10/07/2014
Pesquera Barillari: los alcances de la intervención judicial

Qué funciones tiene Alejandra Patricia Barillari en la empresa. Denuncias penales a Franco Barillari, colaboradores y profesionales que le prestaron apoyo.

Revista Puerto - Alcances de la intervención judicial

Gustavo García, el contador denunciado como cómplice de Freanco Barillari en el vaciamiento de la empresa.

Por Roberto Garrone Fotos de archivo

Alejandra Patricia Barillari fue designada interventora judicial y coadministradora de la empresa Antonio Barillari SA, por decisión de la jueza Patricia Noemí Juárez, titular del juzgado 11 en el fuero Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata.

Hasta ahí una decisión que les otorga  a los accionistas minoritarios, hasta ese momento apartados por decisión absoluta de Francisco “Franco” Barillari de las decisiones principales de la compañía, la posibilidad de volver a la empresa durante un año para intentar poner orden y recuperar la actividad productiva.

Pero las facultades de Alejandra Patricia, hija de José, el hermano de Franco y Gino, fallecido en la Patagonia, son más amplias, según la resolución de la magistrada y a la que tuvo acceso REVISTA PUERTO.

La flamante Interventora Judicial y coadministradora es despachante de aduana. La Jueza le otorgó las más amplias facultades para revisar los libros contables y administrativos de la empresa pesquera y los registros informáticos; tomar nota y fotocopiarlos, y recabar información de los estudios profesionales que han llevado adelante la contabilidad de la empresa, “para lo cual podrá ser asistida por la contadora Dina P. Sacchet”, distingue la magistrada.

También tendrá derecho a acceder a la información y documentación que requiera sobre cada uno y todos los bienes -materiales e inmateriales- que conforman el patrimonio de la empresa, como al contacto directo con las instalaciones, muebles e inmuebles para conocer su estado.

En el juzgado de Juárez se tramita la sucesión de los padres de los tres hermanos y la de José. Ese trámite lleva 15 años, un tiempo que al Dr. Carusso, representante de Gino, le pareció “insólito”. El letrado cree que hubo maniobras del accionista mayoritario –Franco- para dilatar el dictamen. “Un fallo favorable, como es de esperar, altera las mayorías”, reveló el abogado.

Mientras todavía aguardan presentaron un incidente de solicitud de intervención judicial, cosa que finalmente lograron el mes pasado. Para que Alejandra Patricia Barillari pueda realizar todas las tareas a las que la faculta la Jueza, “deberá recibir la colaboración inmediata de directores, contadores, síndicos, gerentes y dependientes de la empresa, bajo apercibimiento de desobediencia a una orden judicial y puesta a disposición del renuente a la justicia penal”, acotó.

También será tarea de la Interventora Judicial realizar un inventario y hacer una estimación del valor de los bienes, “sin perjuicio de la obligación de verificar el estado actual del paquete accionario, en el lapso de treinta días”.

Además participará en las reuniones de directorio como representante y administradora del sucesorio con los derechos, obligaciones y responsabilidades que le otorga tal calidad, sin que ello importe el desplazamiento de los restantes directores en ejercicio, y sin perjuicio de sus derechos como accionista.

Carusso había anticipado que en la etapa de investigación, durante más de 18 meses, descubrió  maniobras llevadas a cabo por Franco Barillari para vaciar la empresa, alquilando o vendiendo bienes a testaferros.

El abogado presentó una demanda penal no solo hacia el propio Barillari sino también contra distintos colaboradores, ex empleados y miembros de la propia familia, como Roberto Alfredo Muguillo, María Teresa Muguillo, Gabriela Ana Barillari, Domingo López, el presidente de empresa de Combustibles Zona Común S.A, Marcelo Duarte, Mario Daniel Celasco, Gustavo Mario García, Roberto Hugo Fernández, Carlos Lorenzo Choco, Fernando Horacio Vasto y Juan José Deluglio.

Los cargos que se les imputan son los siguientes: abuso de confianza, defraudación, administración fraudulenta, estelionato y desbaratamiento de derechos. La acusación cae sobre Roberto Alfredo Muguillo en su carácter síndico suplente y apoderado legal de la sociedad Antonio Barillari S.A., presidente de las asambleas ordinarias de esta sociedad y accionista de Pesquera Meridional S.A., vinculada a aquélla.

También María Teresa Muguillo, síndica y apoderada legal de la sociedad Antonio Barillari S.A. y también accionista de Pesquera Meridional. Gabriela Ana Barillari, en su carácter de tenedora del 6,58% de las acciones de la sociedad, y Domingo López, como ex accionista al momento del concurso de la sociedad Barillari, e integrante del Comité de Vigilancia de Acreedores de dicho proceso falencial.

Además se implica a quien resulte ser presidente de empresa de combustibles Zona Común S.A., Espigón 1, Banquina Puerto, Mar Del Plata Sur, por fallecimiento del presidente anterior, en su carácter de integrante del Comité de Vigilancia de Acreedores del concurso preventivo.

Se menciona a Marcelo Duarte, en tanto fue presidente de la sociedad Antonio Barillari, a Mario Daniel Celasco, que fue vicepresidente, y Gustavo Mario García, como contador. Se agregan Roberto Hugo Fernández, auditor y Carlos Lorenzo Choco, en su carácter de asesor económico contable del directorio. Fernando Horacio Vasto y Juan José Deluglio, ambos síndicos de la sociedad hasta hoy.