició la investigación dirigida por el Juez Juan Tapia, quien acompañado por dos auxiliares de justicia se presentó en el establecimiento, realizando el acta que daría el correspondiente marco a la justificación de su decisión final.

El martes pasado, cerca de las cuatro de la tarde, mientras en el Ministerio de Trabajo se llevaba a cabo la primera audiencia en relación al conflicto que mantiene los obreros con la patronal, por no haber aplicado el aumento del 15% sobre el salario conformado; en la planta de San Salvador al 4700 de Mar del Plata, los oficiales de justicia se presentaron para dar curso a la investigación y constatar la veracidad de los hechos denunciados.

Los trabajadores acompañaron al juez hasta el comedor donde se encontraba una veintena de obreros que estaban “jugando a las cartas, tomando mate y tejiendo, entre otras cosas” y donde pudo verificarse que el inmueble estaba “en perfecto estado de conservación y limpieza”, se aseguró en el acta judicial. En ella también se expresa que al ser consultados por los motivos que los mantienen en ese lugar, “nos informan que se encuentran en ‘Asamblea Permanente’ en reclamo del pago del aumento del 15% que fuera convenido con la empresa, el cual solo se hizo efectivo sobre el básico del sueldo y no sobre los premios como fuera estipulado”.

Los denunciantes habían aducido que se estaba impidiendo la entrada y salida de mercadería de la plata, sin embargo los oficiales de justicia constataron que se había basado en hechos falsos, toda vez que los trabajadores no solo le relataron lo sucedido, sino que también aportaron pruebas constituidas por un video: “La mercadería se la llevaron en el día de la fecha, alrededor de las 13:30 horas, no impidiendo en ningún momento la realización de tal labor. Uno de los presentes nos muestra la filmación”, se especifica en el acta y agrega que las auxiliares letradas “dan fe de ello”.

En el video se puede observar “el momento en el cual un camión de la empresa efectuaba el retiro de la mercadería, acompañando los trabajadores el rodado hasta la salida aplaudiendo en señal de protesta, pero sin impedir el egreso del mismo”, confirmó el magistrado.

También consta en el acta un hecho que ya habían relatado a REVISTA PUERTO los obreros: “El Sr. Marcos le solicitó a Miguel, un compañero trabajador, que no le dé frío a las cámaras con el fin de que se pudra la mercadería y de esta forma hacerlos responsables si ello acontecía”. De haber accedido a no renovar el frío de la cámara, los trabajadores se hubieran visto envueltos en una situación que los habría comprometido, pero ya están duchos en las trapisondas de los empresarios e impidieron que esto sucediera. Además, “se trata de la materia prima que genera nuestro trabajo, nunca haríamos algo así”, nos dijo entonces, Aurora Guardia, comisión directiva del SOIP.

En base a lo observado en el lugar de los hechos y las pruebas documentales aportadas, el juez concluyó que la medida cautelar requerida “no puede prosperar”, con lo cual quedó descartado el desalojo de la planta. Los justificativos de su decisión están fundamentados en el artículo 230 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

Tapia aseguró que “se pudo constatar personalmente que nos encontramos ante un reclamo laboral llevado a cabo por trabajadores” y dando mayor fuerza a su resolución expresó: “Lo cierto es que la mercadería que en apariencia existía en el interior de la fábrica y que corría un peligro inminente de pérdida o descomposición, fue retirada”.

Un argumento trascendente en cuanto a lo que a toma de plantas se refiere y por el cual se decidió rechazar “la solicitud de lanzamiento efectuada por el Dr. Juan Pablo Lódola”, es el resguardo del derecho de huelga “con el que cuentan todos los trabajadores conforme las previsiones establecidas en el art. 39 inc. 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires” y agrega que este derecho “implica la realización de toda medida de fuerza a fin de obtener el cumplimiento, la modificación o establecimiento de nuevas condiciones laborales que consisten en la suspensión o abstención colectiva y temporaria de las tareas, con o sin abandono del lugar de trabajo”.

REUNIÓN SIN ACUERDO Y AMENAZA DE DESPIDO PARA LOS COOPERATIVIZADOS

Durante la mañana de ayer, una vez esfumado el fantasma del desalojo, los obreros acompañados por la Conducción Directiva del SOIP se reunieron con los abogados del Estudio Rivera y Asociados para buscar un acuerdo respecto de la liquidación del sueldo con la aplicación del aumento del 15%. Pero no fue este el único tema que se abordó; también se trató el reclamo de los trabajadores de la cooperativa Micemar que buscan ser registrados por la empresa El Marisco.

La empresa se comprometió a registrar a estos obreros dentro de los 40 días pero lo haría a través de otra empresa del grupo, denominada Friosur. Sin embargo, tanto los trabajadores como desde el gremio se niegan a ser incorporados por esta firma y reclaman ser absorbidos por la empresa El Marisco. Es por este motivo que desde la noche del miércoles mantienen un acampe en la puerta de la planta.

La reunión tuvo por resultado un rotundo fracaso, sin que se llegara siquiera a discutir la aplicación del aumento, dado que los responsables de la firma amenazaron con desafectar a los trabajadores de la cooperativa Micemar y advirtieron que hasta tanto “no se vayan de ahí no vamos a hablar de nada con ustedes”. Ante esta situación los trabajadores decidieron proseguir con la toma y el acampe en El Marisco SA.