29/04/2024
Santa Cruz desconoce el acuerdo de no pescar langostino en el Golfo

Mediante una disposición terminó con el acuerdo del Consejo Federal Pesquero de 2018 que ayudó a sostener la pesquería en 200 mil toneladas. Con él cae el cupo social de Nación que pretenden renegociar. Además, exige a los permisionarios santacruceños descargar y procesar entre el 50 y el 100 por ciento de sus capturas en la provincia.

Revista Puerto - Langostino - img 02
Por Karina Fernández

El Secretario de Pesca de Santa Cruz, Harold John Bark, dio por terminado un ciclo de protección del langostino patagónico con la firma de la Resolución 61 que establece medidas de manejo para la captura y procesamiento de los recursos del Golfo San Jorge. Desde 2018 estaba prohibido pescar, a partir de un acuerdo con la provincia de Chubut y desde entonces ambas provincias reciben un cupo social en resarcimiento de 3.800 toneladas de langostino. Al caer el acuerdo, cae también la vigencia de ese cupo para ambas provincias. El gobierno santacruceño busca a partir de esta medida generar presión para aumentar el cupo y la actividad en puertos y plantas de su provincia, exigiendo para sus permisionarios descargar y procesar entre el 50 y 100 por ciento de sus capturas en Santa Cruz. El tema se debatirá en el Consejo Federal Pesquero, cuando se reúna; Bark asegura contar con el apoyo de Chubut para buscar sostener el acuerdo a cambio de más toneladas.

“Las provincias del Chubut y de Santa Cruz se comprometen a no permitir la captura de la especie langostino en todo el Golfo San Jorge por el corriente año y hasta por un período de cinco años, compromiso cuya continuidad se comunicará en forma expresa a la Autoridad de Aplicación antes del 1° de diciembre del año previo”, se indica en la Resolución 7 del Consejo Federal Pesquero que estableció las normas de manejo para la pesquería de langostino.

En el segundo artículo de ese capítulo de la Resolución, el CFP autoriza una compensación al compromiso asumido por ambas provincias, asignándoles 3.800 toneladas anuales para que sean utilizadas por los buques fresqueros que nominen, debiendo estos buques desembarcar la totalidad de las capturas de langostino en dichas provincias.

Ese acuerdo fue muy importante para la preservación del langostino dado que protege su reproducción y crecimiento, alimentando las concentraciones que toda la flota captura en aguas nacionales, ayudando a mantener en niveles de 200 mil toneladas la pesquería de langostino, como han expresado los investigadores del INIDEP en varios informes.

“A partir de los excelentes resultados que surgen del modelo de gestión interjurisdiccional aplicado, con el apoyo de las Provincias de Chubut y Santa Cruz, que ha permitido incrementar las capturas de langostino y optimizar su explotación, generando un importante impacto en el empleo y el desarrollo productivo, se estima conveniente prorrogar el período contemplado originalmente, hasta el final del período anual 2028 inclusive”, se indica en la última resolución del CFP que renovó el acuerdo en 2022.

Este acuerdo debió ser rectificado en diciembre del año pasado pero por pedido de la entonces Secretaria de Pesca de Santa Cruz y con la aceptación del resto de los representantes del Consejo Federal Pesquero, se decidió prorrogar la renovación hasta marzo para que las nuevas autoridades pudieran decidir sobre su continuidad.

Pero estamos llegando al mes de mayo sin que el CFP haya celebrado una sola reunión y el nuevo Secretario de Pesca de Santa Cruz ha firmado una disposición que establece medidas de manejo para la captura y procesamiento de merluza y langostino dentro del Golfo San Jorge, desconociendo el acuerdo interjurisdiccional.

Mediante la Disposición 61 habilita la pesca de merluza y langostino en aguas provinciales para los permisionarios santacruceños que cumplan nuevas limitaciones de potencia de motor y velocidad de arrastre, debiendo descargar y procesar el 100% de lo capturado en aguas provinciales y el 50% de lo capturado en aguas nacionales, en puertos de Santa Cruz.

Aunque la medida resulta extrema y peligrosa para la salud del recurso, el objetivo del gobierno santacruceño no es desentenderse de la protección del crustáceo, según ha expresado el secretario Bark. Asegura que lo seguirán administrando de forma conjunta con Chubut y que lo que se busca es establecer nuevas condiciones para su renovación.

Resulta lógico que Santa Cruz busque revisar el volumen del resarcimiento, dado que la provincia de Buenos Aires, sin haber hecho ningún renunciamiento, tiene un cupo de 5.000 toneladas de langostino. Quizás la disposición santacruceña, que tiene varios errores, no sea más que una herramienta de presión para mejorar las condiciones del acuerdo, algo que resulta innecesario si se tiene en cuenta el hecho de que su renovación anual le otorga esa posibilidad.

Entre las nuevas medidas de manejo dispuestas por Santa Cruz, la potencia de motor límite es de 1500 HP cuando la norma nacional establece 2000 HP y, por otra parte, respecto de la operatoria pesquera, fija un tiempo límite de arrastre para los buques tangoneros de 90 minutos, mientras que Nación establece 60 minutos, buscando un menor impacto sobre el langostino y la merluza hubbsi.

El desinterés del gobierno nacional por el sector de la pesca, materializado en la falta de funcionamiento del Consejo Federal Pesquero, ha generado su primera consecuencia de gravedad. Harold Bark ya ha señalado que será su tema a tratar en el Consejo en cuanto se concrete la primera reunión, la que aún no ha sido confirmada oficialmente. De haber estado funcionando este cuerpo colegiado, probablemente no se hubiera llegado a esta instancia.

A partir del dictado de esta disposición, Santa Cruz y Chubut han perdido el cupo de 3.800 toneladas y así continuará si el CFP no acepta las nuevas condiciones. Si las acepta y el acuerdo se renueva todo habrá vuelto a su lugar desde el punto de vista biológico. Lo que no está tan claro es si Santa Cruz podrá resolver sus problemas de falta de actividad, tan solo con unas toneladas más. El hecho de que las empresas durante los últimos años hayan elegido operar en otros puertos responde a otras cuestiones, como los costos; y sobre todo a la alta y extrema conflictividad de sus gremios, un problema que es más difícil aún de resolver.