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31/08/2017
Áreas Marinas Protegidas

El Ministerio de Ambiente propuso designar cinco áreas luego de un año de trabajo conjunto con la cartera de Agroindustria que no advirtió que se afectaba directamente a la pesca. El Estado se encuentra ante la obligación de proteger evitando un fuerte impacto económico.

Bergman le aclaró a Buryaile que no piensa modificar el proyecto que llevó un año de trabajo con la participación de Negri y Gerpe.

Por Karina Fernández

Nuestro país debe cumplir con compromisos internacionales de protección de áreas marinas oceánicas que abarquen el 10 por ciento de nuestra Zona Económica Exclusiva y sobre ello trabajaron durante un año los ministerios de Ambiente y Agroindustria, pero quienes debían aportar documentación válida para evitar un fuerte impacto sobre el sector pesquero no lo hicieron y al menos dos de las cinco áreas asignadas terminaron afectando directamente a la industria. Los empresarios se opusieron y ambos ministerios terminaron enfrentados, debiendo interceder el presidente Mauricio Macri para descomprimir la situación. La designación de áreas de sacrificio para la preservación del medio ambiente es inevitable, pero ahora se buscará la manera de aplicarlo de forma gradual y con el menor impacto económico posible para el sector pesquero. De todas formas comienza a trazarse un nuevo paradigma para la explotación pesquera, en el que las decisiones sobre la preservación de los recursos no serán tomadas únicamente por la cartera agropecuaria.

Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sustentable se ha impulsado la designación de Áreas Marinas Protegidas (AMP) con el objetivo de conservar hábitats, especies, ecosistemas y funciones ecológicas claves del ambiente marino, dando respuesta a compromisos internacionales asumidos por nuestro país desde el año 2015. Las cinco áreas designadas fueron El Rincón, Corredor Chubut, Agujero Azul, Talud de Burwood y Yaganes (http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/SISTEMA-NACIONAL-DE-%C3%81REAS-MARINAS-PROTEGIDAS.pdf).

Lo curioso es que dos de las áreas designadas se ubican en zonas de intensa actividad pesquera y pese a haber estado representado el sector durante el proceso de análisis por el subsecretario de Pesca, Tomás Gerpe y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ricardo Negri, no se contempla en el documento el impacto directo que estas acciones podrían tener sobre la industria. Llama la atención, además, que no se haya incluido en documento la opinión de organismos especializados y vinculantes como el INIDEP, cuya ausencia se hace evidente al momento de describir algunas especies, sus características y hasta su nombre.

Las tres áreas designadas con menor impacto sobre la actividad pesquera son el Agujero Azul que se encuentra sobre el talud, entre el límite interior y exterior de la milla 200, justo frente al Golfo San Jorge; el talud del Banco de Burwood al sur de Malvinas y Yaganes, al sur de Tierra del Fuego. Si bien en estas áreas el impacto sobre el sector es moderado, existen otras dos áreas propuestas que afectan directamente a un número muy importante de actores de la industria.

Una de ellas es el área de El Rincón donde se busca proteger 47.700 km2 porque allí se reproduce el 80 por ciento de la población de gaviota cangrejera y constituye un área de reproducción y desarrollo de la franciscana. Lo que no se tuvo en cuenta es que se trata de una zona de gran actividad de la flota fresquera y costera, donde ya existe la delimitación de área de esfuerzo restringido y una veda reproductiva en la que no puede haber actividad desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo.

La otra es el Corredor Frente del Chubut que abarca 37.000 km2 y se localiza frente a la zona costera patagónica, desde Península Valdés hasta Camarones; se busca protegerla por ser la zona de mayor diversidad y abundancia de aves y mamíferos marinos. Pero esta área es también de gran importancia pesquera dado que se encuentra en la ruta migratoria del  langostino; por ejemplo, es donde esta semana se ha concentrado la flota tangonera y fresquera.

Pero las autoridades de Agroindustria recién advirtieron la incongruencia de las propuestas cuando el Ministerio de Ambiente presentó el trabajo final y los empresarios comenzaron a reclamar. Fue entonces cuando el ministro Ricardo Buryaile debió citar a su par de Ambiente, Sergio Bergman, para plantearle la imposibilidad de designar las AMP, situación que derivó en una fuerte discusión dado que Bergman expresó con firmeza: “Yo no vine a discutir el documento, esto ya está terminado y estuvimos trabajando en él durante un año”.

El problema es que aunque el Ministro de Ambiente tenga razón, no es posible pensar en la aplicación de áreas protegidas si no se cuenta con el apoyo y consenso de todo un abanico de sectores públicos y privados, como bien lo indica el documento en cuestión. Así también lo entendió Mauricio Macri cuando horas más tarde el ministro Buryaile, acompañado de funcionarios del área y empresarios pesqueros, se lo plantearon. El Presidente se comprometió a revisar el documento para buscar una solución que permita cumplir con los compromisos asumidos sin afectar directamente a la pesca e impulsar su aplicación de forma gradual. Lo que no explicó es cómo lo va a hacer.

La Argentina no puede escapar del acuerdo suscripto con la ONU y para 2020 deberá tener protegido el 10 por ciento del Mar Argentino. Nuestro país asumió a través de la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad, el compromiso de incrementar de manera significativa la cobertura de protección en zonas marinas y costeras y si bien hasta ahora cuenta con 61 áreas protegidas costero marinas, tiene solo un Área Marina Protegida oceánica (Namuncurá) que representa un 1,9 por ciento de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Pero la protección de áreas marinas requiere de mucho más que una simple designación. Resulta imprescindible la aplicación de un Programa Marino de Manejo Integrado basado en Ecosistemas del cual nuestro país carece, como correctamente indica el documento del Ministerio de Ambiente.

“La conservación de toda área protegida necesita la cooperación de muchos actores para ser exitosa. Esto se verifica especialmente en el caso de la Zona Económica Exclusiva, en donde confluyen autoridades de la política ambiental, política exterior, seguridad, defensa, uso sustentable de recursos naturales, investigación científica, entre otras. Es importante articular sus intervenciones y optimizar sus esfuerzos para la eficacia en la gestión de las AMP”, indican desde el MAyDS.

Desde el sector pesquero, empresarios, funcionarios y hasta el director del INIDEP han objetado la designación de áreas protegidas y han señalado que el Mar Argentino cuenta con uan veda permanente para la protección de juveniles de merluza de aproximadamente 180.000 km2. Sin embargo el argumento es fácilmente refutable para cualquier ambientalista, dado que sobre este espacio opera durante gran parte del año la flota langostinera (tangonera y fresquera con tangones); solo en 2017 operaron allí 177 buques de forma intensiva.

Si se pretende cumplir con los compromisos internacionales con el objetivo de además preservar para nuestro propio beneficio los ambientes marinos, es necesario llegar a un acuerdo entre las partes. No todas las AMP son iguales, se puede elegir un modelo cerrado sin acceso o uno con posibilidades de explotación controlada. También existen áreas móviles, las posibilidades de acuerdo son muchas y no quedará otra que encontrar la que mejor se adapte a nuestra realidad, que tiene una industria que genera miles de puestos de trabajo y recursos en muchos casos en situación de sobrepesca.

Tienen claro desde Ambiente que es imposible avanzar sobre bases sólidas sin antes lograr “un balance entre las demandas asociadas al uso de los recursos pesqueros y las necesidades de conservación del ecosistema en su conjunto” y que para ello se “requiere que los organismos responsables de la gestión pesquera trabajen con el sector privado, con las instituciones científicas, sector académico y organizaciones de la sociedad civil”; de lo contrario la corrupción ganará la partida y los recursos terminarán peor que antes.

Si bien la designación de AMP seguramente no podrá aplicarse tal como se ha propuesto desde el Ministerio de Ambiente, resulta interesante ver cómo a partir de ahora es probable que se comience a trabajar por primera vez en un enfoque ecosistémico de la pesca. En las próximas semanas deberán reunirse funcionarios de ambos ministerios para designar una pesquería que será utilizada como prueba piloto de manejo ecosistémico; un primer paso fundamental para convertir en realidad el sueño del co-manejo y la pesca sustentable.

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