30/01/2024
El difícil paso de panelista a presidente

Canallesca zancadilla nos hizo nuestra democracia al obligarnos a elegir entre un producto hecho y moldeado por lo peor de nuestros políticos más miserables y un pintoresco panelista de televisión que construyó un personaje excéntrico, verborrágico y de dudoso equilibrio emocional.

Revista Puerto - Presidente Javier Milei - img 02
Por Guillermo Nahum

Uno de los candidatos presidenciales nos prometía terminar con la gente como él, dar vuelta la página y solucionar todos los problemas por él mismo provocados. El otro, el panelista de TV, fue mucho más básico y elíptico en sus promesas: terminar con la casta, motosierra, dolarización y los dos pulgares para arriba.

Por desconsolador que resulte así fue, y así estamos. Muchos no votaron a Massa por no votar a un farsante, ni falta hacía votarlo para comprobar que nos estaba mintiendo. Y muchos de los que votaron a Milei no esperaban que a tan poco de asumir, éste demostrara en los hechos que también era capaz de mentirnos.

El candidato que nos prometió usar la motosierra para terminar con los privilegios de la casta y que ésta pague la cuenta de veinte años de descontrol y populismo berreta, en menos de lo que nadie podría prever, se hermanó a ella y con ella armó un equipo de gobierno poblado con lo más recalcitrante del establishment porteño. Esos que cuando están afuera se la pasan dando cátedra en los medios sobre cómo se solucionan los problemas y, cuando les toca gobernar, demuestran ser mucho mejores analistas que funcionarios.

“No se puede obtener resultados distintos si hacemos lo mismo de siempre” repitió hasta el cansancio el candidato Milei en campaña, refiriéndose, claro está, a las políticas llevadas a la práctica durante los años de populismo de seudoizquierda que padecimos casi por dos décadas con los Kirchner y sus discípulos. Y la gente votó a Milei, tapándose la nariz en muchos casos, pero lo votó y hubiera votado a casi cualquiera que prometiese ser lo contrario de lo que había.

Y todavía nos estábamos acomodando cuando con dos cachetazos, un DNU y una ley ómnibus, Milei nos demostró su megalomanía y cierto desequilibrio, procurando dar vuelta de un plumazo muchos pilares estructurales de nuestra convivencia democrática. Pero también y sobre todo, el Presidente nos mostró que él también iba a hacer lo mismo de siempre: pedir delegación de facultades, aumentar tarifas y liberar precios esenciales de la economía, privatizar indiscriminadamente hasta instituciones básicas relacionadas con la ciencia y la cultura, ajustar hasta la asfixia a la clase media y empobrecer aún más a los jubilados y su expoliado fondo de sustentabilidad, para ponerlo en las manos de un hombre de la bolsa, como es el ministro de economía Caputo.

Lejos está de reflejarse en las primeras intenciones de Milei aquellas propuestas de reducir impuestos, sacar paulatinamente las retenciones con un horizonte exportador y sobre todo aquello de que sea la casta la que pague el costo. Entonces cabe preguntarse también en este caso, por qué Milei va a tener éxito en su política y obtener resultados distintos si en definitiva sigue haciendo lo mismo que se hizo siempre.

Pero en el caso de las modificaciones diseñadas por el equipo de gobierno para la industria pesquera, la situación es aún mucho peor: nada de lo allí propuesto es siquiera razonable. Cuesta mucho ser bien pensado. Lo que surge de su letra claramente apunta a cargarse a la industria nacional y desaparecerla: la industria pesquera, la naval, y con ellas a decenas de miles de trabajadores. ¿A cambio de qué? De mucha menos plata de la que hoy genera el sector en dinero y riqueza y de lo que podría generar si, en lugar de entregarla, la potenciáramos arrancando desde el punto de partida actual.

A estos burócratas que redactaron el proyecto que esta semana se debatirá en el congreso, les da lo mismo que pesque en nuestro mar una empresa argentina que una británica. Les da lo mismo que descarguen en puertos nacionales, con todo el movimiento que ello implica, a que trasborden en altamar o descarguen en puertos uruguayos o que directamente se lleven lo pescado donde quieran. Resulta indistinto para el gobierno que sobre esos barcos de empresas argentinas trabajen nuestros capitanes, maquinistas o marineros, a que pesquen nuestros recursos barcos chinos, por ejemplo, con tripulaciones semiesclavas conformadas por filipinos ajenos de derechos humanos básicos.

¿Es igual descargar el pescado en puerto con trabajadores del SUPA, que lo transporten pequeños empresarios transportistas con sus camioneros, sea recibido en plantas de procesamiento ubicadas a lo largo de las ciudades como Rawson, Puerto Madryn, Puerto Deseado, Necochea, Bahía Blanca, Mar del Plata, y que el pescado sea manipulado por trabajadores del STIA en Patagonia o del SOIP en Mar del Plata? ¿Es lo mismo? ¿es comparable? ¿por cuánta plata valdría la pena semejante entrega?

¿Qué clase de personas diseñaron el capítulo pesquero de la Ley Ómnibus a tratar esta semana en el Congreso Nacional? Estos burócratas encapsulados en sus burbujas de papeles, entreguistas entusiastas en sus arraigadas concepciones rentistas, estos Sturzenegger de la vida que diseñan políticas que dejan sin trabajo a miles de personas de carne y hueso que son mucho más que costo en los balances. Estos pálidos escribas para intereses inconfesables, que sólo miden a la industria pesquera por el mísero derecho de extracción que aporta, ¿se habrán detenido a pensar que esa industria que genera cerca de dos mil millones de dólares y casi cincuenta mil empleos, es la que sostiene las economías regionales de varios puntos de nuestra Argentina?

Terminando: la Ley Federal de Pesca es una muy buena norma, perfectible por supuesto, pero es la que ha permitido ordenar una industria antes caótica y bajo cuyo imperio se han recuperado poblaciones de recursos pesqueros que se habían llevado al borde del colapso por políticas similares a las que hoy se pretende reinstaurar, las del menemismo. La actual es una ley absolutamente meritocrática que premia con cuotas de pesca a quienes más invierten y más empleo generan.

Es la 24922 una ley cuya aplicación llevó muchos años y que tiene aún mucho para dar bajo su amparo. Es una ley absolutamente federal que podría serlo más aún si se le redujeran algunos aspectos centralistas, como la alta representación del Poder Ejecutivo en el Consejo Federal Pesquero. Hay ahí seguramente aspectos por mejorar.

Es mentira que la pesca aporta sólo lo recaudado por derechos de extracción. La carga impositiva del sector es altísima, de alrededor del 35%. Y si el tema fuese de recaudación fiscal, la industria pesquera podría aportar muchísimo más de lo que aporta si se le sacara el pie de encima y se la estimulase a invertir aún más y exportar productos con mayor valor agregado. Es muy posible lograrlo, solamente habría que diseñar políticas que estimulen la producción, enfocarse en corregir algunos vicios laborales y dosificar la voracidad del Estado con objetivos realmente ambiciosos y no tan ciegos y de corto plazo como los del actual gobierno.

¿Qué en la pesca hay varios permisos de pesca ilegales, bodegas falseadas, reformulaciones de permisos escandalosas, empleo en negro sobre todo en Mar del Plata, cupos de capturas duplicados y demás vicios? Sí, seguro, es así. Todas irregularidades que a través de los años enriquecieron a algunos empresarios de los que nunca faltan y a los políticos de esa casta que este gobierno venía a combatir, supuestamente. Nada que no se pueda revertir si es que realmente este gobierno fuese mejor que los anteriores.

Pero vender el Mar Argentino, destruir cientos de empresas y desaparecer decenas de miles de fuentes de trabajo está muy lejos de parecerse a una política de Estado. Mas bien parece un paso de comedia trágica de algún panelista de TV verborrágico, excéntrico y de dudoso equilibrio emocional.