El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) volvió a protestar el viernes último en el ingreso principal a la planta de Conarpesa en el Parque Pesquero de Puerto Madryn y, durante algunos minutos, incluyó quema de cubiertas. Dirigentes y trabajadores iniciaron un reclamo por el pago de aproximadamente un mes y una semana de salarios que, según el gremio, la empresa adeudaría a los obreros que fueron alcanzados por la entonces conciliación obligatoria.
La protesta se desarrolló en horas de la mañana Uno de los presentes era el secretario gremial del STIA en Chubut, José Luis ‘Pepe’ Díaz, quien aseguró a los medios presentes que la compañía comunicó que no abonaría los conceptos reclamados, una decisión que el sindicato cuestiona porque entiende que la conciliación y su extensión fueron aceptadas por ambas partes y obligaban a retrotraer el conflicto.
“Respetás la conciliación, tenés que pagarle a la gente”, sostuvo Díaz durante una entrevista con Canal 12 realizada frente a la planta. De acuerdo a lo que explicó el dirigente, los trabajadores consultaron la situación ante la Secretaría de Trabajo luego de que Conarpesa rechazara el pedido de pago.
La postura del STIA es que el período de conciliación debe ser abonado, independientemente de los reclamos laborales o judiciales que puedan existir por otros conceptos. “Los trabajadores están todos con abogados, con temas legales, pero independientemente de eso, el tiempo de conciliación corresponde que se pague”, afirmó Díaz.
En ese marco, el gremio considera que llevar el reclamo exclusivamente a la Justicia podría significar que los trabajadores tengan que esperar meses o incluso más tiempo para cobrar un salario que, según su interpretación, debería ser abonado en forma inmediata.
Los dieciséis que no volvieron
Como se recordará, el conflicto comenzó con treinta y nueve despidos, aunque posteriormente se habría establecido que cuatro de esos trabajadores no se encontraban en el lugar de los hechos denunciados por la empresa.
Finalmente, según explicó Díaz, quedaron treinta y cinco trabajadores en condiciones de ser convocados nuevamente, pero dieciséis decidieron no regresar bajo las condiciones planteadas por el empresario Fernando Álvarez Castellano.
Ese grupo sostiene que no se trató de una negativa a trabajar sin más, sino de una decisión vinculada con las condiciones ofrecidas por la compañía y con las acusaciones formuladas durante el conflicto. Los trabajadores cuentan con asesoramiento legal y evalúan distintas alternativas.
También estudian reclamos por indemnizaciones, diferencias salariales y eventuales daños morales, además de acciones relacionadas con las acusaciones realizadas durante el conflicto.
Díaz señaló que algunos trabajadores incluso analizan iniciar acciones por calumnias e injurias, al considerar que las denuncias formuladas contra ellos les provocaron perjuicios personales y laborales. Todas esas cuestiones deberán definirse en los ámbitos administrativos y judiciales correspondientes.
Díaz, uno de los sindicalistas denunciados en julio pasado por manifestarse dentro de la empresa, también cuestionó el amplio despliegue policial que se dispuso en las inmediaciones de Conarpesa para evitar nuevos incidentes.
Ahora, el enfrentamiento tiene dos planos: por un lado, el reclamo inmediato por los salarios del período de conciliación; por otro, la disputa por los 16 trabajadores que no regresaron a la empresa y que evalúan llevar sus reclamos a la Justicia.
Lista negra
El presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, señaló mediante un comunicado de prensa que los trabajadores que no quisieron ser reincorporados quieren ganarse la plata de arriba: “Son los que, por su cuenta, o manipulados por otros, hacen quilombo porque no tienen para comer, pero la verdad es que no quieren trabajar, lo único que quieren es ganarse la plata de arriba” expresó el empresario deslizando que prefieren realizar un juicio laboral.
Para el empresario, se trata activistas que luego hacen piquetes en la puerta de la Municipalidad pidiendo trabajo e informó que elaborará una lista con sus datos para que sean identificados: “voy a pasarle la lista al gobernador para que sepa quién es quién y hablaré con mis colegas de otras plantas porque tendríamos que hacer una lista con esta gente que están un tiempo en una empresa, cogen algo de antigüedad y después se hacen despedir para cobrar una indemnización”.
Según expresó Álvarez Castellano, la resolución de los trabajadores permitirá una purga de “gente mala” y concluyó señalando, “se van siete vagos y entran siete personas con ganas de trabajar”, en referencia al último grupo de trabajadore que rechazaron las condiciones impuestas por la empresa para la reincorporación.