08/07/2024
Los motivos judiciales que obligan a “Pesca Ángela” a devolver su flota a Barillari

La justicia comercial porteña fijó las condiciones para que los buques “Santa Bárbara” y “Don Juan D´Ambra” regresen al control de “Antonio Barillari SA”, luego de desestimar el recurso de queja que “Pesca Ángela” había presentado a la Corte.

Revista Puerto - Mar del Plata - Buques pesqueros en el muelle

Entre todas las resoluciones que tomó el juez Diego Manuel Paz Saravia sobre la empresa “Antonio Barillari SA” a la cual le aprobó la conclusión del proceso de quiebra la semana pasada, estuvo el dictamen sobre el reclamo de “Pesca Ángela SA” sobre los buques “Santa Bárbara” y “Don Juan D´Ambra”.

“Pesca Ángela SA” promovió un incidente de verificación del derecho que a su entender le asiste para la escrituración de los buques, señalando que suscribió un contrato de locación con la empresa “Zanella Mare SA”.

Explicó que, luego dicha sociedad, vendió los mismos a “Antonio Barillari SA”, en las condiciones jurídicas en la que se encontraban, es decir, con un contrato de locación a su favor que contaba con una opción de compra vigente y que la luego fallida debía respetar.

Este reclamo fue resistido por la quebrada y la sindicatura, y producida la prueba, el Tribunal dictó sentencia en septiembre de 2021 y desestimó la pretensión de escriturar a favor de “Pesca Ángela SA” el B/P “Santa Bárbara” (Matricula 01885) y B/P “Don Juan D´Ambra” (matricula 01884).

El año pasado “Pesca Ángela SA” había informado de la elevación de un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en ese marco solicitó la suspensión del trámite del proceso y ejecución de la sentencia, luego del rechazo del recurso extraordinario decidido por la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

El artículo 285 in fine del CPCCN establece que mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso. “De hecho, Pesca Ángela SA.informó en sus escritos sobre la presentación del recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero nunca acreditó que se hubiera hecho lugar al mismo, siendo que conforme lo ya expresado, solo la admisión de la queja y no la mera interposición, suspende el trámite del proceso”, precisó Paz Saravia.

En la página 45 de la Resolución 130 el juez otorga a la sindicatura y fallida 10 días hábiles a los fines de efectivizar la entrega de la tenencia precaria a favor de la fallida y “Mirabella SRL”, en tanto aclara que se deben garantizar las fuentes de trabajo y la ejecución de las medidas para garantizar los permisos de pesca.

Como es sabido, el “Don Juan D´Ambra” está inactivo en instalaciones de Tecnopesca hace varios años mientras el “Santa Bárbara” aguarda en muelle para entrar a dique y renovar certificados. El magistrado establece el plazo de diez días hábiles para gestionar antes las autoridades administrativas correspondientes el aviso de la puesta en seco de la embarcación.

El año pasado el SIMAPE había solicitado al Juzgado la suspensión del incidente hasta que se expida la Corte, a tono con Pesca Ángela, en defensa de los puestos de trabajo y la vigencia de los permisos para la explotación. Tras una audiencia de la que tomaron parte todos los involucrados en diciembre de 2023, el Juez resolvió sustanciar la petición del gremio.

Ya en mayo pasado el Tribunal prorrogó por treinta días la vigencia del certificado de seguridad de navegación presentado en Prefectura Naval Argentina iniciado por “Pesca Ángela SA”.

En la resolución Paz Saravia le hace saber a “Pesca Ángela SA” que en el caso de que entienda haber realizado mejoras o inversiones que merezcan ser reconocidas en los términos del art. 240 de la ley 24.522 deberá cuantificar y acreditar con la documentación pertinente y en el término de diez días a cuánto ascienden las mismas realizadas sobre ambos buques y todos los demás gastos que a su entender considere que se le deben reembolsar, indicando los períodos comprendidos de los mismos.

Allegados a la pesquera aseguraron que, si bien todavía no habían terminado de hacer las cuentas definitivas, las mejoras que podrían reclamar en la justicia superan el millón y medio de dólares.