26/06/2024
El acuerdo de ONU no sería una solución a la pesca en la Milla 201

Un reciente artículo publicado por el profesor César Lerena asegura que la implementación del acuerdo conocido como BBNJ no impedirá la pesca INDNR y colocaría al Reino Unido en un estatus de país ribereño. Además considera improcedente el establecimiento de una AMP en aguas internacionales y no es el único que lo ve así.

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Por Karina Fernández

“Aún con algunas cuestiones positivas, teniendo en cuenta que las decisiones y recomendaciones de la Conferencia de las Partes se adoptarán por consenso y, no se podrán formular reservas ni excepciones al presente Acuerdo, entendemos altamente inconveniente su aprobación por parte de la Argentina”, señala el artículo “La Conferencia de la ONU no resuelve la Pesca Ilegal y abre el mar al Reino Unido”,  firmado por el experto en Atlántico Sur y Pesca, César Lerena, que analiza los alcances del acuerdo de las Naciones Unidas conocido como BBNJ, firmado recientemente en New York por la Canciller Diana Mondino.

“La pesca ilegal en alta mar en el Atlántico Suroccidental no se resuelve con este tipo de Conferencias declamatorias, al menos mientras el Reino Unido de Gran Bretaña (Reino Unido) ocupe 1.639.900 Km2 del mar argentino y, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea consideran que la pesca ilegal atenta a la seguridad y cuestionen, seguramente por ello, la presencia de China en la región”, indica Lerena.

Para el autor, los funcionarios argentinos no entienden “que la pesca en las condiciones que se está realizando en alta mar es ilegal y confunden el reconocimiento de esta ilegalidad con las dificultades para accionar y terminar con ella y, ello los lleva a no hacer nada al respecto”.

Lerena observa que existe el peligro de darle a través de la implementación de este acuerdo un estatus de país ribereño al Reino Unido, dado que “promueve la constitución de organizaciones regionales de integración económica, constituidas por Estados soberanos de una región determinada a la que sus Estados miembros hayan cedido su competencia”,  por lo que considera que: “la Argentina no debe aceptar estas ‘organizaciones’ mientras el Reino Unido ocupe los archipiélagos y territorios marinos argentinos en el Atlántico Suroccidental, porque implicaría una mayor penetración británica en la región y reconocer la condición de Estado ribereño a este país invasor”.

A diferencia de lo que considera el gobierno, el especialista entiende que este acuerdo no solo resulta de imposible aplicación, porque todas las partes intervinientes debieran consensuar medidas de manejo, sino que además, y a diferencia de lo que ha planteado el Círculo de Políticas Ambientales, la posibilidad que otorga este acuerdo de crear un Área Marina Protegida (AMP) en aguas internacionales no es una herramienta adecuada.

“Sería altamente grave para la Argentina instalar AMP en alta mar vinculada a la ocupación territorial marina del Reino Unido en Malvinas, como es el caso del proyecto de AMP Bentónica “Agujero Azul” promovido por la fundación norteamericana WCS (Wildlife Conservation Society) que, como hemos reiteradamente explicado, no resuelve la pesca ilegal que realizan en esa área diversos buques extranjeros, sino que cierra el ‘Blue belt’ (cinturón azul) al Noreste de Malvinas facilitando la llegada de los recursos migratorios argentinos a las islas”.

En este punto, el especialista coincide con la visión del director de Investigación del INIDEP, Otto Wöhler, que ya se ha referido al respecto en este medio en el pasado sobre la utilidad de las AMP con una marcada diferencia en lo planteado por los miembros del Círculo de Políticas Ambientales, que la consideraron la herramienta más importante que otorga el acuerdo BBNJ.

“Una AMP hay que tenerla en cuenta como un tema de conservación de un ecosistema en su conjunto; no digo que no pueda ser utilizada para regular la pesca, pero no es su objetivo y el problema que nosotros tenemos en la Milla 200 es un problema de conservación, pero el principal problema, claramente, es de ordenamiento pesquero”, indicó Wöhler.

Señaló entonces que pueden proteger el área, “pero no es una herramienta establecida para eso, la herramienta es el ordenamiento pesquero; puede ser con una AMP con un plan de manejo que permita alguna actividad, pero es complicado. No es la herramienta más directa para abordar el tema”.

La idea de generar una AMP de forma consensuada como plantea el acuerdo resulta muy difícil de lograr, además es requisito la generación de una comisión internacional que acredite la justificación de su establecimiento a partir de la realización de una gran cantidad de estudios científicos, para los cuales se debería contar con la colaboración de los países involucrados.

“El 85% de la pesca a distancia en alta mar la realizan 5 países: China, España, Taiwán, Japón y Corea, quienes del total mundial de 37 millones de horas de pesca ocupan 25 millones; motivo por el cual, puede apreciarse que el mayor daño no lo ocasionan los 216 Estados restantes, sino que lo generan solo cinco, que son los mismos que operan en el Atlántico Suroccidental, salvo Japón en los últimos años y, por lo tanto, los esfuerzos por mejorar la administración y cuidado de los recursos en la Zona Económica Exclusiva tendrán pobres resultados sino se trabaja sobre esos cinco países que son responsables de las capturas en alta mar”, indica Lerena y hace mención a la viabilidad de este tipo de pesca a partir de los subsidios que reciben.

Al parecer, la firma del acuerdo de la ONU no es tan auspiciosa como se presentó e incluso, según señala Lerena, a modo de conclusión, ni siquiera podrá “atraer la atención del mundo respecto al tratamiento y prohibición absoluta de la Pesca Ilegal y muy especialmente de aquella que afecta los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina en alta mar”.