29/09/2021
Rechazan cautelar a empresa marplatense por el FAP

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó una medida cautelar interpuesta por la firma El Marisco. No se pronunció sobre la cuestión de fondo, la constitucionalidad de la ley que creó el canon pesquero. El caso terminaría en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Revista Puerto - BP El Marisco II
Por Nelson Saldivia

En los autos caratulados “El Marisco S.A. contra la Provincia de Chubut sobre Demanda Contencioso Administrativa” (Expte. Nº 25.392), el Superior Tribunal de Justicia de Chubut integrado por los ministros Alejandro Panizzi y Mario Vivas dictó sentencia resolviendo “rechazar la medida cautelar solicitada” por la empresa radicada en Mar del Plata, propietaria de barcos fresqueros de altura a los que se les cobró el Fondo Ambiental Provincial (FAP).

En un extenso fallo la Corte de Justicia de Chubut desestimó la pretensión de la empresa pesquera que inició una acción contencioso administrativa a los efectos de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución por la cual se emitió un Certificado de Deuda desde el Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable sobre los montos impagos del denominado “canon pesquero”, y la firma marplatense pretendía también la “declaración de inconstitucionalidad de las Leyes I N° 620, N° 627, N° 638 y N° 658 y de los Decretos N° 723/18 y 806/18”, que es la ley que creó el Fondo Ambiental Provincial, sus modificatorias y decretos reglamentarios.

El STJ no avanzó sobre la cuestión de fondo, es decir, no se pronunció respecto de la constitucionalidad de la normativa del FAP, sino que rechazó la medida cautelar solicitada. En la sentencia se atacan los requisitos exigidos para el dictado de una cautelar, y consideraron que la actora no cumplió con tales exigencias.

El Marisco S.A. había requerido “como medida de no innovar, que se ordene al Estado Provincial, en la persona del Gobernador, y al MAyCDS a abstenerse de determinar deudas y/o de iniciar procesos de ejecución judicial del canon”.

Habían hecho un pago parcial

Los jueces analizaron en relación con el requerimiento de la abstención de determinación de deudas o de iniciar procesos de ejecución judicial, que “se advierte, de la lectura de la demanda y la documental agregada, que el Estado Provincial ya ha emitido el acto administrativo cuya nulidad e inconstitucionalidad se plantea en el objeto de la demanda. Además, la propia actora ha reconocido y acreditado haber abonado el importe determinado por la administración provincial como deuda por el Fondo Ambiental Pesquero, por el desembarco efectuado en el puerto de la ciudad de Puerto Madryn el 03 de octubre de 2.018. Es decir, en este caso particular, no existe medida cautelar posible de analizar”, exponen.

“A partir de lo dicho, en cuanto a las restantes medidas cautelares, atento la forma en la que se solicita la tutela preventiva, se advierte que poseen índole innovativa, ya que procuran mantener el estado previo al dictado de las leyes y decretos supra referidos hasta que se dicte la sentencia definitiva. Por ello es claramente aplicable en autos lo que ya este Superior Tribunal ha expuesto en la reciente SI N° 116/2021, en donde se solicitaran medidas cautelares de idéntico tenor”, argumentaron los ministros del STJ al bajarle el pulgar al planteo de la empresa pesquera de Mar del Plata.

“Presunción de validez”

En otro tramo, los magistrados indican que “no es ocioso recordar que este Superior Tribunal -en concordancia con la Corte Suprema de Justicia Nacional- ha sostenido que las medidas cautelares no pueden aplicarse automáticamente para suspender los actos de los poderes públicos, en virtud de la presunción de legitimidad de la que gozan, sin perjuicio de lo cual, su procedencia es aceptada excepcionalmente, previa acreditación y valoración de los requisitos que condicionan la misma”.

Es así que el STJ de Chubut sostiene que “si bien ha admitido la tutela preventiva respecto de Leyes y Decretos, ha tenido muy presente la finalidad de prevenir las consecuencias disvaliosas que tendrían lugar de no hacerlo. Pero siempre con un criterio restrictivo y excepcional, toda vez que se impone priorizar la presunción de validez que ostentan los actos administrativos y legislativos”, advierte.

El fondo de la cuestión

Los jueces argumentan que en una acción solicitando una medida cautelar los excede de pronunciarse sobre la cuestión de fondo. “Debemos decir que de la lectura de las leyes y decretos cuestionados no se vislumbra “prima facie” el humo de buen derecho exigible. Es que ello no surge de manera palmaria de los postulados de la demanda, toda vez que la parte actora pretende justificarlo sólo con la remisión al texto de las normas que ataca a lo largo de su escrito de demanda”, indican en la sentencia.

“De tal manera, no es posible deducir en forma manifiesta la verosimilitud del derecho invocado sin efectuar un pormenorizado análisis del fondo de la cuestión, lo que excede el marco de la presente cautelar y habrá de ser materia de prueba en la causa, a valorarse en el fallo definitivo”, alegan.

Sin peligro de demora

Los ministros del STJ advirtieron que tampoco “se vislumbra la existencia del recaudo del peligro en la demora. Ello porque el dictado de la medida cautelar responde a la necesidad de evitar aquellas circunstancias que en todo o en parte impiden o hacen más difícil o gravosa la consecución del bien pretendido, o en cuya virtud el daño temido se transforma en daño efectivo”, y en este caso, la empresa El Marisco planteó una acción contencioso administrativa sobre certificados de deuda que la firma se allanó a pagar.

Cautelar rechazada

Por último, dice el fallo, “se advierte que el objeto de las cautelares requeridas, coinciden con el objeto del pleito, por lo que cabe recordar que es criterio señero el de denegar su procedencia, en tanto se confundiría con el resultado final pretendido a través de la ulterior decisión de mérito”.

“Por todo lo expuesto, el Tribunal considera que en esta etapa del juzgamiento no se han reunido elementos de convicción suficientes que autoricen a tener por acreditada suficientemente, aún en grado precautorio, la verosimilitud del derecho invocada por la accionante, ni el peligro en la demora ni la irreparabilidad del perjuicio”, fundamentan.