06/06/2022
La Cámara dictó sentencia sobre la exploración offshore

Ordenó que se realice un nuevo Dictamen de Impacto Ambiental complementario, que contemple los impactos acumulativos y una Evaluación Ambiental Estratégica. Exige se dé intervención a Parques Naturales; se tome en cuenta las últimas audiencias públicas y que el control vuelva al Ministerio de Ambiente.

Revista Puerto - Mar del Plata - Exploracion offshore
Por Karina Fernández

El viernes por fin se conoció la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata respecto de la medida cautelar dictada por el juez Santiago Martín y la apelación a la medida interpuesta por la empresa Equinor, YPF y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza, con la firma del secretario de Cámara Walter Pelle, dictaminaron que lo resuelto por el juez de primera instancia respondía al principio precautorio que debe aplicarse en proyectos de esta envergadura, y aunque anulan la cautelar, ordenan una serie de modificaciones y acciones complementarias que las empresas petroleras y el Ejecutivo Nacional deben realizar para otorgar garantías de sostenibilidad, antes de dar inicio a la actividad sísmica en la Cuenca Norte.

La Cámara resolvió que el Ministerio de Ambiente deberá dictar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), complementaria de la ya dictada, e integrada con los estudios referidos a posibles impactos acumulativos, y que reúna determinados recaudos. La nueva DIA se debe dictar una vez realizadas las siguientes acciones marcadas por el tribunal:

“Luego de otorgar la necesaria participación de la Administración de Parques Nacionales para que cumpla el rol encomendado por las leyes 22.351 y 23.094, deberá evaluarse y valorarse su opinión o dictamen, tomándose entonces las medidas que correspondan en consecuencia”.

Este primer punto hace referencia a la Ballena Franca Austral declarada Monumento Nacional, cuyo “manejo, fiscalización y protección de inviolabilidad debe estar a cargo de Parques Nacionales, con intervención obligatoria en el estudio, programación y autorización de cualquier obra pública dentro de su jurisdicción”. La sumisión por parte de las petroleras y del Ministerio de Ambiente de la presencia de esta especie en la zona a prospectar, “exige la inclusión de esta Administración”, señalaron los magistrados.

También resolvieron que: “Deberán valorarse las intervenciones participativas organizadas a nivel municipal última audiencia pública consultiva iniciada en fecha 30 de mayo de 2022), y nacional (consulta popular que culminó el 19 de mayo de 2022)” (ver Voces a favor y en contra de la exploración offshore y El sector pesquero pide garantías de sustentabilidad en la exploración offshore).

Sobre las audiencias públicas la justicia cuestionó la forma en la que se llevaron a cabo, indicando que no se realizaron con la antelación requerida y no se difundieron en medios locales ni especializados, haciéndolo solo en dos periódicos nacionales de bajo alcance como Pagina 12 y Crónica, situación que debe subsanarse a futuro. Pero además se consideró necesario tener en cuenta estas audiencias realizadas con posterioridad al DIA, en las que se cuestionó la falta de información sobre impactos acumulativos y la realización de campañas antes, durante y después de realiza la actividad sísmica.

En tercer lugar, se dictaminó que deberá incluirse al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el control y fiscalización del cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental y su correspondiente Plan de Gestión Ambiental.

Consideran los camaristas que, dada la envergadura del proyecto, no es razonable que quede sólo bajo la órbita de la Secretaría de Energía, “ya que los desafíos ambientales del proyecto son sumamente relevantes, y requieren de un monitoreo permanente de parte de los organismos especializados en la materia, que – obviamente- no se encuentran en el Ministerio de Economía, sino en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Indicando que, al delegar estas funciones, “no hace otra cosa que menospreciar toda la información referida a los posibles daños ambientales evaluados del proyecto”.

Un punto clave es el cuarto donde se indica que “deberán incluirse, analizarse y sopesarse en forma conglobada, el ámbito espacial y los plazos temporales en que se pone en práctica el presente proyecto, atendiendo a los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos”; estas acciones pondrían a resguardo los recursos pesqueros que no ha sido suficientemente sopesados.

Los magistrados señalan que, de la documentación y explicaciones dadas, se deduce que el proyecto “implica la implementación de políticas, planes y un programa de desarrollo energético, en el que se debería haber realizado una Evaluación Ambiental Estratégica”; que evalúa la macro finalidad de alcanzar el desarrollo y crecimiento en un delicado equilibrio, “articulando una relación sistémica entre las dimensiones económica, social y ambiental”.

Si se hubiera llevado a cabo la Evaluación Ambiental Estratégica, además se “compondría y resguardaría la matriz energética, dando “a la autoridad pública, una oportunidad única y crucial para avanzar hacia un proceso de transición de modelo energético”, indicaron.

Señalaron los jueces que “se impone la necesidad de una evaluación comprensiva de todos los proyectos de exploración, habida contextual y sistémicamente dentro de una planificación, tanto energética como del ordenamiento marino, proyectando sus impactos acumulativos y un análisis integral ecosistémico”.

Y se agrega a este párrafo y como una orden en la sentencia que “salvo circunstancias debidamente fundadas en que ello no pudiese evitarse de ninguna manera, las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental a dictarse, deberán ser emitidas asertivamente, y no en modo potencial o condicional”. Partiendo de la base de que el trabajo conjunto de la Secretaría de Energía y de Medio Ambiente, habrá de detectar la existencia de impactos acumulativos y/o posibles daños o alteraciones ambientales en la prospección propuesta.

“De esta manera podrá anticiparse –aún en la etapa de prospección– la producción de daños en el ecosistema que luego podrían ser irreversibles, previniéndolos o atemperándolos, a modo de vindicar una futura extracción racional y sustentable del recurso energético en cuestión”, indicaron los magistrados.

Finalmente, señalaron que no se advierte la existencia de un “peligro inminente” que justifique la adopción de una cautela judicial que paralice definitivamente las actividades sísmicas. “Pensamos que junto con el cumplimiento efectivo de aquellos resguardos que este Tribunal dispone en esta resolución”, se desarrollará en condiciones de sustentabilidad. Solicitaron finalmente al magistrado Santiago Martín, que se tenga en cuenta la celeridad que el caso merece.