02/04/2024
El Gobierno analiza un nuevo proyecto de “reforma laboral”

En negociaciones con la oposición dialoguista evalúan incorporarla en la remozada “Ley Bases”. Las restricciones a los aportes sindicales serían determinantes para conseguir los votos. Ratificarían limitaciones al derecho a huelga en actividades esenciales y prohibición de bloqueo a fábricas.

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Por Nelson Saldivia

La reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei impulsó a través de la vía del DNU quedó rápidamente judicializado y sin aplicabilidad, y no se observa ningún apuro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en resolver la apelación formulada por la administración libertaria.

Mientras siguen las conversaciones para avanzar en el Congreso con la recortada Ley Ómnibus, y se mantiene fría la relación con la mayoría de los gobernadores, desde el PRO y la UCR están dispuestos a acompañar una reforma laboral “con matices”, pero que respetaría los principales puntos que estaban contenidos en el DNU.

Habría consenso entre los opositores dialoguistas que el Gobierno pueda contar con una herramienta que permita impulsar una flexibilización que aliente la generación de empleo. Entre esos puntos se encuentra la ampliación del período de prueba de los trabajadores de 3 a 8 meses, la simplificación de la registración laboral y la eliminación de las multas por falta de registro.

Otro de los ítems clave es la “regulación del derecho de huelga” en los servicios declararlos esenciales, con guardias mínimas del 75%; mientras que define que las actividades de importancia trascendental no podrán imponer o negociar a las partes una cobertura menor al 50%.

El proyecto original de La Libertad Avanza establece y amplía, en este sentido, una serie de actividades esenciales como la actividad portuaria; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba y remolque de buques;

servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior. Esto en la industria pesquera es clave, ya que para el caso de la estiba se debería garantizar, ante cualquier aplicación de medidas de fuerza, un 75% de la actividad.

Asimismo, la iniciativa de la Casa Rosada que quedó trunca a partir los amparos y recursos interpuestos por la CGT, preveía incorporar como actividad de importancia trascendental a la “industria alimenticia en toda su cadena de valor”, por lo que, en este caso, las huelgas en plantas de procesamiento de la pesca, los gremios estarían obligados a garantizar el 50% de la actividad. Y por tratarse de toda la cadena alimenticia comprendería las huelgas de las tripulaciones de los barcos pesqueros.

Un dato novedoso que tenía la reforma, y que seguiría estando en los planes del Gobierno, es incorporar a la Ley de Contrato de Trabajo como causal de despido “la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”, y especialmente cuando “se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas”.

Esto en la pesca sería determinante, toda vez que es una práctica y mecánica sindical recurrente, paralizar las plantas industriales, bloquear la entrada de pescado, impedir la salida de camiones portacontenedores para exportación, y la propuesta de reforma laboral lo estipula ahora como causal de despido con causa; como una forma de desalentar esas prácticas que exceden los métodos de protesta legitimados.

Con todo, el debate sigue abierto, y en las próximas semanas parece que volverá a escena, ya no por la vía del DNU, sino para que se legisle en la materia, tal como exigía gran parte de los sectores opositores que sea debatido en el Parlamento; aunque sin lugar a dudas, una de las llaves de la reforma serán los aportes sindicales, el músculo más sensible de la dirigencia que en la mayoría de los casos llevan décadas al frente de los gremios.