27/03/2024
No hubo sanción ejemplar para el buque Tai An

Le aplicaron una multa de 56.700 dólares, prohibición de despacho a la pesca por 45 días pero por haberse allanando se aplicarán sólo 22 días. En cuanto al decomiso de la mercadería es relativo, puede comprarla Prodesur a valor de mercado y vender su captura ilegal siendo, además, el 55% juveniles. Construcción de un relato para salvar a López Cazorla.

Revista Puerto - Merluza negra - BP Tai An - Liu Zhijiang propietario del buque

Los buenos contactos en Tierra del Fuego le están sirviendo de mucho a Liu Zhijiang.

Por Karina Fernández

“El Gobierno Nacional, a través de la Subsecretaría de Pesca, realizó un procedimiento inédito en la actividad pesquera argentina, al decomisar casi 139 toneladas de merluza negra capturada de forma ilegal por un buque argentino”, señala la gacetilla publicada por el Ministerio de Economía.

Debe decirse que es cierto: nunca antes, ante la evidencia de pesca ilegal, se habían recibido presiones de la Cancillería en la Dirección de Control y Fiscalización Pesquera para evitar que el barco sea sancionado. Nunca antes, con las pruebas de 142 toneladas de merluza negra capturada ilegalmente (eso figuraba en el parte de pesca al 9 de marzo), se le había permitido a un barco seguir pescando, en lugar de hacerlo volver a puerto para quedar a disposición de las autoridades. Mucho menos luego de comprobar, con datos de observadores a bordo, que el barco había utilizado artes de pesca prohibidas dentro del área de protección de juveniles y que el 55% de la captura ilegal estaba compuesta por juveniles.

“El operativo se realizó luego de que empresas privadas denunciaran verbalmente ante la autoridad de aplicación que el barco Tai An (propiedad de la empresa Prodesur S.A.) se encontraba pescando de forma ilegal en zona de protección de juveniles de merluza negra. Tras esto, el subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, comenzó a seguir el derrotero del barco”, se indica en el comunicado.

Desde el gobierno se ha decidido construir un relato para limpiar la imagen del Subsecretario de Pesca. Es mentira que López Cazorla actuó cuando la denuncia se realizó de forma verbal, por lo que las empresas tenedoras de cuota debieron presentar una denuncia formal, por escrito, para que comenzaran a activarse los resortes de la fiscalización.

Por otra parte, la confirmación de que el Subsecretario siguió el derrotero del buque implica, entonces, que estuvo en conocimiento de que el buque Tai An ingresó en seis oportunidades al área de protección de juveniles de merluza negra, al mismo cuadrante realizando pesca dirigida de merluza negra, con red de arrastre de fondo a una profundidad de entre 450 y 500 metros, con lances de hasta 80 toneladas de merluza negra sin ninguna otra especie, estando todo ello prohibido.

“En ese procedimiento, se conoció que la empresa no contaba con la cuota autorizada para la pesca de este ejemplar y superaba ampliamente las 5 toneladas autorizadas de manera incidental”. Antes de cualquier procedimiento, el Subsecretario de Pesca ya estaba en conocimiento de que el buque Tai An no cuenta con cuota para capturar merluza negra; de lo contrario, estaríamos frente a una persona que no está capacitada para ocupar el cargo.

Pero además, con la información que ya está disponible, en la que un informe del INIDEP señala que las acciones realizadas por el buque dentro del área de protección de juveniles evidencia que existió pesca dirigida, seguir hablando de pesca incidental pone al descubierto la intención del gobierno de minimizar la gravedad  de la infracción y otorgarle protección al infractor.

“De esta manera, el artículo 55 de la ley facultó a determinar el corrimiento del buque y se indicó que debían abandonar la zona de protección de juveniles de merluza negra. Una vez arribado al puerto de Ushuaia, Tierra del Fuego, López Cazorla, basado en el artículo 53 de la Ley, impuso el decomiso de la mercadería”, dicen desde el Ministerio que conduce Luis Caputo.

El artículo 55 faculta al Subsecretario a dar la orden de ingreso a puerto, algo que eligió no ejecutar, a pesar de que quien fuera su Director de Pesca, Julián Suárez, tenía preparada la nota con la orden, dada la gravedad de la infracción cometida. El mismo Suárez que renunció, entre otros motivos, por las presiones recibidas por el ahora exempleado de Cancillería, Pablo Ferrara, vinculado a la canciller Diana Modino. Presiones que, a la luz de los hechos, puede concluirse que López Cazorla avaló.

“De las 139 toneladas de merluza negra decomisadas, la autoridad de pesca ordenó sustituir por un importe en dinero equivalente al valor de mercado al momento de arribo a puerto del buque en cuestión. Este monto asciende, al día de hoy, a 2.500 millones de pesos que serán ingresados al Fondo Nacional Pesquero (FONAPE)”, señala el comunicado.

De esta forma le dan a Prodesur la posibilidad de quedarse con la mercadería que obtuvo de forma ilegal y comercializarla, siendo además el 55% de la carga juveniles. No aclara el comunicado si la venta será en mercado interno o externo, lo que agravaría más la decisión adoptada.

El comunicado concluye con los detalles de la sanción aplicada: “Incluye la prohibición de despacho de pesca por 45 días y una multa de $113.400.000, que, al haberse allanado según la normativa, se reduce en un 50%, y alcanza los $56.700.000”. No aclara este párrafo que al allanarse los 45 días en muelle también se reducen al 50% por lo que el Tai An solo estará impedido de pescar durante 22 días.

Este es todo el castigo que recibirá el empresario Liu Zhijiang, el propietario del buque, por pescar de forma ilegal, según datos del INIDEP, 175 toneladas de merluza negra cuando su tope son 5 toneladas, utilizando red de arrastre de fondo en un área donde no se permite, arrastrando a menos de 800 metros donde está prohibido, realizando pesca dirigida cuando no tiene cuota que lo habilite y trayendo un 55% de juveniles cuando el máximo permitido es del 20%.

Que además de la leve sanción aplicada se le permita comprar y vender el producto de esa pesca ilegal al propio infractor, constituye un “procedimiento inédito” como bien señala el gobierno. Lejos, muy lejos está de ser ésta una sanción ejemplar. Es de esperar que, por lo menos, no le otorguen un certificado de exportación porque esto, además, podría transformarse en un grave problema para la imagen de la Argentina.