05/05/2022
Europa frena la prohibición del arrastre y piden ampliación de subsidios

El Parlamento Europeo sometió a votación la prohibición de la pesca de arrastre en áreas marinas protegidas y finalmente fue eliminada de la resolución que lo establecía. Ahora piden suprimir los aranceles al calamar de Malvinas. España además reclama a su gobierno subsidio al combustible para los barcos que pescan en aguas lejanas.

Revista Puerto - El Parlamento Europeo suprime la prohibicion de la pesca de arrastre - 02
Por Karina Fernández

La prohibición del arrastre propuesta por la parlamentaria de Portugal tenía como ámbito de aplicación las Áreas Marinas Protegidas de Europa en el marco de sustentabilidad de los océanos que se pretende alcanzar en 2030.  Pero al verse afectados algunos sectores pesqueros, se presentó como una prohibición total y se realizaron gestiones para impedirla bajo ese supuesto. Las gestiones tuvieron éxito y el Parlamento Europeo ayer aprobó una enmienda que deroga el texto que prohibía la pesca en áreas protegidas y la circunscribe a las áreas de protección estricta. Por otra parte, y también contradiciendo los objetivos de la pesca azul o sustentable, se ha planteado al Parlamento la eliminación de los aranceles al calamar que proviene de Malvinas, lo que se constituiría en una ampliación de subsidios. Cuando los subsidios a la pesca están siendo materia de discusión por contribuir a la Pesca Ilegal o No Declarada y No Reglamentada, en España no se contentan con la baja de aranceles, sino que también están solicitando a su gobierno que se aplique a la flota que opera en aguas internacionales el subsidio al combustible.

En la resolución no legislativa sobre economía azul del Parlamento Europeo, la eurodiputada socialista portuguesa Isabel Carvalhais había logrado incorporar en el texto la prohibición total de la pesca de arrastre en todas las áreas marítimas protegidas. Pero varios eurodiputados se mostraron disconformes con esa medida, especialmente los españoles, que aseguran no existe información científica que la justifique.

Desde CEPESCA habían adelantado, hace apenas una semana, que “batallarían” para derribar la prohibición progresiva y escalonada del uso de redes de arrastre en los espacios marítimos europeos. La batalla no duró mucho: este martes han logrado vencer a los parlamentarios que solicitaban resguardar las áreas protegidas del uso de este arte de pesca.

“El voto en contra de la prohibición de la pesca de arrastre del Grupo Popular Europeo, liderado por la delegación española del PP, ha hecho que se logre que en el texto final del informe se limite a pedir que la Unión prohíba “el uso de técnicas perjudiciales en sus zonas marinas estrictamente protegidas siguiendo el mejor asesoramiento científico disponible”, publicó el portal Europa Azul, sobre la definición del Parlamento.

Poco creíble o lamentable es que Europa tenga mayores deficiencias que las nuestras para evaluar sus recursos pesqueros si no cuentan con información científica sobre el efecto del arrastre, más aún cuando se trata de áreas marinas protegidas. Es dable pensar que esta discusión no ha terminado, pero por el momento los europeos tienen vía libre para el uso del arrastre.

Si bien la medida no resulta coherente con los objetivos que el mismo Parlamento se ha fijado para la economía azul, menos aún lo es que busque ahora ampliar subsidios a la pesca en aguas del Atlántico Sur, específicamente en Malvinas. Se trata de una de las tantas medidas que están solicitando se lleven a cabo en las aguas bajo dominio de la corona británica, tras el Brexit.

En el Parlamento ven con preocupación las mayores restricciones de tipo biológico y las garantías sociales sobre las que está avanzando el Reino Unido en aguas bajo su dominio. La creación de áreas marinas protegidas, la obligación de contar con una tripulación mayormente británica, la descarga de un 70 por ciento de la captura en sus puertos a partir del 1 de abril de este año y la obligatoriedad para todas las empresas de pesca que operan en Malvinas de que el 51 por ciento de sus acciones sea de propiedad malvinense, ha puesto en alerta a los parlamentarios europeos, especialmente a los españoles.

En el texto aprobado en abril pasado han exigido “al Reino Unido que ponga fin inmediatamente a cualquier control intimidatorio de buques de la Unión y se abstenga de imponer cualquier medida técnica que resulte discriminatoria”, alegando que toda medida debe “garantizar la sostenibilidad medioambiental a largo plazo, sobre la base de datos que puedan verificarse científicamente”.

En ese contexto y ante la pérdida del estatuto preferencial de los territorios de ultramar de la Unión a partir del Brexit, han pedido “a la Comisión y al Consejo que tomen todas las medidas necesarias para eliminar los aranceles a la importación de calamar patagónico (Loligo gahi)”. Lo que implicaría un aumento a los subsidios a la pesca, señalados como contribuyentes a la proliferación de la pesca Ilegal, o no Declarada, no Reglamentada.

Desde el Parlamento han instado a que los representantes del sector pesquero, las autoridades regionales, las comunidades costeras y otras partes interesadas participen activamente en el seguimiento y la aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación con el Reino Unido. Han solicitado en ese sentido que se constituya un grupo consultivo permanente.

Pero en relación con la pesca en Malvinas y en el Atlántico Sur, España no se contenta con la baja de aranceles: también está solicitando a su gobierno que extienda el beneficio del subsidio al combustible a los barcos de altura que operan en aguas foráneas o internacionales. España ha sido el país que con mayor vehemencia se ha opuesto a la quita de subsidios al combustible en el marco de las negociaciones de la OMC.

El argumento esgrimido es el aumento de los costos en el contexto de la guerra de Ucrania y piden que se les aplique la reducción de veinte centavos de euro por litro como ocurre con la flota nacional que opera en aguas españolas.

En este caso también es CEPESCA la que lleva la voz cantante, desde donde se asegura que al no otorgar el subsidio se está contribuyendo al debilitamiento de esa flota y que por tanto se atenta contra la seguridad alimentaria del país. Señalan además que se encuentran en desventaja con la flota asiática que también opera en el Atlántico Sur y goza de ese beneficio.

En el afán por conseguir el apoyo del gobierno, el sector pesquero español ha expuesto situaciones que contradicen todas las banderas de la pesca sustentable que alzan en los más prestigiosos ámbitos. No solo por la búsqueda de ampliación de subsidios, sino porque han planteado por ejemplo que el valor del combustible es “de 1,380 euros el litro, o de 1,440 euros en el caso de repostar en alta mar”, una actividad ilícita en muchas partes y condenada en aguas internacionales por ser considerada perjudicial para el medio ambiente.

También han manifestado que la flota que opera en aguas distantes sufre la competencia de otras flotas, “como las asiáticas que, sin cumplir los mismos estándares de calidad, socioeconómicos y medioambientales que se exigen en Europa, introducen sus productos para el consumo de los ciudadanos comunitarios en muchos casos libres de aranceles”, reprodujo Europa Azul.

En España están muy preocupados, porque creen que, de no avanzar con la aprobación del subsidio u otras medidas similares, la flota que opera desde el Puerto de Montevideo se verá obligada a regresar en pocas semanas cuando se termine la temporada de calamar en el Atlántico Sur.

Las preocupaciones de España son una buena noticia para nosotros, las aguas lejanas. La reducción del esfuerzo pesquero al borde de nuestra Zona Económica Exclusiva, donde no existe la investigación científica para garantizar el manejo responsable que pregonan en otros ámbitos, ni el control, ni la declaración fiable de sus capturas, la única oportunidad de preservar nuestros recursos, es que dejen de ser rentables. Lo mismo se deberá exigir a las flotas asiáticas; la eliminación de los subsidios apunta a ello.