23/10/2019
Sorprendente reglamentación del decreto de renovación de flota

La Resolución 194 de Agroindustria reglamenta los preceptos del Decreto 145 pero llamativamente introduce la posibilidad de aumentar un 15% el poder de pesca de los barcos construidos en el extranjero. No refleja la letra del decreto y viola la Constitución al crear derechos.

Revista Puerto - Etchevehere y Bosch en Mar del Plata - 02
Por Karina Fernández Fotos de archivo

El Secretario de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, dio firma a la resolución que reglamenta el Decreto 145 de renovación de la flota pesquera, la cual si bien en líneas generales respeta la letra y espíritu de la norma en cuestión, introdujo un artículo que no forma parte del decreto, volviéndola inconstitucional por crear derechos. Puntualmente le permite a los barcos construidos en el extranjero aumentar en un 15% el poder de pesca. La incomprensible anexión se suma a las promesas de rebaja de aranceles a la importación de buques nuevos que se realizaron desde la cartera de Agroindustria ante autoridades españolas. Por el momento, desde la industria naval no se han manifestado sobre estos temas.

Mediante la Resolución 194 el Ministerio de Agroindustria de la Nación reglamentó los preceptos del Decreto 145 de renovación de flota pesquera, con el objeto de “contemplar el desarrollo paulatino de la industria de la construcción y reparación de buques pesqueros”. La norma, que busca modernizar las embarcaciones para mejorar la habitabilidad y seguridad de sus tripulaciones, indica que deberá limitarse “el esfuerzo pesquero del buque a construir en relación con el saliente”, que es lo que establece la Ley de Pesca.

Pese a que el decreto introduce una excepción no contemplada en la ley, tal como se había consensuado entre armadores e industriales en las negociaciones previas a la firma del primero, se permitió aumentar un 10% el poder de pesca de los barcos construidos en astilleros nacionales e incluso aumentar, además, la autorización de captura en un 10% sobre especies excedentarias en barcos menores de 27 metros, previo informe del INIDEP.

Esta situación fue “salvada” a partir de la modificación del artículo 30 de la Ley de Pesca, sustituyéndolo por el artículo 6 del decreto, que permite el aumento del 10% en el poder de pesca.

Hasta aquí la Resolución se mantenía dentro de lo establecido por el decreto; pero sorprendentemente introdujo un artículo que amplia derechos a pesar de estar prohibido por el artículo 28 de la Constitución Nacional, que indica que ninguna reglamentación puede alterar los principios, garantías y derechos reconocidos en la norma que reglamenta.

El artículo 7 de la Resolución 194 establece que en el supuesto de que el buque reemplazante, construido fuera o dentro del territorio nacional, “supere hasta en un 15% la capacidad de pesca, la autorización de captura del buque será limitada al promedio de los 3 mejores años de captura no sometidas al Régimen de Cuotas que registre el buque reemplazado”.

A través de esta introducción se habilita a los buques construidos dentro o fuera del territorio nacional, a aumentar el poder de pesca. Ello, además de volver inconstitucional el decreto reglamentario, tira por tierra el incentivo previsto para la construcción en astilleros nacionales y acepta, sin informe científico que lo avale, una mayor captura de especies no cuotificadas; que –puede inferirse a la luz de la actuación del Consejo Federal Pesquero– se aplicará al langostino como ocurre en las reformulaciones.

Dejando de lado por un momento el hecho inconstitucional que implica la creación de derechos, puede además observarse que si el permiso del barco cedente tiene un cupo de langostino superior al promedio de los tres mejores años de captura, el inconveniente mayor sería el aumento del esfuerzo que no está previsto en la Ley de Pesca. Pero si el promedio es superior al cupo de especies no cuotificadas o de langostino con el que cuenta el barco, además se estaría premiando a quien no respete las normas.

Hace un mes que el gobierno nacional no deja de sorprender con las decisiones que viene tomando en función de la renovación de flota. Primero fue el anuncio de la baja de aranceles para los barcos construidos en el extranjero, llevándolo de 14 al 7%, recientemente confirmado a este medio por el subsecretario de Pesca, Juan Bosch. Y ahora vuelve a sorprender con esta inaudita e inexplicable introducción del artículo 7.

Si desde el sector naval no generan ningún cuestionamiento a la norma, es de esperar que tal como se estableció comience a llegar a los titulares de permisos de pesca la fecha en que cada embarcación alcanzará el límite de antigüedad. Por el momento, desde el sector industrial no hubo ninguna manifestación pública, ni sobre el artículo 7 ni sobre la baja de aranceles.

Procedimiento para solicitar la renovación de flota

Si la Resolución 194 prospera, los armadores deberán solicitar el reemplazo de unidad con una antelación mínima de tres meses de la fecha límite de antigüedad y se debe adicionar a ese plazo, el tiempo estimado para que el barco reemplazante sea incorporado a la matrícula nacional y el tiempo que insuma su construcción.

La presentación deberá contar con datos sobre el lugar de construcción, las fechas previstas de inicio y finalización como así también el destino del buque saliente. Para comparar la capacidad de pesca deberá presentarse un cálculo de esfuerzo pesquero de acuerdo con parámetros establecidos en los anexos que acompañan la norma: capacidad de bodegas; capacidad diaria de congelamiento; potencia propulsora; potencia de guinche de pesca; velocidad en máxima, etc.

En caso de que el buque sea reemplazado por causa de modernización tecnológica o eficiencia empresarial solo podrá obtener un permiso de pesca que provenga de otro buque de mayor antigüedad y que tenga igual o mayor capacidad de pesca, dentro del plazo de dos años contados desde el reemplazo previo. Además, el titular del buque reemplazante deberá acreditar, en un plazo de dos años, el cambio de arboladura o el desguace del buque si no recibe un permiso de pesca.

En cuanto a la transferencia de permisos, además de la modificación del aumento del 10% del poder de pesca, se eliminó el inciso que ordenaba, en caso de que el titular del buque cedente se encuentre en proceso de concurso de acreedores abierto, autorización del juez interviniente para la solicitud presentada.