Mar del Plata fue sede la semana pasada del Encuentro Regional Pampeano de Fiscalización 2023 organizado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, el cual contó con la presencia del subsecretario de Fiscalización, Sebastián Pilatti.

En el marco de dicho encuentro desde la cartera laboral anunciaron que realizarían tareas de fiscalización del trabajo registrado “en varios puntos de la ciudad”, donde se incluía a la actividad marítima y pesquera, según confiaron fuentes de la delegación local del Ministerio.

“Se realizarán acciones en territorio con el fin de reforzar el plan de trabajo en Mar del Plata y delinear mecanismos eficaces tendientes a mejorar la política de fiscalización que desarrolla el Ministerio”, refirió el anticipo de prensa enviado desde la cartera laboral.

En la comitiva también se destacaba la figura de Esteban Roca Ques, coordinador Nacional de Fiscalización Portuaria, Marítima, Lacustre y Fluvial del Ministerio, junto con inspectores y planificadores de la Región.

Daniel Di Bártolo, el titular de la Agencia Territorial Mar del Plata del Ministerio, apenas pudo precisar que la acción en “territorio” se enfocaba en buques pesqueros. Justamente un sector donde todo el personal embarcado esta registrado bajo convenio colectivo de su respectivo sindicato marítimo y no hay precarización laboral alguna.

Ya que estuvieron caminando los muelles podrían haberse detenido en alguna descarga. Ahí tal vez encontrarían estibadores socios de cooperativas y afiliados al SUPA, que muchas veces marcan situaciones irregulares en el funcionamiento de las empresas de servicios. Hace poco los guincheros reclamaban por la falta de pago de aportes sociales de alguna de ellas.

Al cierre de esta edición, Di Bártolo no había podido aportar la nómina de embarcaciones pesqueras que fueron inspeccionadas en el puerto local.

La otra acción en el territorio donde late la industria pesquera fue un  gazebo que la CGT local instaló en la esquina de 12 de Octubre y Edison, bajo el lema “Conocé tus derechos”, el cual tuvo la participación de dirigentes del SUPA, Rubén Manno, ahora en la Asociación de Capitanes, SIMAPE  y el SAON, junto con movimientos sociales.

Llamó la atención la ausencia de dirigentes del SOIP, el gremio que más involucrado debería estar en erradicar la informalidad en el puerto. “Nosotros invitamos a todos los sindicatos que conforman la CGT porque todos debemos estar al frente de este problema”, refirió uno de los dirigentes.

El jefe de la Agencia Territorial Mar del Plata consideró que el encuentro fue «muy positivo». Al destacar su importancia, consideró que «fortalecen a la institución y al Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), que cumple veinte años».

Es difícil conocere la eficacia del Plan Nacional en otras industrias y regiones, pero en la pesca marplatense en veinte años solo se ha reducido la nómina de trabajadores registrados.

“No existe política pública que no implique la territorialidad”, ponderó Di Bártolo. Si la territorialidad es visitar un gazebo colocado en una esquina del barrio puerto, queda claro que no hay políticas públicas. Y lo marcan los datos oficiales…

En el segundo trimestre de 2022 el universo de obreros precarizados alcanzó una cifra récord: 5,4 millones de trabajadores informales, según datos del propio INDEC. En el segundo trimestre del 2020 se contaban 3,1 millones de trabajadores. El incremento en cuatro años fue del 74%.

Toda esta puesta en escena y declaraciones altisonantes marcan un desinterés real y absoluto por el objetivo que pregonan. La realidad que atraviesa el sector mata al nuevo relato que se quiere construir desde el Ministerio.

La precariedad laboral domina el escenario de las plantas de reproceso de pescado, lo cual no solo daña el presente y futuro de los trabajadores sometidos a dicho sistema sino que genera una competencia desleal con empresas que tienen a su personal registrado y por una cuestión de costos no pueden competir, por caso, en el mercado interno.

Más que entregar folletos a los ocasionales transeúntes, desde el Ministerio de Trabajo deberían iniciar una plan de inspecciones y fiscalizaciones apoyados desde la AFIP y el INAES para el entrecruzamiento de los datos, con multas y clausuras para quienes funcionen fuera de lo que establece la ley.

A una docena de cuadras del muelle, mientras Pilatti controlaba marineros y maquinistas bajo convenio, trabajadores de una fasonera seguían reclamando la registración laboral a Marcela Caputo, la empresaria de “Ostramar”. “Hace veinte años que estamos en negro”, contó Daniel Alaniz, uno de los fileteros que anima el acampe frente al frigorífico.

Guanahani al 3100, Pilatti, ahí tiene que estar.