07/12/2022
El fallo de la Cámara que permite avanzar con la exploración offshore

La medida cautelar fue levantada parcialmente dado que se deberá hacer modificaciones al proyecto como la inclusión de observadores de Pampa Azul para velar por el cuidado la Ballena Franca y tutelar el Agujero Azul donde no podrán realizarse exploraciones a menos de 50 kilómetros. Aclaran que el fallo es sobre la prospección y no sobre la explotación.

Revista Puerto - Mar del Plata - Fallo de Camara sobre exploracion sismica
Por Karina Fernández

Los jueces habían dilatado el dictado de la sentencia por encontrarse vacante el cargo de tercer integrante de este Tribunal, pero luego de una reunión mantenida entre la Secretaría de Energía y la petrolera Equinor que amenazó con abandonar el proyecto, los magistrados tomaron una resolución y el puesto vacante fue subrogado por el secretario de la Cámara. La medida cautelar se levantó parcialmente, al considerar el tribunal que se puede dar inicio a las actividades sísmicas, pero se deberán introducir algunos cambios al proyecto, como incluir observadores de Pampa Azul y no se podrá explorar a menos de 50 kilómetros del Agujero Azul. Asimismo, indicaron que ante cualquier evidencia de impacto nocivo sobre el ambiente podría revertirse la situación y que este fallo no implica que estén las condiciones dadas desde el punto de vista ambiental para realizar actividades de extracción de petróleo. Ahora debe definir el juez Santiago Martín.

“Consideramos natural que en este tipo de pleitos los intereses en pugna aparezcan contrapuestos. En efecto, los proyectos humanos acarrean usualmente impactos ambientales de diversa índole y calidad, por lo cual es necesario sopesar sus consecuencias, como asimismo los costos y beneficios (patrimoniales y extrapatrimoniales) que ellos reportan, en un obligado intento de armonizar desarrollo y la tutela del ambiente, cumpliendo así con el mandato de sostenibilidad impuesto por el art. 41 de nuestra Constitución Nacional”, indicaron los jueces del Tribunal.

“Sin duda alguna, entonces, los jueces –en estos casos– debemos obrar con suma prudencia y evaluar las consecuencias de nuestras decisiones (), a la luz de la trascendencia social, ambiental y económica de las mismas” se indica en el fallo.

Al realizar un análisis de recaudos establecidos por la Cámara que el juez de primera instancia, Santiago Martín, consideró que no se habían cumplido, señalan con relación a la participación de la Administración de Parques Naturales (APN), que se le dio intervención y que la APN indicó, a partir de la emisión de cuatro informes, determinadas consideraciones respecto de la realización de las actividades de prospección sísmica y su vinculación con posibles alteraciones al ecosistema, en particular en lo referido a los movimientos de la Ballena Franca Austral.

“En efecto, allí se constató que existe superposición de la actividad exploratoria, con áreas de alimentación y migración para el Monumento Nacional Ballena Franca Austral, ya que la zona en la que está planificado realizar las prospecciones, se superpone con un área de alimentación (área de alimentación norte, primavera-verano), además de área de paso para la Ballena Franca Austral, que se reproduce en Península Valdés, Chubut (invierno y primavera)”, reconocen los jueces.

Pero indican que, de todos modos, “la APN expresó que el análisis se encuentra abordado desde el proyecto adecuadamente, agregando que las medidas propuestas en el Plan de Gestión Ambiental, son apropiadas para mitigar los potenciales impactos”, haciendo referencia a la declaración final realizada por del Director de la APN.

“Tal conclusión es inequívoca y esencial en lo que refiere a esta causa”, indicaron los jueces y agregaron que “es innegable que la APN –ahora sí– ha tenido su debida intervención, habiendo emitido esta Administración, la opinión fundada y contundente que le fuera requerida respecto al tema de su incumbencia”, a pesar de que el juez Martín haya considerado que no hubo una debida valoración de los informes.

“El Poder Judicial no está facultado constitucionalmente para diseñar las políticas públicas vinculadas con el desarrollo energético, pues ello lo convertiría en una especie de Administración paralela violatoria del principio de División de Poderes, y por esa misma razón le está vedado inmiscuirse en la valoración técnica efectuada internamente por la cúpula directiva de la APN, cuando ella ha concluido  que el análisis se encuentra abordado desde el proyecto adecuadamente, agregando que las medidas propuestas en el Plan de Gestión Ambiental son apropiadas para mitigar los potenciales impactos”, indicaron desde la Cámara dando por cumplido el requerimiento.

Sobre la valoración de las instancias participativas, los magistrados indicaron que ya habían dictaminado oportunamente sobre este tema y que los agravios “no son más que una reiteración de argumentos que ya fueron evaluados” por lo que deben rechazarse y darse por cumplidos.

Finalmente, sobre la inclusión y valoración en forma conglobada de los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos, recordó que este Tribunal ordenó que debían incluirse, analizarse y sopesarse en forma conglobada, el ámbito espacial y los plazos temporales en que se pone en práctica el presente proyecto, indicando que es necesario evaluar con suma prudencia si se ha cumplido acabadamente el recaudo establecido.

Entienden los jueces que, “a partir de los requerimientos de esta Cámara, el análisis de los impactos acumulativos del Proyecto se ha incorporado con mayor desarrollo”, pero consideraron que algunos elementos, por su trascendencia, merecen una tutela especial en el marco de las medidas de mitigación propuestas.

Entre los elementos a considerar numeran: la necesidad de maximizar el cuidado del Monumento Natural Ballena Franca; la tutela que merece el denominado Agujero Azul; la inviabilidad del otorgamiento de Declaraciones de Impacto Ambiental a más de un proyecto de exploración sísmica 3D sobre el mismo bloque o área permisionada, a realizarse en el mismo período de tiempo y la necesidad de suspender toda actividad ante un acontecimiento que afecte sensiblemente al ambiente.

“Como conclusión de todo lo expuesto hasta aquí, llegamos a que debe levantarse la medida cautelar oportunamente dispuesta, pues deben tenerse por cumplidos todos los requisitos establecidos por esta Cámara oportunamente. Sin embargo, ello no obsta que se establezcan algunas condiciones adicionales, que deberán cumplirse en el curso del Proyecto, y que serán adoptadas oficiosamente por esta Alzada”, concluye la Cámara y establece las condiciones bajo las que se podrá dar inicio la actividad sísmica en la Cuenca Norte.

Ordenaron entonces que deberán incluirse, como Observadores Permanentes, a miembros de Pampa Azul, quienes deberán velar por el cuidado del Monumento Natural Ballena Franca, por la tutela del Agujero Azul, así como denunciar a las autoridades administrativas y judiciales actuantes cualquier acontecimiento que afecte sensiblemente al ambiente, para propiciar la inmediata suspensión de las actividades en caso de darse tales supuestos.

También establecieron que las actividades de prospección sísmica no deberán llevarse a cabo a una distancia menor a cincuenta kilómetros del Agujero Azul y que las actividades propias del Proyecto deberán suspenderse inmediatamente, ante la verificación de cualquier acontecimiento que dañe sensiblemente al ambiente, tanto por parte de las autoridades administrativas o judiciales como por parte de los responsables de su ejecución.

“Asimismo, se exhorta a las autoridades administrativas a que propicien y mantengan permanentemente un máximo nivel de control sobre las actividades del Proyecto, para cumplir con las mandas que el derecho impone en la materia respecto a la tutela del medio ambiente”, ordena el fallo.

Los magistrados Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y el secretario de Cámara Walter Pelle aclararon que más allá de lo decidido por ellos, “un cambio relevante de circunstancias puede sustentar un nuevo planteo tutelar, y que –además– el destino final del juicio estará marcado por su sentencia definitiva”.

En una última aclaración hacia la sociedad en su conjunto recuerdan que, “este proceso tiene por objeto de análisis un Proyecto de prospección sísmica cuya finalidad es determinar si existen reservas petroleras en el fondo submarino; sin que se esté debatiendo aún un Proyecto extractivo (si es que tal extracción es viable desde el punto de vista ambiental, técnico y económico)” y concluyen indicando que “las decisiones que se tomen en este expediente no implican de ningún modo avalar un desconocido proyecto de extracción de un recurso todavía no encontrado”.