22/07/2020
Empleados de la Secretaría de Pesca piden cobrar el incentivo

La dirigencia de ATE presentó un petitorio reclamando la percepción del Fondo Ambiental Pesquero. La Provincia de Chubut no lo recauda porque el tema está judicializado. La Corte Suprema dictó un fallo en contra de una empresa que había solicitado se declare su inconstitucionalidad.

Revista Puerto - Chubut - ATE
Por Nelson Saldivia

El controvertido tema del Fondo Ambiental Provincial (FAP) volvió a escena a partir de un reclamo de los trabajadores de la Secretaría de Pesca de Chubut para que se les abone el porcentaje respectivo tal como lo establece la ley.

El canon pesquero se encuentra judicializado por varias vías con pedidos de medidas cautelares, pero no obstante la ley está plenamente vigente y el Ministerio de Ambiente ha girado las intimaciones para su cobro.

El gobierno provincial elevó a la Legislatura un proyecto de ley para su derogación, pero no ha tenido ningún tipo de tratamiento en las comisiones, más teniendo en cuenta que el oficialismo, después de la fractura del bloque, se quedó con apenas siete diputados de veintisiete que componen la cámara de diputados.

Dentro de esas vías de impugnación ante la justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó hace semanas un fallo en contra de una de las empresas que había solicitado se declare la inconstitucionalidad de la ley que creo el FAP.

Pedido de los empleados

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, junto al ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, recibió este martes en Casa de Gobierno al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Guillermo Quiroga y a su secretario gremial, Luciano Bunge.

En el encuentro, los representantes gremiales solicitaron al Gobierno Provincial la aplicación del Fondo Ambiental Pesquero, que al no estar siendo recaudado, no se ve reflejado en los sueldos de los empleados nucleados bajo la Asociación.

En este marco, el ministro Grazzini explicó que “trabajadores de la Secretaria de Pesca, nucleados en ATE, se acercaron a Casa de Gobierno y presentaron un petitorio reclamando la percepción de lo que corresponde al Fondo Ambiental Pesquero”.

Conciliación

“Es algo que hasta el momento no se puede acreditar dentro de lo establecido en los sueldos, porque es un tributo que no se está percibiendo por parte de la Provincia, ya que hay una demanda presentada que todavía no se ha expedido. Les explicamos cómo era la situación y seguramente iremos a una mesa de conciliación para trabajar con las distintas cámaras y sectores”, agregó el funcionario provincial.

Ley vigente

En tanto, el secretario General de ATE, Guillermo Quiroga señaló que “el Fondo Ambiental Pesquero ya es ley, y no se está recaudando de acuerdo a las proyecciones realizadas. Son cifras importantes y entendemos que el sector tiene mucha ganancia y debería ser distribuido entre los municipios pesqueros y la provincia”.

“Nosotros tenemos algunos adicionales para trabajadores de pesca y si eso no se recauda, no se termina aplicando ni llega al sueldo de los afiliados. Necesitamos que se reactive y que el Gobierno de la Provincia pueda intervenir para que los empresarios se pongan al día con las deudas”, enfatizó Quiroga.

Fallo contra Conarpesa

El pasado 8 de julio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda dictó un fallo rechazando un planteo formulado por la empresa Agropez del grupo Conarpesa. «Declarar la incompetencia de esta Corte para conocer en la causa por vía de su instancia originaria», dice la sentencia.

El máximo tribunal no analizó la cuestión de fondo, es decir la constitucionalidad de la Ley FAP, sino que se declaró incompetente para actuar como «instancia originaria», de modo que el planteo de inconstitucionalidad debe tramitarse por la vía de la justicia ordinaria de Chubut o la justicia federal, pero siguiendo todas las instancias inferiores.

Los especialistas en la materia advierten que con este fallo llegar a una «sentencia firme» de inconstitucionalidad recorriendo las diferentes instancias judiciales podría llevar no menos de una década.