19/03/2021
Dieron licencia al inspector que proveía pescado a una planta trucha

La Subsecretaría de Pesca lo licenció luego de que hiciera su descargo. Ordenaron una auditoría sobre sus inspecciones desde octubre pasado. José Figueredo puso una abogada y aduce problemas cardíacos. Los trabajadores rechazaron las ofertas que presentó su representante legal.

Revista Puerto - Mar del Plata - Planta clandestina de calle Azopardo 4678 - 02

Una de las tantas historias de planta clandestina en Mar del Plata.

Por Roberto Garrone

Los doce fileteros que reprocesaban el pescado que aportaba el inspector de pesca, José Figueredo en una planta clandestina, ubicada en Azopardo 4678 de la ciudad de Mar del Plata, siguen esperando que el funcionario público les devuelva el trabajo o acuerde una indemnización por los meses trabajados.

A una semana de que estallara el conflicto algunas cosas comienzan a aclararse. El inspector de pesca dispuso que Lorena Sosa sea su representante legal en las negociaciones con los trabajadores. Por otro lado, se supo que desde la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera se pusieron a disposición de Prefectura, del propio SOIP y licenciaron a Figueredo de cumplir tareas de control en muelle.

Se supo también que se ordenó una auditoría sobre los barcos que fiscalizó el inspector desde fines de octubre del año pasado hasta la actualidad para determinar la existencia de un patrón determinado que permita llegar a alguna conclusión más allá del descargo que ya realizó ante el pedido de explicaciones de la Jefatura del Distrito.

Esa fecha de octubre no es casual. Los trabajadores reportan que por esos días alquiló la planta de Azopardo y desde noviembre comenzaron a reprocesar merluza. “Siempre merluza”, confió una filetera que formó parte del grupo de trabajo entre los que se encontraban también dos hijos de Figueredo: Lucas y Agustín. Diego, el mayor, sería el encargado del establecimiento, y con quien el padre habría tenido algún desencuentro que motivara la interrupción de la materia prima.

“Que ponga una abogada para arreglar a la gente deja en claro que él es responsable”, evaluaba otro trabajador que ayer se negó a recibir parte de un dinero, 100 mil pesos, a cuenta de un futuro arreglo que contenía otra cuota similar el mes que viene.

Los trabajadores se negaron y volverán a encontrarse con Sosa este viernes en una de las salas de reuniones del SOIP. La primera oferta que llevó la abogada del inspector fue de 100 mil pesos a repartir entre la docena. Luego la subió a 120 mil pero siguió sumando rechazos.

Sosa contó que Figueredo atravesaba problemas de salud. Que toda esta situación le había generado un pico de estrés, le había surgido una afección cardíaca y esperaba un diagnóstico más certero que no descartaba la cirugía coronaria.

Otras fuentes consultadas en el SIMAPE, donde el inspector es afiliado, desconocieron la afección de Figueredo.

“Nos extorsionan con que si no aceptamos no vamos a poder seguir trabajando porque el puerto es chico y él conoce mucha gente. Solo reclamamos por el trabajo y nuestros derechos”, contó la filetera, que decidió mantenerse en el anonimato justamente por temor a figurar en una lista negra.