Cuando aún no hay definiciones en torno al inicio de la pesquería de la especie langostino en aguas de jurisdicción de la provincia de Chubut, desde la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) comunicaron al Gobierno el estado de situación de la actividad y ratificaron que las plantas de procesamiento no están hoy en condiciones de solventar nuevos costos directos o indirectos.
En una nota dirigida al secretario de Pesca, Gabriel Aguilar, señalan que buscan transmitirle al Poder Ejecutivo Provincial que «en torno a las derivaciones y consecuencias del Acuerdo Paritario recientemente suscripto entre la Cámara de Empresas de Estibaje y el sindicato SUPA, y del que da cuenta publicaciones periodísticas recientes, y que representan aumentos de valores de la estiba que superan largamente el 160% interanual, con posibilidad de corrección en lo que queda del año».
«Esta situación se ve reflejada asimismo en el listado de valor del servicio, que acaban de enviar las empresas de estibaje a las empresas pesqueras, usuarias del servicio, y que evidencia costos directos e indirectos aún mayores», le informaron al Gobierno.
De este modo, la CAPIP «la hace saber a la Autoridad Pesquera, que las empresas asociadas no reconocerán, ni aceptarán, ni convalidarán que se traslade a tarifa semejante incremento, por cuanto el mismo no encuentra justificativo viable desde la óptica operativa funcional o económica; y por ello, cualquier aumento que se haya acordado entre la cámara de empresas de estibaje, o de manera plurindividual por las empresas, deberá ser absorbido en su casi integridad por las mismas, siendo que la actividad pesquera fabril, vinculada al langostino no admite ningún otro incremento de costo directo y/o indirecto», expusieron las pesqueras con plantas de procesamiento al advertir al Ejecutivo Provincial la fragilidad en que se encuentra la actividad.
En este marco, mencionan que «lo contrario, pone en riesgo la posibilidad de iniciar y mantener la viabilidad de la próxima temporada de aguas provinciales, por presunta inexistencia paz social, a raíz de la situación denunciada, y las perniciosas y nocivas derivaciones no deseadas que de la misma puedan generarse como medidas de fuerza, paralización de la actividad en cualquiera delos eslabones de la cadena productiva, riesgo con la materia prima, entre otros», detallan al avizorar complicaciones operativas.
La entidad empresarial le menciona al Secretario de Pesca que desde ese nucleamiento «bregamos por el trabajo mancomunado, racional y consiente de todos los que tenemos responsabilidades en la actividad, para que los costos de captura, procesamiento, logística y todo cuanto tenga incidencia en la cadena productiva, se adecuen a las reales y actuales posibilidades del producto y la industria», plantearon.