18/12/2020
Aplazaron tratamiento de la nueva Ley de Pesca en Chubut

No prosperó el tratamiento legislativo del polémico proyecto de modificación de la legislación pesquera provincial. La propuesta elevada por Arcioni y redactada por un sector privado sólo cosechó rechazos. Revés político para el Secretario de Pesca y quienes empujaban aumentar y blanquear permisos de pesca.

Revista Puerto - Aplazan ley de pesca
Por Nelson Saldivia

El vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, junto al intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, el diputado Carlos Eliceche, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, y representantes del STIA y el SOMU acordaron frenar el tratamiento del Proyecto de Ley N° 140/20 elevado por el Poder Ejecutivo que pretendía modificar todo el andamiaje legal de la actividad pesquera en la provincia.

La redacción del proyecto de ley que firmó Mariano Arcioni como propio era casi una copia con escasas variantes a un anteproyecto que elaboró una asesora de un sector de la flota amarilla de Rawson, y había trascendido en noviembre de 2019, pero en aquel entonces el secretario de Pesca, Adrián Awstin advirtió que no había plafón político para avanzar con el mismo.

Un año después, sin convocatoria a los actores de la industria se intentó colar el proyecto en el tramo final del periodo legislativo, cuando apenas quedaba una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Cuando se conoció la propuesta que pretendía profundos cambios a las reglas de juego en la pesca provincial, las reacciones no tardaron en hacerse públicas, lo que llevó a que el “bloque Puerto Madryn” le pusiera freno a la intentona.

Los sindicatos, plantas de procesamiento, empresas independientes y municipios portuarios se plantaron rechazando los términos del malogrado proyecto y le hicieron saber al Gobernador que carecía de aval mayoritario, al punto de recomendarle que lo “retirara” o quedara expuesto a una ola de amparos judiciales si se avanzada con su sanción legislativa.

Adhesión con reservas

La “Ley Telma” como se conoció en el ámbito pesquero, había sido elevada el 4 de diciembre a la Legislatura, pretendía en el arranque que Chubut dejara de adherir al Régimen Federal de Pesca Ley N° 24.922, ahora se proponía ratificar su adhesión, pero “con reservas”.

Allí apareció la primera luz amarilla por parte de quienes revisaron la constitucionalidad de la reforma. La Ley 24.922 en su Artículo 69 dice en forma taxativa: “Invítase a las provincias con litoral marítimo a adherir al régimen de la presente ley para gozar de los beneficios que por ésta se otorgan”; es decir, aceptar ese esquema normativo nacional implica adherirlo sin condicionamientos.

Por ejemplo, para que Chubut gozara de 12 millas de litoral marítimo debe adherir al Régimen Federal de Pesca, toda vez que en las reformas de 1994 de las Constituciones Nacional y de Chubut, en ningún artículo se le asignan esos derechos. Mientras que la Ley 24.922 en su Artículo 3° expresa: “Son del dominio de las provincias con litoral marítimo y ejercerán esta jurisdicción para los fines de su exploración, explotación, conservación y administración, a través del marco federal que se establece en la presente ley, los recursos vivos que poblaren las aguas interiores y mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de base que sean reconocidas por la legislación nacional pertinente”, puntualiza el proyecto ahora ‘vetado’ pretendía no adherir plenamente a este régimen.

Cambio de estatus

Otra de las modificaciones que hacían ruido era el cambio de estatus de los “permisos de pesca”, los cuales dejaban de ser precarios para ser definidos como “definitivos” y “provisorios”, al tiempo que se ratificaba la existencia del Área Interjurisdiccional de Esfuerzo Pesquero Restringido (AIER) creada por Nación y Chubut, “área donde desarrollan sus tareas de pesca nuestras embarcaciones amarillas menos de 21 metros de eslora”, se indicaba. Además, se les permitiría pescar langostino sin límite de cupo: “Reconozca el carácter histórico de los permisos de la flota amarilla de menos de 21 metros, que originalmente eran irrestrictos y que no se los limite para la captura del langostino, atento a los informes científicos del INIDEP que hablan de la bondad de las capturas y la facultad que tienen los estados marítimos a dar autorizaciones sobre especies que poseen en su litoral”, planteaba la exposición de motivos firmada por Mariano Arcioni, pero redactada por un sector privado.

Requisitos para permisos

La “nueva ley” eliminaba de su articulado los requisitos para el otorgamiento o renovación de los permisos de pesca, y quedaba reducido a un ‘acto administrativo’ en manos de la Secretaría de Pesca, lo que abría un peligroso marco de discrecionalidad. “Los permisionarios deberán cumplimentar anualmente los requisitos exigidos por la autoridad de aplicación a través del acto administrativo correspondiente”, decía el Artículo 29 del proyecto ahora puesto en el ‘freezer’.

Asimismo, los gremios que representan a trabajadores de planta y de la marinería salieron a rechazar el proyecto al haberse también “eliminado” de un plumazo una serie de artículos que regulaban determinados aspectos de las relaciones laborales dentro de la actividad pesquera chubutense.

Críticas sindicales

El STIA durante años enarboló como bandera propia haber conseguido que en Chubut se prohibiera la contratación de personal de producción a través de cooperativas, diferenciándose así de Mar del Plata, aduciendo que prescindir de ese requisito se traducía en una abierta “flexibilización laboral”, lo que derivó en que el personal de todas las plantas pesqueras se declarara en alerta y movilización, al punto de amenazar con un paro total si se aprobaba el proyecto. Ese gremio también cuestionó que en la redacción elevada a Legislatura se eliminaba el requisito de renovación de permisos de pesca que se exigiera el libre deuda fiscal y laboral a las empresas permisionarias.

Por su parte, el SOMU salió a plantear sus quejas porque se borraba el inciso 2 del Artículo 11 de la actual Ley IX N° 75 que pone como requisito para el ejercicio de la pesca comercial en aguas de jurisdicción provincial: “La residencia efectiva de dos (2) años en el territorio provincial del personal a bordo, en una proporción no menor al cincuenta por ciento (50%) de la tripulación total embarcada”.

El meollo

Capítulo aparte mereció el análisis del Artículo 34 propuesto por el Poder Ejecutivo, donde los observadores consideraban que estaba el “nudo” de todo el proyecto de ley. “Los permisos de pesca provinciales serán renovados y/u otorgados por la autoridad de aplicación”, facultaba a la Secretaría de Pesca.

Allí se creaba la figura de “permiso definitivo de pesca” a los que se les adicionaría una autorización de captura provincial irrestricta para todo tipo de especies no sometidas a proceso de cuotificación. Se indican que los propietarios o armadores de los barcos amarillos de hasta 21 metros de eslora “operarán en el AIER. El número máximo de permisos y/o habilitaciones de esta flota será de cuarenta (40)”. Es decir, se aumentaba de 37 a 40 barcos de la flota amarilla.

En el apartado referido a los “Permisos Provisorios de Pesca” a los que también se les adicionaría una autorización de captura provincial irrestricta para todo tipo de especies no sometidas a cuotifiación, aparecía en el inciso 2.4 el blanqueamiento de los permisos VACOPA.

“Obtendrán también esta categoría los permisos de pesca aprobados por el Plan de Investigaciones para el Desarrollo de una Pesquería Sustentable de Variado Costero Patagónico (VACOPA), cuyos permisionarios pasarán a detentar el carácter de titulares de un permiso de pesca de la flota amarilla de hasta 21 metros de eslora de arqueo total”, decía la propuesta.

Debate en un año electoral

Con todo, ante la polémica generada y las expresiones de rechazo que tuvo la iniciativa, el “bloque Puerto Madryn”, integrado por el vicegobernador Ricardo Sastre, el intendente Gustavo Sastre, el diputado Carlos Eliceche, y los sindicalistas Luis Núñez (STIA) y César Zapata (SOMU), “taclearon” el avance de la propuesta. Anunciaron que el año próximo se convocará a todos los sectores de la pesca, para intentar una ley consensuada, aunque el 2021 es un año electoral y los debates legislativos quedan impregnados por cruces de intereses.