En la conferencia anual de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA): Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Rusia, Francia, India, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Países Bajos, Reino Unido, Corea, China, Sudáfrica, Suecia, Ucrania, Unión Europea y Uruguay, debatieron entre otros temas sobre la captura de merluza negra en el área de manejo circundante a las Islas Georgias del Sur (denominada Subárea 48.3). La merluza negra se debe administrar bajo parámetros internacionales y en aguas de libre acceso como aquellas que se encuentran en disputa, en este caso entre Gran Bretaña y nuestro país, es la CCRVMA quien fija las cuotas anuales y vela por su manejo. En 2022 no se pudo establecer una cuota porque Rusia consideró insuficiente la información científica y al no poder establecerse por consenso un número de toneladas, la pesca en dicha área no estuvo habilitada. Sin embargo, Gran Bretaña a través de cuotas otorgadas por Malvinas a cuatro barcos pescó todo el año. Argentina y Rusia solicitaron se incluya a esos barcos en la lista de pesca Ilegal, No Declarada, No Reglamentada (INDNR). La traba impuesta por Rusia y las acciones de los ingleses generaron un fuerte debate que quedó plasmado en las actas de la conferencia.

Uno de los primeros países en tomar la palabra fue Ucrania e instaló como punto de partida la decisión de Rusia de trabar el funcionamiento de la CCRVMA: “Es un hecho que la pesquería de merluza negra en la Subárea 48.3 ha sido bloqueada por la Federación Rusa”, expresaron y recordaron que ninguna miembro de la CCRVMA estuvo de acuerdo con los argumentos de Rusia. Además, se señaló que la mayoría de los expertos reconocieron que la intervención rusa en este tema “parece ser una acción política, técnicamente realizada mediante el bloqueo del consenso”.

Continuó reclamando a Rusia que asuma “su parte de responsabilidad por plantear este problema que dañó la unidad de la CCRVMA” y aseguró que no se puede comparar “una pesquería INDNR típica que busca obtener un beneficio comercial por acciones de pesca ilegal con el caso de los barcos pesqueros del Reino Unido que realizan pesca ordenada en la Subárea 48.3 en armonía con los principales enfoques de la CCRVMA, con la presentación de informes regulares”.

Argentina tomó la palabra inmediatamente y recordó que “el comportamiento de un Miembro nunca debe llevar a otro Miembro a actuar por fuera de las normas” y que “Reino Unido fue el único Miembro que procedió a realizar actividades de pesca sin una medida de conservación”.

Aseguró nuestro país que, a partir del dictado de la norma que regula la pesquería, ningún miembro tiene permitida la captura en el área de Georgias sin un límite de captura y que eso fue lo que hizo el Reino Unido la temporada pasada. Comunicó también que requirió los informes de captura a ese país, pero no los recibió y que solicitó a la Comisión que no permita la captura de la flota británica pero que dicho pedido no fue considerado.

El Secretario de la CCRVMA respondió que no tienen capacidad de satisfacer la solicitud hecha por Argentina y que esta requeriría de una decisión de la Comisión. En respuesta el delegado argentino lamentó la decisión adoptada y alertó que, “de continuar esta situación, se corre el riesgo de volver a la situación legal vigente en los años 60 y 70, no solo en la Subárea 48.3, sino en toda el área de la Convención, frustrando así drásticamente los avances logrados hasta ahora en la ordenación de los recursos vivos marinos antárticos”.

Por su parte, Noruega señaló que el hecho de que Rusia hubiera impedido fijar una captura máxima no conduce a la prohibición de pesca, dado que de ser así se debería establecer mediante una medida de conservación. Sostuvieron que la no renovación de la cuota de merluza negra en Georgias no significa que la pesca esté “prohibida o cerrada, como han sugerido algunas partes”.

Afirmaron los noruegos que no renovar la cuota representa un fracaso de la Comisión para cumplir los mandatos establecidos en 1987 sobre el manejo de la especie, pero que es un órgano político que decide por sí mismo si desea ejercer su competencia, en este caso renovando las medidas en cuestión. El incumplimiento de esta renovación “es profundamente lamentable, pero no conduce a una prohibición de la pesca”, sostuvieron, al tiempo que rechazaron la inclusión de los barcos británicos en una lista de pesca INDNR, por estas razones.

El Reino Unido, coprotagonista de esta situación, señaló que se trata de “un tema muy delicado que ha sido introducido en esta Comisión por el comportamiento de Rusia. Comportamiento con el que persisten. Hoy dentro de la CCRVMA su atención está en el Reino Unido; mañana podría estar en cualquier otro”, señalaron; y rechazaron “la caracterización de la situación por parte de Rusia y Argentina”.

Argentina introdujo en la discusión el tema de la disputa por Malvinas y el resto de los Miembros lamentaron que se volviera sobre este punto, señalando que ya se había discutido en reiteradas oportunidades. Por su parte el Reino Unido, en contraposición a las aseveraciones de nuestro delegado, reafirmó su postura indicando “que no tiene dudas sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus zonas marítimas circundantes, lo cual es bien conocido por todos los delegados”.

Rusia, el otro protagonista de esta historia, solicitó al igual que Argentina, la inclusión de los barcos de Reino Unido Argos Georgia, Argos Helena, Nordic Prince y Polar Bay en la lista de barcos de pesca INDNR, diciendo que el accionar fue “de una ilegalidad clamorosa” y señaló que la respuesta de Reino Unido “parece ser parte de un patrón de conducta para ignorar el marco legal de la CCRVMA”.

La Unión Europea expresó su preocupación por el enfoque de Rusia, dado que como Miembro de esta Convención se ha comprometido con el principio de utilizar la mejor ciencia disponible para conservar los recursos vivos marinos antárticos. “Sin embargo, Rusia ha ignorado repetidamente la información científica proporcionada para informar decisiones de gestión clave para lograr objetivos políticos”, sentenciaron.

“El rechazo repetido de Rusia a la mejor información científica disponible equivale a un abuso de su compromiso de participar en la toma de decisiones basada en el consenso”, señalaron desde la UE, e hicieron “un llamado a Rusia para que vuelva a su enfoque de trabajar con otros miembros de buena fe y con un espíritu de colaboración, y que respete el principio de la toma de decisiones basada en la ciencia y el enfoque ecosistémico que sustenta el trabajo de la CCRVMA”.

Estados Unidos, que durante 2022, tras denunciar el hecho, impidió el ingreso a su mercado de la merluza negra capturada por los barcos británicos, lamentó que la Comisión no haya podido manejar esta situación y recriminó a Rusia por su postura: “La CCRVMA siempre ha manejado esta pesquería con base en la precaución y la ciencia sólida. Esta pesquería es ahora una fuente de división entre naciones afines debido a una objeción de conservación rusa que no cuenta con el respaldo del Comité Científico de este organismo”.

Manteniéndose Rusia en su postura de no aprobar una cuota para 2023, desde Argentina se propuso realizar una campaña de investigación científica en la Subárea 48.3, con el objetivo de estudiar las poblaciones de merluza negra, y brindar a los miembros datos relevantes que puedan contribuir a encontrar una solución científica al problema. El único apoyo que recibió Argentina, según consta en el acta, fue de Rusia. Gran Bretaña rechazó el ofrecimiento y los demás miembros no se expidieron al respecto.

A pesar de ello, en el INIDEP se está trabajando desde hace unos meses en el diseño de la campaña y la orden de Cancillería es seguir adelante y concretar el crucero. En principio no existirían motivos para que la CCRVMA lo prohíba, pero en medio de esta controversia, con ribetes más políticos que biológicos, todo es posible.

Dando cierre a este tema desde la dirección de la CCRVMA señalaron que la cooperación y la colaboración abierta han sido su fortaleza, pero que ahora está frenando su progreso. “Los países que han priorizado sus necesidades individuales han debilitado nuestra capacidad para cumplir con los objetivos de conservación compartidos sobre los que se fundó este organismo” y concluyeron, antes de comunicar la falta de acuerdo en este punto, que “esta pesquería es ahora una fuente de división entre naciones afines debido a una objeción de conservación rusa que no cuenta con el respaldo del Comité Científico de este organismo”.

Sin acuerdo en 2023 tampoco habrá una cuota de captura para la merluza negra en la zona de las Islas Georgias. Nada hace pensar que el Reino Unido no volverá a pescar, mucho menos después del resultado de esta Conferencia en la que no recibió ningún castigo por haber violado una norma del acuerdo. Por otra parte, la visión casi unánime de que la interferencia rusa es injustificada y tiene un tinte político antes que biológico, termina por avalar la decisión unilateral de los británicos.