En el Consejo Federal Pesquero existe un acuerdo no escrito de que cada punto de las actas es discutido hasta lograr ser aprobado por unanimidad; es por eso que rara vez algún representante vota de forma negativa. La reunión del miércoles se prolongó hasta la una de la mañana porque no existía consenso por la renovación del acuerdo sobre el otorgamiento de un cupo de resarcimiento a las provincias de Chubut y Santa Cruz por dejar de pescar en aguas provinciales, en el interior del Golfo San Jorge, para garantizar el crecimiento del langostino. La provincia de Buenos Aires se opuso por considerarlo injusto y llevó como propuesta que se creara un Fondo para repartir a todas las provincias.

En el año 2018 las provincias del Chubut y de Santa Cruz se comprometieron a no permitir la captura de la especie langostino en todo el Golfo San Jorge por cinco años y a renovar el compromiso antes de que culminara ese plazo. El Consejo Federal Pesquero decidió compensarlas con la asignación a cada una de un cupo social de 3.800 toneladas anuales, para que sean utilizadas por los buques fresqueros que nominen.

La renovación por otros cinco años del renunciamiento de Chubut y Santa Cruz de pescar en aguas provinciales, para preservar el crecimiento del langostino que alimenta a toda la pesquería y que ha permitido en gran medida que los volúmenes de captura lleguen a los niveles que hoy tenemos, afortunadamente se aprobó la semana pasada en la reunión del CFP, a pesar de la oposición de la provincia de Buenos Aires.

Todos estuvieron de acuerdo a excepción de la representante de la provincia de Buenos Aires, Carla Seain, que dijo concordar en cuanto al hecho de que se preserve el recurso, pero no en que se recompensara solo a estas provincias.

“La representante de la provincia de Buenos Aires apoya el cierre del Golfo, atendiendo la importancia que el mismo implica para la reproducción del recurso. La mencionada medida corresponde estrictamente a un adecuado manejo del recurso pesquero, en particular de la especie langostino y a la necesidad de garantizar su sustentabilidad”, reproduce el Acta 38 de CFP.

Aclarando su voto negativo, siguió: “En virtud de los plazos planteados para la prórroga, acompañado de sostener la asignación de un volumen de ‘cuota social’ que sea exclusiva para las provincias implicadas en la norma, en el sentido de lo que implica una cuota ‘social’ y siendo que la provincia de Buenos Aires no pueda contar con la misma oportunidad, emite su voto en contra”.

La representante de Buenos Aires considera que, aunque son los barcos de Chubut y Santa Cruz los que dejan de pescar en aguas de su jurisdicción para preservar el recurso, los bonaerenses deben recibir la misma compensación, aunque no se sabe en virtud de qué.

Según hizo saber a este medio a través del personal de prensa del Ministerio de Asuntos Agrarios, lo que se hizo fue defender los intereses de los bonaerenses porque ellos tampoco pueden pescar en esa área vedada. Parecen no comprender las limitaciones jurisdiccionales y desde allí ensayan una supuesta defensa de los intereses bonaerenses que solo se podría entender en cierta forma si hablaran únicamente del sector norte AIER (Área Interjurisdiccional de Esfuerzo Restringido) que es incluido en la medida, pero no lo hacen.

La zona en la que está prohibido pescar langostino se encuentra delimitada por el límite Este del AIER, el límite de las aguas de jurisdicción nacional con las de jurisdicción provincial, y los puntos geográficos delimitados por la jurisdicción provincial y los paralelos de 43º y 44º de latitud Sur y los meridianos de 63° 30’ y 64° 30’ de longitud Oeste.

Como reparación por no ser incluida en el cupo de resarcimiento, la provincia de Buenos Aries propuso la creación de un Fondo de 5000 toneladas para repartir entre todas las provincias y Consejo Federal terminó aceptando bajo ciertas condiciones.

“Con el fin de fomentar el empleo de mano de obra en plantas en tierra, y la producción con mayor valor agregado”, se consideró oportuno crear el Fondo de Asignación para el Fomento Productivo (FAFP) de 5.000 toneladas anuales de langostino, “sujetas a la evaluación del estado del recurso, que estará vigente hasta el período anual 2028 inclusive, y que será asignado total o parcialmente con el voto unánime de todos los integrantes del CFP”.

Es incomprensible primero la oposición al resarcimiento por una concesión que hacen los gobiernos provinciales. Pero más incomprensible aún resulta que la representante de Buenos Aires ponga tanta energía en oponerse a este cupo de langostino y nunca haya levantado la voz para oponerse a la devolución de cuota de merluza o el incumpliendo del procesamiento de la cuota social de esta misma especie o los reprocesamientos comprometidos de calamar, situaciones que han generado la pérdida de miles de puestos de empleo en Mar del Plata, la ciudad con más desocupación de la provincia y la segunda del país.

Incluso la propuesta de este fondo insinúa desconocimiento de la realidad social de quienes representa. Más langostino para barcos bonaerenses no ha derivado en más trabajo en tierra, sino todo lo contrario. En Mar del Plata no hay convenio de procesamiento de langostino, son muy pocas las empresas que procesan y las experiencias no han sido buenas. La mayoría de los barcos dejan sus capturas en la Patagonia y lo que ha generado el aumento en las capturas de langostino en la ciudad es menos merluza en las mesas de corte y por consiguiente menos empleo.

Será interesante comprobar, a partir de agosto del año que viene, cuando, si todos los consejeros están de acuerdo, se comience a repartir ese Fondo, si el trabajo en tierra aumenta en Mar del Plata o aumentan los barcos que ponen a disposición las toneladas de merluza hubbsi que no pescarán ni procesarán en tierra. De todas las batallas que puede dar la provincia de Buenos Aires, esta parece ser la menos necesaria e inteligente.