Es un dicho conocido y arraigado en el ámbito sindical que quien maneja la Junta Electoral maneja las elecciones y el rechazo a la oficialización de la lista opositora en el SOIP vendría a confirmar la regla. La lista Verde y Azul pelea hoy por participar en las elecciones ante lo que consideran una decisión “arbitraria” que busca dejarla afuera.

María de los Ángeles Domínguez, Aurora Guardia y Carina Guzmán pelearon codo a codo con los trabajadores ante los abusos patronales. Lo hicieron como parte de la Comisión Directiva del SOIP, acompañando a Cristina Ledesma desde sus inicios como secretaria general. Con el correr de los años, aseguran que el gremio dejó de ser la casa de los obreros para convertirse en una empresa. Denuncian abuso de poder, corrupción, maltrato y precarización laboral dentro de la propia estructura gremial, y sobre todo lo que definen como un «abandono de los representados» por parte de la actual dirigencia. Por eso decidieron dar un paso al costado y presentarse con lista propia en las elecciones del 18 de septiembre. Sin embargo, la Junta Electoral resolvió no oficializarla, con maniobras que las apoderadas consideran «arbitrarias».

María de los Ángeles Domínguez es la candidata a secretaria general del SOIP por la lista Verde y Azul. Durante más de una década trabajó al lado de Cristina Ledesma, la actual secretaria general, pero asegura que el trabajo conjunto se fue perdiendo y la Comisión Directiva dejó de tener participación en las decisiones: “Ledesma se encerró en una oficina, le ganó el gusto al poder y el SOIP dejó de ser un gremio para transformarse en una empresa manejada solo por ella y dejó de preocuparse por los trabajadores”.

Aurora Guardia, una cara conocida para todos aquellos que alguna vez tuvieron que pelear por mantener su puesto de trabajo o para cobrar una indemnización, sostiene que hace mucho tiempo que trabajan solas y que fueron el constante abuso de poder de la secretaria general y los indicios de corrupción los que las llevaron a tomar la decisión de generar un cambio.

“El último balance se aprobó a puertas cerradas”, dice Guardia y agrega que a pesar de ser parte de la Comisión Directiva dejaron de tener control sobre lo que pasa en la Obra Social, el predio y la Fundación. “Tuve varias reuniones con ella porque estaba en conocimiento de actos de corrupción en el gremio, pero no me hizo caso y lo único que logré fue que cada vez me bajara más el sueldo”.

Tanto Domínguez como Guardia y Carina Guzmán coinciden en que es necesario volver a trabajar por los obreros del pescado, por la registración que consideran muy difícil pero no imposible. “Defender los derechos de los trabajadores, que se les pague lo que les corresponde, que por ejemplo no los obliguen a cortar merluza de 30 gramos sin pagar siquiera el diferencial, hay que estar en las fábricas cerca de los compañeros”, dicen y aseguran que retomar ese camino fue lo que las impulsó a conformar junto a otros trabajadores la lista Verde y Azul.

Pero las posibilidades de participar en las próximas elecciones del 18 de septiembre se vieron frustradas luego de que la Junta Electoral se negara a oficializar la lista. “La Junta la maneja ella, siempre la manejó. Igual nosotros hicimos todo lo que se nos pidió, hasta descarté pelear mi impugnación porque podía atrasar las elecciones y yo no iba a poner en juego lo que más de dos mil compañeros están esperando, un cambio. Esto es tenerle miedo a las urnas, nada más”, dice Aurora Guardia y asegura que no bajarán los brazos hasta que la justicia las habilite a participar.

El rechazo de la Junta Electoral

El 4 de agosto la Junta Electoral del SOIP resolvió no oficializar la lista Verde y Azul para los comicios convocados el 18 de septiembre. El fundamento fue uno solo: el certificado de antecedentes penales de una de las candidatas había sido tramitado fuera de término.

Según la resolución, la documentación acompañada «demuestra que el certificado de antecedentes penales fue solicitado con posterioridad al vencimiento del plazo establecido para la presentación de listas”. Ese hecho configuraba, para la Junta, «una presentación manifiestamente extemporánea que no puede tenerse por cumplida en tiempo y forma».

El cuerpo sostuvo que admitir esa documentación «implicaría alterar las reglas del proceso electoral, vulnerando el principio de igualdad de trato (par conditio) respecto de la restante lista participante», en referencia a la lista oficialista Negra y Blanco que vuelve a llevar a Cristina Ledesma como secretaria general en el que sería su quinto mandato.

La propia Junta dejó asentado que el 31 de julio se había comunicado telefónicamente con los apoderados de la lista opositora para advertirles la falta del certificado, «requiriéndoles su inmediata presentación antes del cierre de la jornada», gestión que describió como realizada «con el exclusivo propósito de garantizar la más amplia participación electoral, actuando con criterio de buena fe, transparencia y colaboración».

«Una decisión que carece de fundamento es una decisión arbitraria»

Los apoderados de la Verde y Azul presentaron un recurso de reposición en el que acusaron a la Junta de incurrir en «arbitrariedad manifiesta» y de causar a los candidatos «gravamen de imposible reparación en ulterior instancia».

El eje del planteo es que el requisito invocado no existe. «La fundamentación de la Junta es errónea y alude a requisitos legales inexistentes», sostiene el escrito. La lista repasó la normativa aplicable y los requisitos de la propia Junta publicados en el diario El Atlántico para sostener su reclamo. Todos exigen no «registrar inhabilitación o antecedentes desfavorables de orden civil, penal, administrativo o laboral».

De allí concluyeron que «el supuesto requisito de presentar un certificado de antecedentes penales excede la letra de la ley, la letra del Decreto Reglamentario y la letra del Estatuto». Y que, en consecuencia, la extemporaneidad imputada es un imposible lógico: «No puede ser extemporáneo un requisito inexistente; lo que debe existir al tiempo de la candidatura es la inexistencia de impedimentos, y ello se evidencia íntegramente cumplido».

Los recurrentes remarcaron además que cumplieron exactamente con lo que la Junta les pidió el 31 de julio: «En ningún lugar exigía un certificado y menos una fecha del mismo». La conclusión que extrajeron fue directa: «Es evidente que esa Junta es parcial y funcional a otros intereses». Y sobre el fondo: «La decisión de esa Junta Electoral de no oficializar la lista no reconoce sustento en norma alguna, ni legal, ni estatutaria. Y una decisión que carece de fundamento es una decisión arbitraria».

“Nosotros presentamos todo, ellos no pidieron los antecedentes e igual los presentamos y por un solo antecedente que llegó más tarde nos quieren dejar afuera”, resume Aurora Guardia.

Rechazo total y cambio de argumento

El 6 de agosto la Junta Electoral rechazó «en todas sus partes» el recurso y confirmó «íntegramente» la exclusión. Pero para hacerlo no respondió al planteo central de la oposición —si el certificado de antecedentes penales es o no un requisito legal—, sino que lo declaró extemporáneo.

El argumento nuevo es el consentimiento. La Junta sostuvo que los apoderados de la Verde y Azul «no formularon objeción, reserva ni impugnación alguna respecto del requerimiento efectuado», limitándose «a intentar su cumplimiento mediante la presentación de la documentación requerida», y que «recién al interponer el presente recurso de reposición sostienen, por primera vez, que parte de la documentación requerida no se encontraría expresamente prevista en la Ley N° 23.551 ni en el Estatuto Social».

Sobre esa base concluyó que «dicho agravio resulta manifiestamente extemporáneo, toda vez que importa cuestionar un acto de trámite oportunamente conocido y consentido, el cual debió ser impugnado en la etapa procedimental correspondiente» y dejó así fuera de las elecciones a la lista Verde y Azul. Con la vía gremial agotada, a la lista opositora le queda pedir la impugnación judicial del proceso electoral.

“Si nos van a dejar afuera que sea en las urnas”, dice María de los Ángeles Domínguez, mientras apura el paso para llegar a su turno en la planta de procesamiento de Mardi donde regresó tras años de trabajo en el gremio.