28/05/2021
Ordenan el sector potero e incentivan la pesca en la milla 201

Mediante la Resolución 7 del CFP se estableció un nuevo orden sobre la pesquería de calamar con barcos poteros. El procesamiento en tierra no podrá ser inferior al 20 por ciento y su incumplimiento será considerado falta grave. Para quienes pesquen fuera de la ZEE habrá beneficios de extensión del permiso por un año.

Revista Puerto - Calamar - 02

El Consejo Federal Pesquero realizó una revisión de las normas y reglas que rigen la materia formal y jurídica de los proyectos de explotación de la especie calamar. Y consideraron oportuno “introducir algunas modificaciones que profundicen los objetivos de la política de calamar”. Con ese objetivo se aprobó la Resolución 7 que realiza un ordenamiento de la normativa vigente, unifica el porcentaje de procesamiento obligatorio en tierra de no menos del 20 por ciento de la captura y otorga beneficios en la extensión del permiso para quienes tengan presencia en aguas internacionales.

Señalando que los buques poteros que han operado fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), es decir más allá de la milla 200 “han sido muy minoritarios e inclusive, en muchas temporadas, ninguno lo ha hecho” y contando gran parte de la flota potera con permisos de gran altura, el Consejo consideró “conveniente promover la actividad”, generando incentivos para aumentar la presencia de buques de bandera argentina en dicha área.

El beneficio que se decidió otorgar es un incremento del plazo de vigencia de los permisos de pesca. En el artículo 19 de la citada resolución se establece que podrán solicitar la extensión de un año, cuando acredite haber realizado operaciones de pesca en el Área Adyacente a la ZEE argentina, durante 30 días, con visitas no inferiores a 5 días de corrido, desde el inicio hasta la finalización de la temporada de pesca.

Se destaca que dicha operatoria está sujeta, para los buques de bandera nacional, a las normas internacionales y las nacionales dictadas en su consecuencia, como el Reglamento de Permisos de Pesca de Gran Altura y las medidas de administración de la especie, que incluyen a la operatoria fuera de la milla 200.

Respecto de la política de explotación de calamar, sostuvieron que el objetivo es lograr

un mayor porcentaje de procesamiento en tierra de las capturas, con un mínimo –para las renovaciones– del 20%, y que se otorgará un puntaje mayor a los compromisos más elevados.

En el artículo 8 de la Resolución 7 del CFP se estableció que todo aquel que pretenda renovar el permiso deberá ser propietario o suscribir un convenio con una planta de procesamiento habilitada. Las plantas deberán estar registradas en el SENASA y se debe presentar la documentación que acredite el registro del personal afectado al proyecto y el cumplimiento de los aportes previsionales y de la seguridad social correspondientes.

El cumplimiento de los compromisos de procesamiento en planta en tierra se computará sobre la totalidad de la captura de la temporada de cada buque; durante la vigencia del proyecto de pesca del buque, o durante toda la vigencia de su renovación, con independencia de los cambios de titularidad.

El incumplimiento de los compromisos de los proyectos será sancionado como falta grave, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Pesca. “La falta de cumplimiento del compromiso de procesamiento en planta, en forma injustificada, durante dos temporadas consecutivas o alternadas, dentro del lapso de 10 años, traerá aparejada la revocación del proyecto y la consecuente caducidad del permiso de pesca”, se indica en el artículo 14.

En la reglamentación se prevé para quienes renueven o los nuevos proyectos aprobados, la posibilidad de cambiar de titularidad de forma permanente o transitoria. Deberán presentar copia certificada del contrato y el certificado de matrícula con el cambio de titularidad o del contrato de locación o leasing. Para el propietario original quedarán suspendidos los derechos de explotación, pero mantendrá la responsabilidad solidaria con el cedente del cumplimiento del proyecto.

Para la presentación de la solicitud de renovación del permiso de pesca se fijó el previo pago de un arancel de 62.000 Unidades de Pesca, según la última modificación del artículo 51 de la Ley Federal de Pesca. Cada unidad equivale al valor de un litro de gasoil, sobre la base del precio de venta final al público del gasoil grado dos.

Finalmente se estableció que a los titulares de permisos de un buque potero que, durante su vigencia, decidan incorporar en su reemplazo un buque nuevo construido en astilleros nacionales, se les otorgará el derecho a incorporarlo y obtendrán un permiso de pesca de la máxima duración contemplada en la presente resolución. La duración podría ser de 10 a 30 años dependiendo de si el propietario tiene o no una planta de procesamiento en tierra.