Mar del Plata, lunes 15 de octubre de 2018
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20/09/2018

Reemplazan la 1113 y la 153 por un nuevo plan basado en la discrecionalidad

Desde el 5 de septiembre entró en vigencia la Resolución 171 que modifica las medidas de manejo de langostino. Los barcos de más de 40 metros autorizados hasta hoy pueden seguir pescando y el acceso de los reformulados a la pesquería es discrecional de la autoridad.

Revista Puerto - Guillermo Bernaudo

"Willi" Bernaudo le puso el gancho a otro mamarracho administrativo elaborado por Bosch.

Por Karina Fernández Fotos de archivo

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Reemplazan la 1113 y la 153 por un nuevo plan basado en la discrecionalidad

Cuando los miembros del Consejo Federal Pesquero se reunieron con las cámaras que participan de la pesquería de langostino para generar un plan de manejo, todas, a excepción de CEPA y CAIPA, coincidieron en solicitar que no se derogue la Resolución 1113. Pero el consenso tan valorizado por la FAO y en todos los discursos sobre manejo de pesquerías no fue tenido en cuenta y no solo la derogaron sino que además generaron otra norma que insólitamente pretende legislar para atrás, dando lugar al ingreso tanto del José Américo como de otros barcos que no se ajustan a las normas vigentes hasta el 5 de septiembre, fecha en la que el langostino pasó a estar regulado por la Resolución 171 de 2018. Por otra parte los barcos reformulados dependerán de la discrecionalidad de la autoridad para ingresar al caladero.

“Ante la necesidad de revisar las medidas actualmente vigentes, de incorporarlas en un cuerpo normativo contemporáneo, y de reflejar una política de administración tendiente al desarrollo sustentable del recurso, el Consejo Federal Pesquero dictó la Resolución N° 7 (…) forma parte de dicha medida, las que integran el nuevo Plan de Manejo de la especie”, se indica textualmente en los considerandos de la nueva norma que regula la pesquería de langostino y deroga las Resoluciones 1.113 de 1988 y 153 de 2002.

El inciso b del Artículo 1 establece que los buques deberán “contar con autorización de captura para la especie langostino o haber recibido la asignación del cupo para dicha especie, prevista en el Artículo 2° de la Resolución N° 7”. Esto hace referencia al cupo social de 3800 toneladas otorgadas a las provincias de Chubut y Santa Cruz para distribuir en los barcos fresqueros.

Al ampliar el alcance del inciso a todos los actores de la pesquería, resulta extraña la redacción dado que en ninguna reformulación de las aprobadas en los últimos años se otorgó un cupo de langostino sino de especies no sometidas al sistema de cuotas, que si bien por discrecionalidad de la autoridad de aplicación de turno significa langostino, técnicamente no lo es.

El inciso c del Artículo 1 es realmente insólito y es el único motivo por el cual se redactó esta resolución: modificar la medición de eslora de los barcos langostineros. A partir de ahora ya no será limitante una eslora total de más de 40 metros, sino de arqueo, que extiende aproximadamente en un 10 % la eslora de este tipo de barcos y será constatada por la Prefectura Naval Argentina. En cambio sí se mantuvo la potencia de motor en 2000 caballos de fuerza (HP).

El inciso que le sigue propone una especie de blanqueo para todos los barcos que no cumplen con las normas hasta entonces vigentes pero que por discrecionalidad de la autoridad de aplicación se les permitió capturar langostino. En esta aberración jurídica se pretende dejar entra el José Américo y todos los barcos mayores de 40 metros que en algún momento fueron autorizados a capturar langostino. También quedan blanqueadas todas las reformulaciones irregulares que en los últimos años aprobó el Consejo Federal Pesquero, desestimando de esta manera cualquier posibilidad de revisión.

“Los tangoneros con una eslora que supere los límites establecidos en la presente medida y a la fecha del dictado de la citada Resolución N° 7/18 se encuentran habilitados para la captura de langostino, según normas reglamentarias y/o excepcionales o por reformulaciones aprobadas por el Consejo Federal Pesquero, conservarán el derecho a pescar langostino. Sin perjuicio de ello, en caso de transferir o reformular el respectivo permiso de pesca, sólo podrán incorporar en reemplazo un buque que posea, como máximo, 40 metros de eslora”, establece el artículo 1 inciso d.

Respecto de los dispositivos de selectividad se indica que solo se debe contar con ellos “cuando la relación de captura entre merluza y langostino, o la captura acumulada de merluza común en la pesquería, supere el valor máximo que recomiende INIDEP” y no en todo momento como estaba establecido desde 1988. Si bien es cierto que nunca se cumplió, no dejaba de ser una herramienta de control de la que podía disponer la administración.

Un artículo de la Resolución 7 que se excluyó fue el número 10, que estableció la modificación de los cupos de pesca dependiendo del volumen de captura disponible. En dicho artículo se había establecido que cuando las capturas totales alcanzaran el 50% del promedio de capturas de los últimos 10 años, las autorizaciones de captura para langostino limitadas en cantidad se incrementarán en un 50%, para todas las jurisdicciones. Cuando se llegara al 100% se aumentaría en la misma proporción y al 150% cuando se hubiera alcanzado esa proporción. Pero al no ser incluida en la presente reglamentación no se podría aplicar y es difícil imaginar cómo se justificarán las capturas del corriente año.

También se excluyó el artículo 13, en el que se establecía que en caso de una reducción de las capturas, equivalente al 50%, o más, del promedio de los últimos 5 años, y ante la evidencia de una tendencia declinante en la abundancia de langostino, se aplicaría un plan de contingencia que el CFP debería definir teniendo en cuenta los parámetros de la Ley Federal de Pesca.

Las reglamentaciones para los fresqueros quedaron establecidas de la siguiente manera: “Tendrán un límite máximo de operación de 72 horas contadas entre el inicio efectivo de las operaciones de pesca y su arribo a puerto”. En los casos en que se prevea una duración mayor de la marea deben declararlo con anterioridad y obtener autorización.

Deben también realizar a bordo el tratamiento para mantener la calidad; la totalidad de la captura de cada lance deberá estibarse totalmente en la bodega antes de iniciar un nuevo lance de pesca. Tendrán que utilizar cajones con hasta 17 kilos hasta el 31 de diciembre de 2018 y hasta 15 kilos a partir del 1 de enero de 2019.

“Los congeladores deberán poseer un equipamiento de frío acorde con su capacidad de captura, debiendo procesar y clasificar por tallas, y envasar en cajas de hasta 2 kilos la totalidad de lo capturado en cada lance, no pudiendo iniciar el siguiente antes de haber procedido de tal manera con el anterior. Asimismo, se establece una tolerancia de ejemplares rotos y de talla inferior a 50 unidades por kilogramo no superior al 20% del total del peso procesado y hasta 30% de langostino sin cabeza (colas)”, indica la norma. Si bien se indica que, a partir de ahora, tanto fresqueros como congeladores deberán contar con un inspector o un observador del INIDEP, el hecho de que ello esté “sujeto a disponibilidad de estos recursos humanos”, deja la vigilancia y monitoreo sujeta al verdadero interés que pueda tener el funcionario de turno por controlar y evaluar el recurso. Hoy, por ejemplo, no hay inspectores a bordo de los buques y el número de observadores en la flota fresquera es muy escaso.

En este punto no se han producido modificaciones respecto de lo que ya estaba normado, salvo el hecho de que deberán reportar las posiciones por medio del sistema de posicionamiento satelital con intervalos que no superen los 15 minutos.

Respecto de las infracciones, además de lo que dispone la Ley de Pesca se estableció que la falta de estiba en cajones en la bodega del buque, la navegación con el producto en cubierta en cajones o a granel, el exceso de la velocidad de arrastre, la operación pesquera en áreas de veda no habilitadas para la pesca o la pesca en horario prohibido, darán lugar a la apertura de sumario administrativo con imposición de suspensión preventiva.

Si los funcionarios de pesca sumariaran a los pesqueros ante la presentación de actas de los inspectores, algo que según las últimas denuncias no parece ser lo habitual, la sanción que se impondría sería un mínimo de  30 días de suspensión en la matrícula del buque pesquero objeto en la comisión de la infracción, y una máxima de 60 días.

Excederse en el peso de los cajones por encima de un 20% también dará “lugar a la apertura de sumario administrativo con imposición de suspensión preventiva” y la sanción será de un mínimo de 15 días y un máximo de 60 días de suspensión en la matrícula del buque.

En cuanto a la administración del recurso mantiene los mismos parámetros con los que ya contaba la normativa derogada, con cierre y apertura de áreas en la zona de veda que dependerán de la evolución de las capturas; prohibición de pesca en el AIER del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre y en la jurisdicción de Río Negro entre los paralelos 41° y 43° de latitud Sur hasta el meridiano de 62° Oeste.

 

 

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