Mar del Plata, miércoles 20 de marzo de 2019
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26/02/2019

El DNU de los consensos no habla de barcos usados ni aranceles

El Presidente anunció la firma de decreto para la renovación de flota que incluye los puntos consensuados y deja afuera el ingreso de barcos usados y la modificación de aranceles de importación. Se permitirá aumentar el esfuerzo a todos los barcos que se construyan en el país y quedan liberados los poteros. Macri sorprendió con una declaración sobre los bloques de langostino.

Revista Puerto - Armadores e industriales navales en Casa Rosada
Por Karina Fernández

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El DNU de los consensos no habla de barcos usados ni aranceles

Ayer por la tarde en la Casa Rosada, en una corta y amena reunión convocada por el Presidente, en la que no hubo lugar para el debate, referentes de todos los sectores de la industria pesquera fueron puestos en conocimiento de que a la brevedad se firmará el decreto de necesidad y urgencia que promueve la modernización de la flota pesquera.

El texto incorpora los puntos de acuerdo alcanzados durante las reuniones entre industriales navales y armadores pero deja afuera el tratamiento de la incorporación de barcos usados y la modificación de aranceles, puntos clave de la discusión. Se incorpora una modificación a la Ley de Pesca que permite aumentar el esfuerzo pesquero de todos los barcos, se fija en 40 años la caducidad del barco a partir de 2040 y en 60 años para los poteros, que a su vez podrán incorporar usados de no más de 20 años. El permiso, la cuota o la autorización de captura podrán ser garantía para la toma de créditos y se crea una comisión técnica para evaluar los objetivos de renovación.

El acto fue encabezado por el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro Dante Sica y demás funcionarios nacionales y provinciales; participaron representantes de los gremios, referentes de los armadores y de la industria naval, con excepción de la asociación vinculada al exfuncionario kirchnerista Horacio Tettamanti.

Durante el encuentro, en cuyo transcurso tomaron la palabra referentes de todos los sectores, armadores e industriales coincidieron en que pese a la imposibilidad de llegar a un acuerdo, este DNU resumía aquellos puntos en los que existía consenso; y que por lo tanto lo consideraban un buen inicio, aunque aclararon que todavía queda por definir el tema la importación de usados y la modificación de los aranceles, puntos álgidos de la discusión.

El ministro Dante Sica expresó a su tiempo que este decreto “fija las condiciones de base que nos permitirán delinear reglas claras en términos de mejoras en la eficiencia operativa y la competitividad de la industria naval, favoreciendo, no sólo su desarrollo, sino también la creación de más y mejores puestos de trabajo de calidad y la generación de un mayor valor agregado”. El secretario Miguel Etchevehere, a su turno, también optó por las generalidades brillantes como la enumeración de puestos de trabajo en el sector e ingresos por exportaciones.

El que sorprendió fue el presidente Macri, que luego de referirse escuetamente a la importancia de renovar la flota, centró su discurso en la necesidad de mantener los puestos de trabajo pero no lo hizo en relación con los astilleros sino que se refirió a la producción de langostino. “No podemos perder un solo puesto más de trabajo y es hora de terminar con la exportación de bloques de langostino que terminan dando empleo en otros países como Perú”, expresó.

Durante la reunión nada se habló del articulado del nuevo decreto pero, en realidad, ya todos lo conocían. En el documento al que tuvo acceso REVISTA PUERTO se mantiene el espíritu del texto inicial pero se incorporan algunas de las modificaciones que se consensuaron durante las reuniones entre armadores e industriales navales y otras que parecen haber surgido por iniciativa del Subsecretario de Pesca.

En el nuevo texto se eliminó el incentivo de ponderación de la construcción de barcos en astilleros nacionales en futuros otorgamientos de cuotas y se mantuvo la modificación del artículo 30 de la Ley de Pesca permitiendo un aumento del 10% en la capacidad de captura de todos los barcos y no solo para los menores de 27 metros, como se había propuesto inicialmente.

Esta modificación, que no surgió de los debates entre las partes, resulta insólita dado que vulnera el espíritu de la Ley de Pesca permitiéndose aumentar el esfuerzo en pesquerías como las de merluza o langostino, sin realizar la consulta pertinente al INIDEP antes de su inclusión. Para los barcos menores de 27 metros, a su vez, se suma la posibilidad de aumentar en un 10% la captura en especies excedentarias con exclusión del langostino pero en este caso sí, “previo informe del INIDEP”.

En el caso de los poteros, únicos autorizados expresamente a incorporar barcos usados, podrán reemplazar sus buques por otro menor o igual y hasta una capacidad de bodega no mayor a 1.300 metros cúbicos con no más de 20 años de antigüedad. Este punto contó con consenso según consta en actas.

La vida útil del barco se fijó en 40 años pero este límite se comenzará a tener en cuenta recién en el año 2040, con lo cual por los próximos 20 años los armadores no estarán obligados a renovar flota, elemento que vuelve discutible la urgencia del decreto. De esta norma quedan exceptuados los barcos artesanales. Por otra parte, los que acrediten reparaciones del 60% o pertenezcan a la flota potera podrán tener una antigüedad de 60 años. La encargada de verificar la reconstrucción parcial del buque será la Prefectura.

La modificación que festejan armadores e industriales en este punto es la inclusión de los motivos de modernización y conveniencia comercial para justificar la renovación de flota, dado que hasta ahora solo se podía reemplazar por siniestro, fin de la vida útil o razones de fuerza mayor que, en algunos casos, complicaba las posibilidades de avanzar en la renovación.

Aunque de las discusiones sobre el decreto no participaron las entidades bancarias y se desconoce hasta qué punto están dispuestas a tomar el permiso de pesca, las autorizaciones de captura y las cuotas como garantía de créditos destinados a la construcción de barcos, ello quedó incluido en el texto final. Dada la precariedad a la que están sujetas estas garantías, se incluyó un artículo en el que se establece que los bancos podrán convertirse en los propietarios del permiso, la cuota o las autorizaciones ante la falta de pago.

“La caducidad prevista en el artículo 28 de la Ley N° 24.922 de los permisos de pesca, cuotas individuales de captura y autorizaciones de  captura, que tengan  anotada  la garantía  de  un  crédito destinado  al financiamiento de la construcción, reconstrucción o reacondicionamiento del buque al que se encuentran ligados, quedará suspendida a favor del acreedor registrado, por los 180 días posteriores a la notificación a dicho acreedor. En ese plazo el acreedor deberá obtener la satisfacción de su crédito o inscribir en el Registro de la Pesca el embargo ordenado en sede judicial”, se indica en el decreto, aclarándose que tomará intervención el CFP cuando resulte competente.

Otra modificación que aparece en el nuevo texto es que el plazo de toma de crédito en base a los permisos, cuotas o autorizaciones de captura no tiene un límite de cinco años sino de diez: “Los eventuales embargos trabados a instancia de los acreedores registrados, por monto y plazo determinados que no supere los 10 años, y sin perjuicio de las medidas de conservación y administración de los recursos vivos marinos que adoptase el Consejo Federal Pesquero y/o la Autoridad de Aplicación”.

Finalmente se crea una Comisión Técnica de Lineamiento para la Modernización de la Flota Pesquera, la cual estará conformada por un representante de la Subsecretaría de Pesca; un representante de la Secretaría de Industria y un representante de la Prefectura Naval Argentina por parte del sector público; y un representante de las cámaras empresarias del sector de armadores y un representante de las cámaras empresarias del sector de la industria naval. La función de esta Comisión será realizar un seguimiento del avance en torno a los objetivos, identificar necesidades y oportunidades derivadas de dicho seguimiento, elaborar iniciativas tendientes a la concreción de dichos objetivos y elevarlas a las autoridades competentes.

Este decreto puede ser declarado inválido por las comisiones bicamerales en un plazo no mayor de 10 días hábiles desde su publicación, algo que parece difícil de llevar a la práctica dado que hasta marzo no se reinicia la labor parlamentaria y llevaría tiempo poder reunir a las comisiones.

Desde el sector de los astilleros consideran que el decreto no es óptimo pero que servirá para avanzar unos pasos en el desarrollo de la industria naval; los armadores, por su parte, se mostraron menos conformes. Claro que estas apreciaciones podrían invertirse una vez que se defina el DNU sobre la modificación de aranceles para la importación de barcos usados. Si la postura del Presidente sobre el destino de los bloques de langostino mantiene una coherencia, podría pensarse que no se permitirá importar barcos usados cuando éstos puedan construirse en el país, pero nadie está seguro de que eso ocurra. Por lo tanto, hasta que no se defina la segunda parte de este plan de fomento para la renovación de flota, nada está del todo dicho.

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