Mar del Plata, miércoles 19 de septiembre de 2018
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21/02/2018

“No entregan la obra social para seguir manejando una caja millonaria”

Alejandro Giorgi, el dirigente de la Agrupación Juan Ocampo que llevó tras las rejas a Omar Suárez habló con REVISTA PUERTO sobre los manejos poco claros de la intervención. Dice que no quieren entregar el mando por cuestiones políticas y que ponen veedores para frenar las denuncias. Se suma otro pariente de Triaca.

Revista Puerto - Ministro de Trabajo Jorge Triaca

¡Ay, Jorgito, qué vergüenza que aún seas ministro!

Por Karina Fernández

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“No entregan la obra social para seguir manejando una caja millonaria”

Alejandro Giorgi es el referente de la Agrupación Juan Ocampo que denunció los negociados de Omar Suárez en el SOMU y que solicitó la intervención del gremio cuando el dirigente aún contaba con el paraguas protector del gobierno de Cristina Kirchner y también de Canicoba Corral. Fueron las denuncias sobre el uso de las empresas del gremio para beneficio personal las que permitieron encuadrar a Suárez en la figura de asociación ilícita por la que está detenido hace casi dos años. Pero es también esta agrupación la que a mediados de 2016 comenzó a denunciar irregularidades en la intervención judicial del gremio y la Obra Social y fueron los primeros en hablar del SOMU como una agencia de empleo del Ministerio de Trabajo y del PRO. También denunciaron hace un año la extralimitación de los interventores en asuntos gremiales, como la negociación de convenios colectivos de trabajo; el parentesco del interventor de la Obra Social Ramiro Tejada con el juez Rodolfo Canicoba Corral; y fueron quienes con más ímpetu, desde hace un año y medio, piden a la justicia la devolución del gremio a los trabajadores.

Este perfil combativo le costó a Giorgi la posibilidad de participar en las elecciones y debió unirse a otras agrupaciones para pelear por la conducción del SOMU. Finalmente, en diciembre de 2017 resultaron vencedores, llevando a Raúl Durdos a la Secretaría General. Ahora, en una entrevista con REVISTA PUERTO, Giorgi denuncia que están dilatando intencionalmente la entrega del gremio y ve con preocupación la imposición de veedores porque considera que se está buscando frenar la investigación interna sobre lo actuado por la intervención que, dice, debe dar muchas explicaciones sobre el patrimonio del gremio y nombramientos de familiares como Mario Borsalino, cuñado de Jorge Triaca.

REVISTA PUERTO: ¿Cuál es hoy la situación en el SOMU?

ALEJANDRO GIORGI: Todavía no le han dado el certificado desde la justicia al Secretario General, estamos preocupados.

RP: Se suponía que lunes o martes, como máximo, le entregaban el SOMU a la nueva conducción.

AG: No hay nada, todavía no les dieron nada ni se lo van a dar hasta que pase la marcha del 21F, de alguna manera esto tiene una vinculación política. Durdos salió de un frente de agrupaciones que fue apoyada desde la CGT por el moyanismo y es por eso que todavía no le han extendido las certificaciones. Se trata de una discriminación por pertenecer a un determinado sector, primero Durdos por ser del moyanismo y también está el secretario adjunto que pertenece a ATE. El problema es que en el SOMU no ganó el gobierno en las elecciones.

RP: ¿Qué opinión le merece que la entrega de mando, cuando se haga, incluirá veedores?

AG: Nosotros creemos que no se justifican los veedores cuando la que debe asumir es una conducción nueva que acaba de ganar una elección limpia, a la que le pusieron todas las trabas posibles tanto desde el juzgado como desde el Ministerio de Trabajo. Ahora resulta que una vez que se ganaron las elecciones le quieren poner veedores para seguir controlando desde adentro del sindicato.

RP: Durdos no se mostró molesto con el hecho de que le pongan veedores ni tampoco con que por el momento no se le entregue el manejo de la Obra Social. ¿Cuál es la postura de ustedes?

AG: Creo que la ley de asociaciones profesionales le da la suficiente independencia a los gremios como para que sean los trabajadores quienes los manejan cuando no hay ningún acto ilegal, algo que esta conducción no tiene, por eso no se entiende cuál es el fin de dejar veedores. Entendemos que esto es pura y exclusivamente una cuestión política, no es la conducción que el gobierno quería para el SOMU. Siguen manejando el gremio desde Comodoro Py.

RP: ¿Cree que no se entrega la Obra Social porque existieron irregularidades por parte de la intervención que se pretenden ocultar?

AG: La Obra Social en estos dos últimos años ha tenido cada vez menos prestaciones, están suspendidos muchos servicios, el motivo por el cual no se la quieren entregar es porque quieren seguir manejando una caja millonaria. Hay mucho dinero en juego y no sabemos cómo lo han manejado porque los trabajadores que debiéramos estar ocupando esos cargos no lo podemos hacer porque sigue intervenida.

RP: Hace unos días, en una entrevista del diario Clarín, el ministro Jorge Triaca defendió la designación de Sandra Heredia como interventora de la seccional San Fernando, diciendo que era idónea para el cargo…

AG: Solamente con ver cuáles eran las funciones de Sandra Heredia como casera en la quinta de Triaca está claro que no estaba en condiciones de ser una funcionaria de un gremio, manejando una seccional importante como la de San Fernando. Primero no tenía ningún conocimiento desde el punto de vista legislativo con respecto a convenios colectivos de trabajo, a los convenios de la arena y tierra que son fundamentales para esa seccional. No entiendo de qué idoneidad habla Triaca. Sandra Heredia no tenía ningún tipo de experiencia ni conocía nada del tema. A mí me gustaría que el Ministro dé, además, otras explicaciones.

RP: ¿A qué se refiere?

AG: Me gustaría saber qué pasó con SOMU Construcciones; qué pasó con el predio que se encuentra a 100 metros del casino; que pasó con Marítima San Jorge y el convenio que firmó con el barco Albacora, entre un sinnúmero de cosas que hasta el día de hoy no sabemos cómo las manejó la intervención. Queremos saber cómo manejaron todos esos bienes, qué hicieron con el hotel que tenía el SOMU en Corrientes, no el que salió en todos los medios que era de Elite Viajes sino otro en Monte Caseros que estaba construido en un 70% y cuando llegó la intervención no se supo nada más. Queremos saber qué pasó con el Club de Pesca de Monte Caseros al que la Fundación Azul había hecho un importante aporte de plata en el 2015 y no tenemos idea quién lo maneja. Tampoco sabemos qué pasó con las casas flotantes que tenía la Fundación Azul porque nunca nos explicaron dónde están, tampoco sabemos dónde están las embarcaciones que tenía el SOMU, ni qué pasó con las acciones de Maruba. Acá hay un montón de interrogantes y nadie nos dio respuesta desde la intervención en estos dos años.

RP: ¿Qué es SOMU Construcciones?

AG: Nos enteramos a través de una denuncia que hubo en Bahía Blanca que existe una nueva empresa llamada SOMU Construcciones, pero no sabemos quiénes la integran y el Ministerio de Trabajo no supo decir de quién es. Solo sabemos que hacían obras y reparaciones en todo el interior del país. La intervención nunca salió a aclarar qué es, ni cuánta plata manejó ni cuáles fueron las obras que hizo.

RP: ¿Para usted esta falta de respuestas explica la necesidad de poner veedores?

AG: Creo que los veedores de alguna manera buscan controlar de qué cosas se puede hablar y de cuáles no dentro del gremio. Nuestra Agrupación dentro de su plataforma tenía en el segundo punto como misión investigar qué pasó en los últimos diez años con el patrimonio del SOMU. Acá radica el verdadero problema, nosotros queremos saber porque todavía no nos han dado una información fehaciente con respecto a todos estos cuestionamientos. Antes que Gladys González hicimos nosotros las denuncias sobre el patrimonio del SOMU, se fue Gladys González, ahora se irán Alfredo Bertonasco, Silvio Torres  y seguimos sin respuestas. No sabemos qué hicieron con San Jorge Marítima ni con la Fundación Azul, tampoco nunca explicaron qué hicieron con los campos ni por qué se incendió el de Puerto Madryn.  Existen muchas irregularidades.

RP: Raúl Durdos llegó a Secretario General en gran parte por el apoyo que recibió de la Agrupación Juan Ocampo. ¿Esta postura es compartida por la nueva conducción del SOMU?

AG: Creo que es compartida por la mayoría de los trabajadores, averiguar qué pasó con el patrimonio del gremio y qué hicieron con nuestros aportes durante el mandato de Suárez y de la intervención, es una preocupación no solo de Durdos sino de todos los afiliados de la organización.

RP: Si bien se han recolectado pruebas sobre el enriquecimiento de Omar Suárez en el SOMU no es menos cierto que dejó un gremio millonario.

AG: Exacto, por eso queremos saber qué hicieron. La intervención cuando llegó dijo que el gremio tenía 5 millones de pesos de déficit y Suárez dice que toda la contabilidad del gremio certifica que los balances eran positivos, tanto en el SOMU como la Fundación Azul. Después nos enteramos de que durante la gestión de Gladys González había 127 millones de pesos y ahora no sabemos qué queda, lo que si vemos es una Obra Social prácticamente en quebranto.

RP: ¿Quién es Mario Borsalino y qué rol tuvo en el SOMU?

AG: Es el cuñado de Triaca y tuvo participación en la intervención del SOMU. No sabemos qué cargo ocupó pero sí que tenía una oficina en el edificio central del gremio desde donde manejó el proceso eleccionario en el último tiempo.

RP: ¿Borsalino forma parte de una cooperativa de crédito, vivienda y consumo llamada SEA que también integra el actual interventor del SOMU Silvio Torres?

AG: Antes de llegar al SOMU eran socios en esta cooperativa. Todos parecen ser parte del mismo equipo, Silvio Torres, Borsalino, Sandra Heredia… Lo que queda claro es que antes de llegar al gremio toda esta gente tenía una relación previa y luego se distribuyeron cargos en el SOMU. No quiero pensar cuántos más habrá que todavía no han salido a la luz.

RP: ¿Los negocios que manejaba Omar Suárez con familiares y amigos pasaron a ser manejados por Triaca y su círculo íntimo?

AG: Al gremio lo manejaron desde un sector del Ministerio de Trabajo a través de distintos personajes, no debemos olvidarnos de Alejandro “Serrucho” Gómez. Estos señores han firmado convenios, necesitamos saber qué firmaron porque nunca han defendido a los compañeros y hemos perdido una importante cantidad de puestos de trabajo durante la intervención. Debemos recordar que los exinterventores Jorge Alonso y Santiago Viola, cuando se fueron del gremio, hicieron una presentación ante el juez Canicoba Corral denunciado manejos que ya les preocupaban durante la gestión de Gladys González. Desde que se formó la Juan Ocampo hemos buscado llegar a la verdad y lo vamos a seguir haciendo.

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