Mar del Plata, domingo 24 de junio de 2018
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13/11/2017
Un acta del CFP que da vergüenza ajena

Los principales temas del Consejo Federal Pesquero en el Acta 32 fueron los acuerdos alcanzados con la flota costera de Mar del Plata; la justificación de inactividad de un barco que estuvo tres años parado y el papelón de fin de año: la reformulación del permiso del naufragado San Antonino.

Los familiares de los muertos del San Antonino aún no recibieron un peso, pero el permiso de pesca seguirá enriqueciendo a otro empresario pesquero.

Por Karina Fernández Fotos de archivo

Todavía no pagan por sus muertos y lo premian con langostino

El barco San Antonino, de la flota artesanal marplatense, es tristemente famoso por el naufragio que sufrió el 1 de septiembre de 2016 dejando tres tripulantes muertos y tres desaparecidos. Hace apenas dos meses, sus familiares marcharon frente al Juzgado Federal para que se les permitiera acceder a la causa.

Con el hundimiento perdieron la vida Carlos Campos, Sergio Juárez y Gonzalo Godoy; y permanecen como desaparecidos Alejandro Ricardenez, el engrasador Pablo Pardo y el patrón, Claudio Zerboni.  La causa está a cargo del juez Federal Santiago Inchausti y el fiscal Nicolás Czizik que investiga los motivos del naufragio, por qué la balsa salvavidas no se abrió y por qué tardó tanto Prefectura en llegar al lugar del hundimiento. (Ver Familiares del San Antonino tuvieron acceso a la causa).

Pero este caso tiene a su vez un elemento particular que puso en evidencia el descontrol de la Prefectura Naval Argentina: el tripulante muerto Gonzalo Godoy no figuraba en el libro de embarque y solo ante la evidencia del recupero de su cuerpo entre los restos del San Antonino lo reconocieron. La Armada en su informe indicó además que la balsa no se abrió ni en forma manual y que los salvavidas estaban fuera del alcance de la tripulación. El Juez, ante esta situación, prohibió la salida del país a José Di Iorio y Alfredo Solimeno, los armadores del barco.

A través del acta de este jueves –Acta 32– nos enteramos que Di Iorio y Solimeno le “cedieron” los derechos del San Antonino a Urbipez, una firma del Grupo Augusta Megara, cuando la firma de José “Pipo” Ramasci, entre otros, solicitó al Consejo la aprobación de una reformulación de permiso que incluye al San Antonino y al barco de su propiedad Salvador R con el fin de obtener un permiso para langostino para este último.

El informe de la Dirección de Pesca –DNCP– consideró que el San Antonino “cuenta con un permiso de pesca vigente, con autorización de captura para todas las especies (con exclusión de CITC) y sufrió un siniestro que fue comunicado a la DNCP el 4/11/16”, dos meses después de producido el hundimiento. En cuanto a su historial de captura indica que el promedio de sus tres mejores años da 536 toneladas. El Salvador R de 25,7 metros, tiene permiso para 1590,80 toneladas pero sin merluza ni langostino.

Analizado este informe el Consejo llegó a una conclusión que es al menos sospechosa y probablemente irregular: “Evaluada la solicitud y teniendo en cuenta lo informado por la DNCP, la solicitud no puede prosperar en los términos planteados, aunque se considera procedente la misma en términos ajustados a la política de reducción del esfuerzo pesquero que mantiene el CFP”; y por ello “se decide por mayoría, con el voto negativo del representante de la Provincia del Chubut –Adrián Awstin–, aprobar la reformulación de los proyectos de pesca”. En pocas palabras, los consejeros parecen estar diciendo “esto que hacemos es ilegal pero con el verso de disminución del esfuerzo lo aprobamos igual”.

De esta forma el barco Salvador R, propiedad de Agusta Megara, se quedó con un permiso de “1590,80 toneladas anuales para todas las especies no sometidas al Régimen de CITC, con exclusión de merluza austral y langostino, y 482 toneladas anuales para todas las especies no sometidas al Régimen de CITC”, es decir con un cupo de 482 toneladas de langostino.

Permitir el usufructo del permiso del San Antonino en medio de un proceso judicial en el que se investigan las causas de la muerte de seis personas, que a la vez está plagado de irregularidades, es de por sí llamativo. Los argumentos por los cuales se otorga resultan insostenibles, primero por el reconocimiento de que no corresponde y luego porque no existe reducción cuando se le está otorgando a otro barco el mismo cupo de captura que tenía el cedente hundido. Pero sobre todo resulta insultante para las víctimas del San Antonino.

La reunión de costeros en el INIDEP, sin investigadores

El representante de la Provincia de Buenos Aires, Francisco Di Leva, fue el encargado de informar las conclusiones a las que arribaron durante la reunión celebrada en el INIDEP, de la que participaron “algunos miembros del Consejo con la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, UDIPA y CAFREEXPORT” (Ver nota).

“El sector planteó nuevamente la problemática que atraviesa esta flotam dadas las restricciones para algunas especies del variado costero como los condrictios y, en especial, luego de la decisión adoptada por resolución de la CTMFM, sobre rayas de altura”, lo que, dijo, “provoca una disminución de actividad en las plantas”.

A partir de la discusión que se llevó a cabo hace quince días en ausencia del director del INIDEP, Otto Wöhlerm como así también de la responsable del área Patricia Martínez y de la jefa del Programa Costeros, Claudia Carozza, el consejero bonaerense informó que “se acordó trabajar en un plan de investigación con la flota comercial junto al INIDEP, para continuar evaluando los recursos del variado costero y, en particular, analizar la posibilidad de flexibilizar la veda en El Rincón”.

En realidad se trató de una reunión entre “algunos consejeros” con los empresarios, en la que se decidió “por unanimidad solicitar al INIDEP que presente un plan de investigación para la flota costera en el área de distribución del variado costero, que contemple la realización de al menos 30 viajes de pesca, a fin de analizar la posibilidad de actualizar las medidas de manejo vigentes sobre este conjunto íctico”. Ahora deberán responder los especialistas sobre la viabilidad de esta propuesta.

Por otra parte y casi como una formalidad, “se informó que se está trabajando en el Programa de Observadores para dicha flota”, aunque sin especificar las acciones concretas que se están realizando para efectivizarlo. Desde hace un año solo han prometido embarcar observadores, utilizando tal anuncio como moneda de cambio entre las autoridades para conseguir beneficios; pero hasta el momento la flota costera sigue sin cobertura.

“Finalmente se insistió en darle prioridad al variado costero y las especies pelágicas en el cronograma de campañas de investigación para 2018″ y se solicitó “al INDEP que envíe un informe actualizado sobre las áreas geográficas que deberían permanecer cerradas a la pesca y aquellas en las que la flota costera podría operar”. Sin información de campañas de investigación y sin datos de los observadores a bordom parece difícil que los investigadores puedan propiciar modificaciones en el área; pero al parecer consejeros y empresarios lo creen posible. Veremos si se impone su criterio.

Tres años amarrado y justifican inactividad

El buque Don Juan, un fresquero de 27 metros con permiso irrestricto que realizó su última marea en diciembre de 2014, es propiedad de la firma Pesquera Don Juan SA pero fue administrado por Portobello SA hasta principios del corriente año. Desde agosto de 2015, cuando Portobello realizó la primera presentación, se le solicitó en más de una oportunidad que se presentara la documentación que avalara el retraso en la vuelta al mar del buque, sin que ello sucediera nunca.

Trascurridos dos años y medio se presentó ante el Consejo el dueño original del permiso -Pesquera Don Juan SA- “con el objeto de lograr la justificación de la inactividad comercial del buque” y reprodujo “la presentación de Portobello”, diciendo que “esta sociedad violó el contrato de locación del buque, por lo que se resolvió ese contrato” y que “se vio impedida de inspeccionar el buque por negativa de la locataria”.

Pesquera Don Juan SA se hizo cargo del buque en febrero de este año y recién en octubre el Consejo le solicitó “la presentación de las facturas y recibos correspondientes a las tareas presupuestadas por el astillero”. La empresa presentó facturas y recibos de pagos hechos a cuenta en agosto al astillero y las constancias de retenciones impositivas. Ello bastó para que el Consejo decidiera por unanimidad justificar la inactividad.

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