La Dirección de Control y Fiscalización Pesquera decidió archivar un informe presentado por un inspector de pesca embarcado, en el que se exponían presuntas infracciones a la Ley Federal de Pesca detectadas durante su trabajo de fiscalización a bordo.

El hecho ocurrió al término de la segunda marea del año del buque arrastrero congelador “San Juan B”, de la empresa Buenos Aires Pesca SA. El barco zarpó de Mar del Plata el 23 de febrero pasado y regresó el 13 de marzo.

Sergio Alfredo López, inspector embarcado, presentó el informe de marea en el que advirtió la posible existencia de una infracción. El barco había arribado con 110 toneladas de merluza y 70 de calamar, casi el doble del bycatch permitido, que en este caso era de 39 toneladas. En una de las actas de constatación, López dejó asentado que la captura de calamar no estaba comprendida en el permiso nacional de pesca del buque y que superaba el porcentaje de bycatch establecido para la especie. “Dichas acciones constituyen una presunta infracción al Artículo 21, inciso h) de la Ley N° 24.922”, escribió el inspector, que ya había embarcado en la primera marea del “San Juan B”, iniciada a fines de enero.

Sin embargo, pocos días después el director de Control y Fiscalización Pesquera, Juan Pablo Sciuto, firmó una providencia en la que consideró que “no se detectaron incumplimientos” a la normativa vigente y remitió todas las actuaciones al archivo.

El buque tiene una capacidad de bodega de 400 toneladas y en esta marea arribó a Mar del Plata con 195 toneladas de captura: 110 de merluza, 70 de calamar y el resto repartido entre abadejo, rayas, nototenia, lenguado y pampanito.

El informe de López no sólo consignó irregularidades. El inspector destacó que el “San Juan B” operaba con las redes de arrastre reglamentarias y el dispositivo de selectividad colocado, y que ante la alta presencia de juveniles de merluza en una de las áreas el capitán decidió moverse de zona para seguir pescando.

El “San Juan B” estuvo en la agenda pesquera de las últimas semanas junto al “Pedrito”, barco de las mismas características y tamaño, que zarpó por esos mismos días sin inspector a bordo. Ambos recibieron parte de la cuota social de Chubut como CITC por los próximos trece años.

A cambio de casi 4 mil toneladas anuales para los dos buques, la empresa armadora se comprometió a invertir 15 millones de dólares en una nueva planta de reproceso en la zona franca de Trelew, un emprendimiento que generaría 400 puestos de trabajo directos, según promovió la propia provincia patagónica.

Las actas labradas por los inspectores son documentos públicos que establecen una presunción de verdad, que solo puede desvirtuarse mediante prueba en contrario. La providencia de archivo no consigna qué elementos llevaron a la Dirección a apartarse de lo constatado a bordo.