17/12/2021
La Defensa Pública pide anular la expropiación de Alpesca

Contestó la demanda contra la expropiación promovida por el Estado de Chubut. Pidió que se declare la “inconstitucionalidad” de las leyes y decretos provinciales. Pero en caso que no se haga lugar solicitan volver a tasar los bienes para definir el monto del “resarcimiento”.

Revista Puerto - Chubut - BP Promarsa II de la ex Alpesca
Por Nelson Saldivia

La Defensa Pública Civil de Puerto Madryn, representada por las doctoras María Soledad Alfonso, María Esther Murphy y Mónica Beatriz Espara, se presentó en la causa por la expropiación de los bienes de Alpesca en representación del “demandado ausente”.

Le plantearon a la jueza María Laura Eroles que declare la “inconstitucionalidad” de las leyes y decretos reglamentarios que declararon la utilidad pública sujeta a expropiación de la planta y los barcos de Alpesca en el año 2014. Además, hicieron reserva de reclamar “daños y perjuicios”, al tiempo de anticipar que hacían “reserva del caso federal”, lo que haría presagiar que el proceso tendrá mucho tiempo por delante hasta que haya sentencia firme y definitiva.

La presentación fue hecha a fines de noviembre de 2021 ante el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn que tiene a su cargo la causa. La “contestación de demanda” es la actuación procesal de la parte demandada mediante la cual responde a las pretensiones deducidas por el demandante, pudiendo allanarse u oponiéndose a los requerimientos, lo cual, esto último, ocurrió en este caso.

Omar Segundo pidió los libros

Párrafo aparte es la extensa puja entre Omar Segundo y Renato Aleua con diferentes presentaciones judiciales, y apelaciones, como trámites administrativos ante la IGJ para determinar quiénes son los accionistas controlantes de la empresa.

En la contestación de demanda, las defensoras públicas refieren a que en el voluminoso expediente “a fs. 1146, se designa defensor por ausente al demandado Alpesca S.A. quedando notificado el 9 de agosto de 2021”, y posteriormente “se presenta el Sr Héctor Omar segundo solicitando la devolución de los libros de la empresa Alpesca S.A.”, lo cual fue denegado por la jueza.

En otro tramo indican que “en fecha 4 de octubre de 2021 la magistrada reanuda el procedimiento suspendido el 24/8/2021 y notifica a la Defensa pública” para que conteste demanda de “demandado ausente”.

También citan los fallos es que Omar Segundo fue absuelto en la presunta estafa y por otro lado se acreditó que la venta de acciones a Federico Otero fue “ficticia”, y los actores posteriores también carecieron de validez, respecto de la venta posterior de acciones a la familia Aleua.

Piden la nulidad

La contestación “impugna la calificación legislativa de utilidad pública. Solicita la declaración de inconstitucionalidad al considerarse ausencia de utilidad pública”.

Alegan que “la ausencia en la expropiación de Alpesca de razonabilidad y proporcionalidad entre el medio empleado y el fin perseguido, vician de inconstitucionalidad a la misma”. Lo que pretenden es la nulidad de ese proceso, en el planteo defensista.

Nueva tasación

En tanto, en caso que no se haga lugar al planteo de inconstitucionalidad, solicitan que se haga una nueva tasación de los bienes. “Ilegalmente sin haber obrado indemnización alguna, intentando desafectar al propietario con una indemnización de $ 114.000.000. Resulta así palpable que no estamos ante un juicio de expropiación sino lisa y llanamente ante un acto confiscatorio por el poder del Estado”, sostienen las defensoras públicas. “Todo ello nos indica que la pretendida indemnización que plantea la Provincia expropiante no satisface las exigencias de reparación justa, actual e integral del bien expropiado”, explican.

Daños y perjuicios

Por último, “hemos de efectuar el reclamo por los Daños y Perjuicios Directos que ha sufrido nuestra representada por el hecho de la expropiación. Concretamente reclamamos el valor de los créditos laborales, civiles y comerciales que Alpesca SA debe pagar como deudor y que se generaron con motivo u ocasión de la expropiación/desposesión de la firma. Si los mismos fueron generados a consecuencia de la expropiación y/o ocupación de nuestra representada, dichas obligaciones resultan un daño directo resarcible por parte de la Provincia expropiante dentro del monto indemnizatorio”, afirman planteando que el Estado debería hacerse cargo de los créditos laborales caídos desde 2014 hasta ahora.

A la espera de sentencia

Cumplido el requisito formal de que la demandada tuviera derecho a defensa y efectúe la contestación de demanda, en este caso como “demandada ausente”, la Jueza Civil y Comercial de Puerto Madryn estaría en condiciones de dictar sentencia.