15/05/2020
La flota congeladora tangonera expuso la crítica situación del sector

En un pormenorizado informe advierten que peligra la sustentabilidad económica del sector. Alertan sobre el derrumbe de los precios internacionales y cuestionan la excesiva presión fiscal. Dicen que la pandemia agravó la situación general. Y proponen una batería de medidas que incluye eliminar las retenciones y rediscutir los salarios dolarizados.

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Por Nelson Saldivia

La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) y la Cámara de Armadores de Pesqueros Congeladores de la Argentina (CAPeCA) plantearon ante el gobierno nacional, los gremios marítimos y los gobiernos de Chubut y Santa Cruz la crudeza de la situación que enfrenta la actividad pesquera en general, y la flota de buques congeladores tangoneros, en particular.

Describen la caída internacional del precio de venta del langostino que en 2005 estaba en 12 mil dólares la tonelada, en los últimos cinco años promedió los 6.500 dólares la tonelada, y en el primer trimestre de 2020 se ubicó en 4.700 dólares la tonelada, con tendencia a la baja.

Advierten que la retracción económica global provocada por el Covid-19 constituye “un golpe de gracia”, ante lo que reclaman y proponen una batería de medidas que requieren el acompañamiento de los estados nacional y provinciales, como también la comprensión de las organizaciones sindicales.

En el acabado detalle que exponen CAPeCa y CAPIP dan cuenta del incremento significativo de los costos de explotación, el retraso del tipo de cambio, falta de financiamiento, demoras en la devolución de impuestos y reintegros, como así también los salarios dolarizados que tienen las tripulaciones, alertando que si no se adoptan medidas urgentes avizoran severas complicaciones, en el corto plazo, que afectará a las empresas, trabajadores, proveedores y al propio estado.

Sustentabilidad en peligro

Las cámaras empresarias ponen en valor “el producto elaborado por esta flota en cajas de 2 kilos, tanto de entero como de colas, se encuentra presente en todas las grandes tiendas y superficies del mundo. Es nuestro producto de góndola por excelencia y representa el mayor valor agregado que puede darse al recurso natural capturado y congelado a bordo”, al tiempo de sostener que “es muy visible y fácilmente demostrable los cientos de millones de dólares que distribuye esta actividad en cada comunidad portuaria (proveedores y servicios), en salarios (barcos y tierra) y al Estado (derechos de exportación e impuestos)”, citan sobre el derrame económico de la actividad.

Sin embargo, “si tomamos los últimos 15 años de esta pesquería, son muy pocos los años de rentabilidad razonable. No obstante, ha sido siempre una actividad claramente distributiva, haya tenido o no rentabilidad el armador”, puntualizan.

Uno de los ejes del planteo conjunto de las empresas es sobre los incrementos progresivos de costos de explotación “que han comprometido de manera considerable la sustentabilidad del negocio, hecho este que sumado a la significativa disminución en el precio de venta durante la campaña 2019, ha afectado de manera considerable la economía de las empresas. La reciente aparición del COVID 19, ha sido solo el golpe de gracia final que llevará al quebranto de muchas empresas y armadores”, enfatizan.

Excesiva presión fiscal

Por otro lado, exponen que en la estructura de costos, “más del 85% de la facturación de una marea se destina, y se paga antes de exportar, a los siguientes rubros: Derechos de Exportación, Salarios y Cargas Sociales, Combustibles, Estiba, Víveres, Ropa de Trabajo, Artes de Pesca”. Es decir que, “antes de vender, el armador de un buque ya gastó el 85% de su facturación, y aún le resta hacer frente a un sinfín de gastos como Packaging, Mantenimiento, Reparaciones, Gastos Comerciales, Financieros, Fiscales, y Gastos Administrativos. La mayoría de las empresas armadoras de buques pesqueros habitualmente tienen en concepto de crédito fiscal proveniente de Recupero de IVA y de Reintegro a las Exportaciones cifras que superan ampliamente los importes adeudados al fisco, provocando una situación financiera sin salida”, mencionan sobre la fuerte presión fiscal que recibe la industria.

Precios en picada

CAPIP Y CAPeCA hicieron saber al gobierno de Alberto Fernández y a los gobernadores Alicia Kirchner y Mariano Arcioni sobre la vertiginosa caída de los precios internacionales de venta del langostino, “con pisos históricos nunca vistos; si tomamos el año 2005 como punto de partida advertimos que el precio del langostino entero congelado a bordo en cajas de 2 kilos ha pasado de un precio de exportación de USD 12.000 la tonelada, a un promedio de USD 6.500 en los últimos 5 años, con valores que actualmente no superan los USD 5.000 por tonelada. Y todo esto en un contexto de demanda prácticamente nula a nivel mundial como consecuencia del COVID-19, lo que hace suponer que esta situación de precios a la baja se mantendrá, en el mejor de los casos, durante varios meses más”.

Piden eliminar las retenciones

Especial énfasis se hizo respecto a las retenciones, cuestionando su implementación y proponiendo su eliminación como primera medida. “En cuanto a los Derechos de exportación creemos firmemente que son una medida excepcional de corto plazo (e inexistente en el resto del mundo) y que pudo haber tenido algún sustento en periodos muy cortos de nuestra economía (años 2002 / 2004). A Partir del año 2005 en adelante, y frente al atraso cambiario sumado a nuestra realidad convencional de salarios dolarizados, ya no tuvo más sustento. No existía ni un dólar sobrevaluado ni las empresas tenían rentas extraordinarias. Dándose por el contrario situaciones donde la empresa, aún dando quebranto, igual tenía que abonar un porcentaje de su facturación por exportaciones, en concepto de Derechos. Así fue como muchas de estas empresas tuvieron que afrontar graves problemas financieros, económicos y deshacerse de activos (venta de buques), situación que tiende a repetirse hoy en día”, indican al mencionar que la historia se reitera.

Sueldos “dolarizados”

La exposición también se la hicieron llegar a los sindicatos SOMU, Asociación de Capitanes de Pesca, Centro de Capitanes y Oficiales de la Marina Mercante, SICONARA, y al Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales. “En cuanto a los salarios de la tripulación (el mayor componente en la estructura de costos), además del hecho de estar dolarizados, es importante destacar que el valor de referencia con el cual se liquida el concepto Producción (80% del salario, por ejemplo a la marinería), es un valor establecido en el año 2005 cuando el precio de la tonelada de langostino estaba en USD 12.000; más de 10 años después, los valores de mercado han caído abruptamente, pero en contraposición estos valores de referencia nunca se han adecuado a esa nueva realidad”, pusieron de relieve sobre una situación que se da solamente en esta actividad.

Pandemia letal

Además, mencionan que este estado de cosas que ya venía de arrastre recrudeció con la llegada de la pandemia COVID-19, “que no solo ha generado una caída sin precedentes en los niveles de demanda y precios de venta, sino que también genera a las empresas toda una serie de costos extraordinarios en función de la misma y de asegurar la salud de todos los trabajadores”.

En síntesis, esgrimen que a la caída internacional del precio de venta del langostino por la falta de consumo en los mercados internacionales, se le suma el incremento significativo de los costos de explotación (mayormente dolarizados), el retraso del tipo de cambio, el pago de derechos a la exportación, la falta de una adecuada financiación, demoras en la devolución de impuestos y pago de reintegros; “todo lo cual ha colocado a las empresas pesqueras y a los armadores en una muy delicada situación económico financiera, que sin ayuda por parte del Estado Nacional y Provincial repercutirá sin lugar a  dudas  en una fuerte disminución de la actividad, con los problemas que ello acarreará no solo a las empresas, sino también a los trabajadores, proveedores de bienes y servicios y al Estado mismo”.

Con propuestas concretas

Al pormenorizado diagnóstico, CAPIP y CAPeCA avanzaron con sugerencias concretas sobre una batería de medidas para que sea sostenible la operatoria de los Buques Congeladores Tangoneros de cara a la próxima campaña 2020.

“Convocamos a Gremios, Estado Nacional y Provinciales para solicitar la eliminación de los Derechos a la Exportación a los productos pesqueros y restablecer un régimen de “reintegros” que facilite su inserción en los mercados internacionales. Suspender el pago del Anticipo del Impuesto a las Ganancias, cuando es obvio que en 2020 no tendremos ganancia alguna”, cita la iniciativa. Reclaman créditos y agilizar el pago de Reintegros a la exportación y devolución de IVA. Al Estado Nacional y las provincias, solicitan disminuir los costos operativos de las terminales portuarias, y los costos adicionales derivados de la implementación de las tareas de control y prevención de la pandemia

Además, proponen gestionar ante las autoridades provinciales una rebaja de los costos de los servicios portuarios, entre ellos, la Estiba. “Establecer mecanismos fiscales que permitan que el precio del Gasoil se reduzca en un 25% para buques pesqueros. Actualmente el precio del combustible en España para los buques es un tercio del que se cobra en la Argentina”, comparan.

El informe, que también fue firmado por las empresas Argenova y Conarpesa, finaliza sugiriendo “analizar con los distintos gremios un nivel de salarios acorde con la realidad del negocio”, lo que significa rediscutir los actuales Convenios Colectivos de Trabajo.