16/05/2023
Exploración offshore: la falacia de las audiencias públicas

Los procesos de evaluación están plagados de irregularidades y las audiencias terminan resultando de muy escasa (o nula) utilidad. Independientemente del planteo que se realice, parecen aprobarse las declaraciones de impacto ambiental correspondientes.

Revista Puerto - Mar del Plata - Protestas contra la exploracion offshore - foto 02
Por Consultora Ambiental Resilience

El proceso de evaluación de impacto ambiental que atravesaron las distintas empresas petroleras en función de obtener la autorización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para comenzar con su operatoria, ha estado plagado de irregularidades que esta consultora ha manifestado en las distintas oportunidades en las cuales le ha tocado intervenir.

Durante las audiencias nos hemos encontrado con un incumplimiento grave de los términos establecidos en el Acuerdo de Escazú, el cual Argentina ha suscripto, y que establece los requisitos mínimos del acceso a la información pública y de la participación ciudadana.

Dichos incumplimientos van desde la dificultad para acceder a los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), con casos en los que los links publicados guiaban al interesado a páginas donde no se encontraba volcada toda la información existente, hasta lo contrario, donde un notorio exceso de información dispuesta en varios cientos de archivos en los que no se identifica su contenido, incluso presentando la información relevante mezclada con notas internas, dificulta notoriamente el acceso y el análisis de los estudios presentados, tornando imposible elaborar una crítica fundada que requiere la lectura e interpretación de contenidos de miles de páginas en un escaso margen de tiempo.

Sólo siendo un experto se puede acceder y analizar la información presentada en el lapso que se dispone entre su publicación, la inscripción y la realización de la audiencia (20 días corridos). Incluso, en algún caso, ni siquiera se cumplió el período mínimo establecido en la normativa (Decreto Nº 1172/03 Anexo I), configurándose así otro tipo de incumplimiento.

Cuesta mucho creer que la dificultad así generada para la participación ciudadana sea casual y no haya sido percibida por las autoridades ambientales responsables de las audiencias públicas, porque, además, esto ha sido referido por numerosos participantes de las mismas en distintas oportunidades. Lo único que se logra de esta manera es cohibir la participación ciudadana, torciendo su voluntad, al evitar que gran parte de la sociedad se exprese en aspectos tan importantes como lo son todas las acciones humanas que impactan en el ambiente que compartimos.

La información previa a ser analizada con motivo de una audiencia pública debe ser presentada en un formato y un lenguaje apropiado para los diferentes receptores de la sociedad, considerando distintos enfoques, pero principalmente debe ser transmitida de forma comprensible y fácilmente accesible para todos. Además, las Audiencias deben tener un objetivo claro que apunte al análisis, por parte de los participantes, del proyecto en cuestión y su impacto en el ambiente, teniendo en cuenta los documentos dispuestos, para que dicha participación pueda aportar a la toma de decisiones.

Otro ejemplo de lo que no se debe hacer se observó durante la última audiencia pública, donde se presentó el EsIA del Proyecto Fénix, que planea perforar tres pozos gasíferos cerca de la costa este de Tierra del Fuego.

Llamativamente participó de la audiencia una inmensa cantidad de personas que abiertamente se describieron como empleados de la empresa proponente –Total Austral– y que, lejos de hacer una exposición fundada en base al estudio de Impacto Ambiental y de las características del proyecto sometido a consideración, simplemente se expresaron a favor, valiéndose de expresiones como “la empresa es sumamente seria”; “se trabaja siempre con los estándares de seguridad necesarios”; “nunca hemos tenido inconvenientes o incidentes serios”, “mi voto es positivo”, todos ellos repetidos hasta el hartazgo, no abordándose específicamente los temas del proyecto, de su posible impacto ambiental, y mucho menos de las medidas de mitigación propuestas, lo que desvirtúa el objeto de la audiencia limitándolo a opiniones a favor y/o en contra.

De esta forma, pareciera que las audiencias se están convirtiendo en una mera competencia, donde solo importa quién lleva más jugadores. Si bien resulta innegable que todos los empleados de la empresa en cuestión tienen derecho a participar, claramente estamos frente a una estrategia que desvirtúa el objeto de la audiencia pública.

Las audiencias que hemos atravesado terminan resultando de muy escasa (o nula) utilidad, ya que independientemente del planteo que se realice, parecen aprobarse las declaraciones de impacto ambiental correspondientes.

Salvo en el caso de la primera de ellas (Audiencia Pública N°1 – 2021 – Proyecto EQUINOR bloques CAN 100, 108 y 114), donde la abundante participación ciudadana y las objeciones fundadas fueron recogidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y después de varias acciones, incluso judiciales, se logró mejorar en forma significativa los estándares de cuidado del medio ambiente planteados por la empresa proponente, el resto de las autorizaciones han sido hechas con una mínima modificación de los EsIA analizados, aun cuando muchos aspectos contenidos en los mismos fueron fuertemente objetados por la ciudadanía.

Un caso testigo de lo referido será puesto a prueba a partir de la última audiencia realizada en abril pasado (Proyecto Fénix), durante la cual esta consultora planteó un ejemplo concreto de interacción negativa del proyecto con la pesquería de centolla en la costa este de Tierra del Fuego (ver Exploración offshore: el Proyecto Fénix afectará la pesquería de centolla).

Allí se esperan pérdidas millonarias para la actividad pesquera que se lleva a cabo en el área, que será vedada para la navegación durante al menos dos años, mientras duren las actividades de perforación y construcción de una plataforma y tuberías para transporte de gas.

Esperaremos a ver qué sucede y qué tratamiento le dan las autoridades encargadas de aprobar la declaración de impacto ambiental al tema. De no relevarse el impacto económico y social que generará el caso planteado, estaremos frente a la confirmación de que las audiencias son consideradas como un mero trámite, un paso formal para avanzar en lo que ya se ha resuelto antes, lo que no puede ni debe ser aceptado por la ciudadanía.

El impacto ambiental no debe restringirse a aquél ejercido sobre los componentes biológicos o físicos del ecosistema sin considerar la actividad humana preexistente. El impacto ambiental también incluye aquél provocado sobre la acción del hombre (económica) que se desarrolla en el área, y los efectos sociales negativos que pudieran producirse.

Al respecto, la Ley General del Ambiente (25.675) establece que aquellos proyectos que generen impactos ambientales significativos deben llevar a cabo la compensación ambiental correspondiente, implementando medidas para contrarrestar los efectos negativos y garantizar la protección y preservación del ambiente, buscando garantizar que aquellos que generen un impacto significativo en el entorno natural (que incluye a las actividades humanas) sean responsables de mitigar o compensar los daños causados.

En definitiva, existen varios criterios que deben cumplirse para que una instancia de consulta sea considerada significativa, y no sea concebida como un evento aislado, organizado en un formato preestablecido para cumplir un requisito meramente formal para el otorgamiento de una licencia. En primer término, debe asegurarse y facilitarse una participación plena de la ciudadanía, particularmente de aquellos actores interesados.

Además, luego de dicha instancia, debe reflejarse una consideración genuina de las opiniones y preocupaciones de las partes interesadas. Esto requiere de una gran capacidad y voluntad de las autoridades nacionales y del proponente para tomar en serio las opiniones y modificar los diseños y la implementación del proyecto con el fin de reflejar y subsanar las preocupaciones de los diferentes actores.

Las personas necesitan que se les demuestre que el proyecto está dispuesto a considerar sus opiniones y que el proceso de consulta es real y no un acercamiento puramente formal o un ejercicio de relaciones públicas. Sin embargo, lamentablemente no es este el criterio que parece primar en las últimas audiencias públicas llevadas a cabo para autorizar la actividad hidrocarburífera offshore en el Mar Argentino.