30/06/2020
El conflicto entre el SOMU y los congeladores puede llegar a un punto de no retorno

Las discusiones salariales escalaron de tono y se han vivido situaciones violentas. Las cámaras están de acuerdo en no salir a pescar si no hay acuerdo y el SOMU rechaza la propuesta mientras les pide paciencia a unos 3000 marineros que reclaman una solución. Se espera la intervención del gobierno nacional.

Revista Puerto - Langostino - Buques tangoneros - 02
Por Karina Fernández

El conflicto entre el SOMU y las empresas de buques congeladores han llegado a un punto, que de seguir en la misma tesitura, no tendrá retorno. Si no se arriba a un acuerdo, los tripulantes habrán perdido la temporada 2020 y el convenio de los marineros seguirá sin modificaciones hasta el año entrante. La escalada de agresiones, que se ve materializada en un patrullero en la puerta de la casa del presidente de una de las cámaras y videos en su contra, homofóbicos y decadentes, dignos de una denuncia ante el INADI, fue alejando las posibilidades de diálogo. El viernes, después de mucho tiempo de habérselo solicitado al Subsecretario de Pesca, el ministro de Agroindustria, Luis Basterra, recibirá a las cámaras pesqueras. Se pedirá la intervención del gobierno nacional para destrabar el conflicto y se ilustrará al funcionario sobre las pérdidas que está generando al Estado esta huelga, en medio de una situación de crisis económica y sanitaria en la que el ingreso de divisas resulta indispensable. Para quienes también resulta indispensable salir a pescar es para los marineros, que comienzan a reclamar al gremio una solución.

Las cámaras empresarias CAPIP, CEPA y CAPECA están todas de acuerdo. Si no se llega a un arreglo en la baja del precio de referencia, no van a salir a pescar y los tripulantes de los congeladores se quedarán sin temporada en 2020. El universo de trabajadores que se ve afectado es de aproximadamente 3000 marineros, a los que debe sumarse a los maquinistas, capitanes, personal de estiba y todas las actividades conexas que se ven afectadas.

La propuesta del sector empresario supera en un 3 por ciento en pesos a los haberes percibidos por marea en 2019. Esto, en un delicado momento en el que los sueldos en varios sectores se han visto afectados por fuertes bajas y la pérdida de miles de empleos. Para lograr ese valor se aplica un aumento del 100% del básico que incluye las órdenes y los francos; pero también una baja en el valor de referencia para calcular la producción.

El SOMU no acepta la baja en el valor de referencia, que pasaría de 5,80 dólares para el L1 a 3,80 dólares. Firmar un convenio a la baja es una decisión que ningún dirigente quiere tomar y existe la determinación de no aceptarlo. El problema es que, con la caída del precio del langostino y escasas ventas, el sector empresario asegura que no puede sostener estos costos. Con precios de exportación que están por debajo de los 5 dólares, se torna imposible seguir trabajando con los valores actuales.

Bajar este valor puede tener un gran impacto en los ingresos a futuro de los marineros. Si el precio aumentara y ese valor se mantuviera, los privaría de una participación en las ganancias de la empresa que consiguieron hace muchos años y que les permite gozar de uno de los mejores acuerdos salariales del país.

No es un tema menor y quizás sean necesarias muchas discusiones para generar un nuevo cálculo de participación en la producción que sea justo y capaz de acomodarse a los vaivenes del mercado. Es por eso que acordar de forma transitoria, dejando pendiente una discusión profunda sobre la liquidación de la producción a futuro, puede ser una solución.

De los datos de empresas que están circulando y que reflejan lo que les proponen los empleadores a los marineros, se obtiene como resultado un sueldo 5000 dólares en mano, al que luego el Estado le aplicará el impuesto a las ganancias y al trabajador le quedarán 4.415 dólares, o 309.050 pesos, con tres mareas realizadas en el mes.

Los marineros que llevan más de ocho meses sin embarcar y que comienzan a empobrecerse, reclaman al gremio una pronta resolución del conflicto. Ingresar más de 300.000 pesos en una casa en este momento, es un lujo que no muchos marineros pueden darse. En cambio los dirigentes, que siguen cobrando su sueldo como siempre, tienen margen para prolongar el debate. Para el trabajador es muy complicado, porque la opción es seguir ingresando los 25 mil pesos del básico.

Desde el SOMU se les pide a los afiliados que “aguanten”, se les dice que deben estar unidos y a la vez se les recuerda que quien arregla con los empleadores “es un carnero”. No es una situación agradable para los marineros. Tampoco es fácil para los dirigentes, pero queda claro que deberán buscar alternativas, porque la medida de fuerza se está volviendo perjudicial para sus representados.

Los dirigentes no parecen tener la capacidad de plantear propuestas creativas que mantengan intactos los derechos de los trabajadores sin necesidad de perder toda una temporada de pesca. En la mesa de discusiones no se han escuchado propuestas de acordar esta baja del valor de referencia por un año, esperando que pasen los efectos del coronavirus; ni sobre la posibilidad de atar la producción a un valor variable de venta del langostino, que podría terminar con las discusiones sobre lo alto o bajo que se encuentra el valor de referencia.

En lugar del desarrollo de propuestas se ofrecen discursos de lucha contra la patronal y esto fue generando una serie de episodios desagradables. Hoy una patrulla policial vigila la puerta de la casa del presidente de CAPIP tras recibir amenazas, a quien también le han dedicado un video de corte homofóbico, con expresiones violentas y desagradables que circula en las redes. Hasta ahora, ningún dirigente del SOMU lo ha condenado públicamente.

Este tipo de hechos está impidiendo que se mantenga el diálogo de forma civilizada y constructiva. Los empresarios directamente han perdido el interés en discutir y le han comunicado a sus tripulantes que es probable que en este año no saquen los barcos congeladores.

El viernes las cámaras se reunirán con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; llevan más de un mes solicitando una reunión a través del Subsecretario de Pesca.

La mayoría cree que debiera haber tomado intervención antes de que las discusiones escalaran de tono como lo hicieron.

Le acercarán al Ministro los cálculos de los ingresos que dejan de entrar a las arcas del Estado como consecuencia del conflicto. Por exportaciones, si se recuperan las ventas, se perderían 500 millones de dólares, sobre los que no se podrán aplicar retenciones ni los impuestos a las transacciones financieras. Además se dejará de percibir el 35% de ganancias del sueldo de los tripulantes por un año. Esperan que su intervención ayude a encontrar una vía de acuerdo.

El conflicto se ha comenzado a enlodar de una forma que no ayuda a nadie. Los paros en la pesca siempre son prolongados, desgastantes y la mayoría de las veces nadie sale mejor de lo que entró. Resolverlo rápidamente para que los marineros no pierdan más mareas es imprescindible, sobre todo cuando en el actual escenario de pandemia, es muy probable que el número de viajes que puedan realizar sea muy inferior al habitual.

Si mañana se resolviera el conflicto, lo más probable es que no salgan todos los barcos. La crisis del Covid-19 no es cuento, en Europa el turismo no se ha reactivado, solo en algunas playas del Mediterráneo hay alguna afluencia pero las grandes urbes siguen con ínfima ocupación. Además de los protocolos y los temores por rebrotes que afectan el turismo, el mundo entero está en recesión y el langostino no es un alimento de primera necesidad, motivo por el cual las ventas tardarán en reactivarse.

A las empresas, con los valores actuales, les conviene mantener los congeladores amarrados y participar de la temporada con sus barcos fresqueros. El valor de venta del producto que trae esta flota ha bajado un poco el precio en banquina y también en el mercado exterior pero no tanto como el congelado y los costos permiten mantener un delicado equilibrio.

La resolución del problema parece haber quedado en manos de los dirigentes y el gobierno. El sustento de más de 3000 familias depende de la decisión que tomen y de la amplitud que tengan para encontrar una solución que no vulnere  los derechos adquiridos por los trabajadores pero que a la vez les permita volver a trabajar este año. El costo político de la pérdida de ingresos de toda una temporada para tantos trabajadores puede ser muy alto.