11/04/2022
Movimientos en la causa de exploración offshore en la Cuenca Norte

El dictamen del fiscal Adler mantiene la decisión adoptada por el juez de primera instancia de impedir el inicio de actividad sísmica ante la falta de acceso a información y la ausencia de garantías respecto del impacto al medio ambiente. Relativiza el beneficio económico para Mar del Plata. Equinor presentó queja.

Revista Puerto - Mar del Plata - Exploracion offshore - 02
Por Karina Fernández

El viernes 8 de abril el Ministerio Público Fiscal dio a conocer el dictamen del fiscal General ante la Cámara de Apelaciones, Daniel Adler, respecto de la apelación presentada ante ese tribunal sobre la apelación a la medida cautelar interpuesta por el juez Santiago Martín que suspende la actividad sísmica en la Cuenca Norte hasta tanto se dicte sentencia definitiva. También se pronunció respecto de la competencia del magistrado y de la Justicia marplatense ante el impacto que dicha exploración podría tener sobre las actividades económicas en la ciudad y el impacto ambiental. La petrolera Equinor, por su parte, presentó un escrito refutando varios argumentos del fiscal, agregando que se habría excedido en el alcance de sus funciones. La Cámara deberá expedirse al respecto.

En su dictamen el Fiscal General convalidó la decisión adoptada por el Juez en primera instancia de hacer lugar a la medida cautelar que suspendió la actividad sísmica en la Cuenca Norte por parte de las petroleras Equinor e YPF, por cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del Acuerdo de Escazú; falta de una instancia de consulta al Municipio de General Pueyrredon y falencias del estudio de impacto ambiental derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino.

Al mismo tiempo Adler ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de las petroleras Equinor e YPF, como así también la recusación del juez Santiago Martín que habían requerido los demandados y confirmó la competencia territorial de la justicia de Mar del Plata en este caso.

“De lo expuesto surge que es deber de este Ministerio Público Fiscal realizar en este caso un estudio exhaustivo de la cuestión que se trae a consideración, sin perjuicio de anticipar que V.E. resulta competente y que la instancia se encuentra habilitada” sostuvo el Fiscal, destacando “la existencia de zonas localizadas en el área de influencia del proyecto que presentan asociadas una elevada sensibilidad”, en referencia a la Reserva Natural cercana al Puerto y la Reserva de la Restinga en el Faro.

También se refirió al impacto ambiental que la actividad sísmica podría tener sobre poblaciones de tortugas marinas y sobre el impacto no estimado sobre recursos pequeros que las exploraciones sísmicas podría generar, haciendo foco en la época de temperaturas cálidas en que las petroleras pretenden comenzar con la actividad sísmica.

No obstante, señaló que “no existe época del año para la realización de la prospección que asegure que ninguna especie se verá afectada. En todos los escenarios alguna habrá de sufrir consecuencias”. Indicó a la vez que no se han analizado debidamente los efectos acumulativos ni se ha respetado el principio precautorio, tal como lo había señalado en su resolución el juez Martín.

En un pasaje de su dictamen el Fiscal indica que ha quedado expuesto, en el análisis del estudio de impacto ambiental, un cúmulo de riesgos reconocidos para al menos algunas especies marinas; la falta de certezas científicas sobre las consecuencias de la prospección, sumado a las falencias que habrían existido en la comunicación previa a la Audiencia Pública: “Todo ello permite evidenciar la necesidad imperiosa de un ámbito de discusión social mucho más amplio que el que se ha brindado hasta la fecha”.

Respecto de la falta de información consideró que no se ha cumplido con lo establecido por el Acuerdo Escazú y la norma surgida de su incorporación, afirmación que sostuvo mediante la presentación de una nota periodística publicada en el Diario La Capital donde el propio Estado lo había reconocido.

Finalmente puso en duda la verosimilitud del impacto económico positivo que la actividad sísmica traería a la ciudad de Mar del Plata, indicando que en esta etapa no está en discusión la explotación petrolera sino la exploración que podría tener un efecto ambiental negativo sin siquiera una posterior realización de las perforaciones. En ese sentido citó una gran cantidad de casos en los que se realizó exploración offshore en el Mar Argentino, tras la cual las petroleras decidieron no realizar inversiones por no considerar las zonas lo suficientemente rentables.

A partir de lo expuesto es que el Fiscal General dictaminó que “la Cámara Federal de Mar del Plata es competente para intervenir en autos; se encuentra habilitada la instancia y se confirme la medida cautelar dispuesta por el magistrado de primera instancia”.

Posteriormente, el representante de la firma Equinor presentó un escrito ante la Cámara manifestando que el Fiscal ha dictaminado sobre cuestiones que exceden el marco del traslado conferido, por lo que solicitan se “tachen las secciones del Dictamen que exceden los alcances de la vista conferida o, en caso de mantenerlas, tenga presente las observaciones realizadas”.

La primera de las observaciones fue que “el Fiscal excede el marco del traslado conferido al dictaminar sobre la admisibilidad de los Recursos de Apelación”. Al respecto indicaron que se “excedió ampliamente los términos en que fue conferida la vista pues, no sólo se expidió sobre dichas cuestiones, sino que además dictaminó sobre la admisibilidad de los Recursos de Apelación”

También consideran que se excedió al expresarse respecto de la competencia territorial del magistrado y sostuvo que en sus consideraciones sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, desconoce que “no es vinculante ni dice lo que el Fiscal manifiesta” y que el estudio de impacto ambiental habría cumplido sobradamente con los requerimientos que de ella emanan.

Consideran que las manifestaciones del Fiscal sobre “el impacto acumulativo son equivocadas”, al tiempo que “atribuye a Equinor manifestaciones que no son suyas”, sino de “la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgo Ambiental”. Dicen que en dicho informe, elaborado por la autoridad ambiental, no existe incumplimiento al Acuerdo de Escazú, como sostiene el fiscal Adler; indicando además que la petrolera dio cumplimiento a dicho Acuerdo en la convocatoria a Audiencia Pública.

Son críticos respecto de las afirmaciones en el dictamen de que “existe peligro en la demora en tanto habría una inminencia del daño, atacando así el principio precautorio citado por el Fiscal y el Juez de primera instancia. La petrolera sostiene que no existen fechas para las tareas exploratorias que puedan impactar en el ambiente y que ningún barco está realizando algún tipo de movimiento ni planea hacerlo en el corto plazo.

“El hecho de que sea necesario contar con una decisión del Poder Judicial no significa que la decisión tenga que dictarse en un marco cautelar. Reiteramos, no están dadas las condiciones que la ley dispone para ello. El Poder Judicial debe dictar una decisión, más dicha decisión debe ser definitiva respecto al fondo, y no cautelar y provisoria”, sostuvo el representante de Equinor.

La última observación realizada fue sobre el sector pesquero. “El Fiscal realiza manifestaciones incorrectas sobre el supuesto impacto económico que tendrá el Proyecto Norte en la actividad pesquera”, aseguran. “Sin ningún tipo de conocimiento técnico sobre la materia, contradice lo que expresamente dice el EIA (que sí fue preparado por técnicos)”, agregaron.

“La falta de afectación a la explotación pesquera queda demostrada cuando se observa que el sector pesquero, pese a haber intervenido en el proceso administrativo, no interpuso acción judicial alguna tendiente a frenar el Proyecto Norte”, argumenta la petrolera.

Finalmente informan que “Equinor mantiene la reserva federal realizada en los Recursos de Apelación para acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Se espera que a la brevedad defina la Cámara de Apelaciones sobre las posturas aquí expuestas.