30/09/2020
Para ALFA el FAP es una ley impropia de un estado de derecho

La Asociación Civil de Armadores Langostineros Federales Argentinos envió una nota a REVISTA PUERTO en la que subraya la improcedencia del cobrod el tributo a la flota pesquera por parte de la Provincia de Chubut.

Revista Puerto - Los buques de ALFA generan miles de puestos de trabajo en tierra - 02

Los buques de ALFA pescan en aguas nacionales y generan miles de puestos de trabajo en tierra.

Desde el grupo de Armadores Langostineros Federales Argentinos (ALFA) elevaron una carta a la redacción de REVISTA PUERTO para aclarar su posición frente al intento de las autoridades de Chubut de cobrar la deuda generada por el Fondo Ambiental Pesquero (FAP), cuya legitimidad será determinada por la Justicia.

“Los armadores nucleados en la Asociación ratificamos la evidente inconstitucionalidad que posee el denominado Fondo Ambiental Provincial y se lo hemos mencionado a las autoridades provinciales y nacionales”, arranca la carta enviada a este medio.

Sobre las manifestaciones realizadas por las máximas autoridades de la Provincia del Chubut, desde ALFA subrayaron que “dejan en claro que el único objetivo que mantiene la ley I-620 y sus modificaciones, es netamente recaudatorio, sin reparar la inconstitucionalidad de los medios desplegados a efecto de revertir el rojo de sus cuentas públicas, valiéndose para ello de legislación absolutamente irrazonable, que por violar el ‘Estatuto del Contribuyente’  es impropia de un estado de derecho”, afirma la carta que lleva la firma del gerente de la Asociación, Daniel Coluccio.

En la nota, ALFA asegura haber hecho presentaciones administrativas ante el Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, en que solicitaron la suspensión del FAP y como respuesta recibieron “múltiples y millonarias intimaciones de pago del tributo”. También reportaron al Consejo Federal Pesquero la situación, dado que la actividad se desarrolla en aguas nacionales que se encuentran bajo su competencia.

Al momento de fundamentar la resistencia al pago del tributo, al que calificaron de inconstitucional, impuesto en la Ley I-620, sostuvieron que el FAP contiene una grave falta de legitimidad al “contravenir liminares preceptos constitucionales que gobiernan la materia tributaria; la ley no determina quién es el sujeto obligado al pago del tributo. Esa omisión la hace insalvablemente nula. Quisieron subsanarla con un Decreto del Gobernador quien discrecionalmente determinó como sujeto pasivo del gravamen a los titulares del permiso de pesca de la embarcación, facultad expresamente vedada al Poder Ejecutivo, tanto por la Constitución Nacional como por la Constitución Provincial del Chubut, violentando de esta manera el principio de reserva de ley”.

Por otro lado los armadores nucleados en ALFA advirtieron que la norma transgrede el principio de territorialidad por gravar capturas en aguas de jurisdicción nacional; afecta los principios de generalidad e igualdad, ya que grava inequitativamente con el 100% del tributo a los permisionarios del permiso de pesca nacional, mientras que aplica el 50% del mismo a quienes detentan permisos de pesca otorgados por la Provincia del Chubut.

Por otra parte, consideraron que es “absolutamente injustificado” que no se grave la captura de langostino y descarga en puerto del producto elaborado llevada adelante por los armadores de buques congeladores, que operan en la misma zona de pesca en jurisdicción nacional.

En la carta enviada a este medio la cámara de armadores langostineros afirmaron que el FAP traba la libre actividad comercial ya que “afecta el principio de no preferencia de puertos, ya que impone contribuciones diferenciadas a los buques pesqueros, según la autoridad nacional o provincial que haya otorgado el permiso de pesca”.

En ALFA entienden que la desigualdad del FAP es evidente puesto que únicamente se ha incluido, como sujetos obligados al pago, a los titulares de permisos de pesca nacionales y/o provinciales que capturan la especie langostino fresco, “omitiendo gravar a las plantas pesqueras ubicadas en tierra, siendo que en su caso son estos los establecimientos donde se generan los residuos causantes de eventuales daños al ambiente, a partir de su elaboración”.

En tanto afirmaron que la actividad extractiva de la especie en cuestión, realizada por los buques pesqueros fresqueros de sus asociados, en aguas de jurisdicción nacional y su descarga en cajones en los puertos del Chubut, “decididamente” no genera el daño ambiental que intenta reparar la ley provincial de referencia.

Por último, expresaron su preocupación “frente al hostigamiento” que sufren a partir de las intimaciones de pago cursadas por la Provincia en su pretensión de cobro del FAP.