15/10/2019
Por qué el juez Inchausti calificó el naufragio del San Antonino como abandono de persona

El magistrado que investiga las causas del hundimiento del pesquero procesó a Juan José Di Iorio y Alfredo Solimeno por su responsabilidad frente a Gonzalo Godoy, el tripulante que no tenía libreta ni figuraba en el rol de embarque y su cuerpo fue rescatado por Prefectura.

Revista Puerto - Naufragio San Antonino - 02
Por Roberto Garrone

Santiago Inchausti procesó a Juan José Di Iorio y Antonio Solimeno por abandono de persona en la causa que investiga el hundimiento del pesquero San Antonino. El titular del Juzgado Federal Nº 3 entiende que los armadores son responsables de la suerte que corrió Gonzalo Godoy, el tripulante cuyo cuerpo apareció tras el hundimiento pero que no figuraba en el rol de embarque.

Por qué el magistrado eligió esa calificación legal del episodio contemplada en el Art. 106 del Código Penal que responsabiliza a quien pusiere a otro en peligro en su vida o en su salud, ya sea por colocarlo en estado de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse por sí misma, y a la que deba mantener o cuidar o a la que el propio autor haya incapacitado.

El mismo Inchausti lo explica en el auto de procesamiento, de más de 20 fojas, a la cual tuvo acceso REVISTA PUERTO. “El supuesto que encuadra en el caso que nos ocupa es el de la colocación de una persona, en este caso Gonzalo Godoy, en situación de desamparo, cuya acción típica consiste en  colocar a otro, por cualquier medio, en situación de desamparo cuando se lo priva de la posibilidad de una ayuda o asistencia necesaria o cuando el agente rodea a la víctima de circunstancias que le impiden obtener el auxilio que requiere su condición” (Código Penal de la Nación Comentado y Anotado. D´Alessio, Andrés José y Divito, Mauro), cita el magistrado.

“Se ha dicho que la nota diferencial de las omisiones impropias es que su autor no puede ser cualquier persona sino quien se encuentra en una posición de garante”, explica Inchausti quien cita distintos autores que avalan esta teoría. “Es la situación fáctica que permite deducir en cada caso concreto el contenido del deber de actuar” (Jsecheck, Haris-Henrich, Tratado de Derecho Penal).

“En el caso que nos ocupa (la posición de garante) estaba dada por el reconocimiento directo de las leyes que le imponían a los imputados la obligación de actuar. La omisión consiste en no hacer algo determinado que puede deducirse directamente de la ley”, señala Inchausti.

En el caso del San Antonino, la situación típica estaba dada por el hecho de que los imputados como armadores, socios, administradores y beneficiarios de la actividad lucrativa riesgosa señalada, se encontraban frente a la obligación legal de adoptar los recaudos para que se embarcaran tripulantes en condiciones de hacerlo, es decir, con sus respectiva libreta de embarco y efectuar ficha de declaración ante el organismo de control pertinente, precisamente para que sepan qué personas estaban expuestas a una actividad riesgosa como es la marítima.

El Juez entiende que en toda la relación con Gonzalo Godoy hubo varias acciones esperadas que no se cumplieron. “En primer lugar la de declarar legalmente a Godoy para su respectiva anotación en el libro de rol como uno de los tripulantes y/o asegurarse de que ello fuera llevado a cabo por el capitán Zerboni o por la Agencia Marítima encargada (Simonazzi).

También constatar como efectivamente hubiese ocurrido que el nombrado no se encontraba en condiciones de embarcarse (por no poseer libreta de embarco) no convocarlo o no permitir que Godoy formara parte de la tripulación del San Antonino.

“Por último y principal por constituir la situación de peligro, informar inmediatamente sobre su condición de tripulante ante la novedad del inminente hundimiento del buque, conducta que también se omitió pues, tal como se viene indicando, se supo de su presencia en el barco recién al efectuarse el reconocimiento del cuerpo”, subraya Inchausti.

“Di Iorio y Alfredo Solimeno estaban al tanto de esta situación con respecto a Godoy y de allí que es imputable a los nombrados la acción omitida”, concluye el magistrado en tanto resalta que “conocido el hundimiento y que estaban buscando posibles sobrevivientes, no informaron sobre la presencia de uno más en el barco; es más, lo negaron a sus familiares. De allí que omitieron aquello que estaban capacitados y obligados a hacer”.

El Juez federal consideró que “el tipo penal en cuestión solo admite dolo, el cual en principio comprende el conocimiento de la situación en la que estaba la víctima y no se requiere un dolo de lesión, sino que basta con que el autor sea consciente de las circunstancias que integran el riesgo –situación generadora del deber de actuar– de la posibilidad de la realización de la acción y de la posición de garante.

Por último, sobre el agravante por la muerte de Godoy por causa “inmediata o final paro cardiorrespiratorio, mediata o básica arritmia y originaria asfixia por inmersión, el magistrado puntualizó que “para analizar puntualmente el agravante muerte en un delito de tipo omisivo como el que nos ocupa, ello deberá hacerse, tal como vengo sosteniendo, desde una teoría del incremento del riesgo”.

Si la no registración de Godoy como tripulante conllevó a su abandono ante la actividad riesgosa de embarcarse en el anonimato, la ausencia de su conocimiento en el trágico desenlace de la embarcación y su exclusión como persona a rescatar con vida fue consecuencia absoluta de aquellas omisiones de los imputados. “No quita veracidad a la conclusión recién arribada, la circunstancia de que finalmente el cuerpo sin vida de Godoy haya sido encontrado en altamar”, concluye Inchausti.