“Las firmas Coomarpes Ltda y Agustiner SA. consolidaron un esquema de producción ilegal y continuo donde la degradación de los recursos naturales: aire, efluentes y masa de lodos, funcionó como un dispositivo de maximización de rentabilidad”, señaló Roberto Maturana, querellante en la causa por violación a la Ley 24.051 (Medio ambiente) que involucra a las harineras que funcionan en el puerto de Mar del Plata, y que tramita en el Juzgado Federal Nº1 del poder judicial local.

El escrito de 10 páginas a las que tuvo acceso este medio, se presentó la semana pasada como una ampliación de prueba que ya consta en ámbitos judiciales.

“La ingeniería inadecuada implementada a sabiendas, permite producir superando groseramente los límites legales. El inventario de sustancias químicas reactivas y la omisión continuada de las tecnologías definitivas exigidas por el Estado, configuran la base pericial contable del provecho delictivo y el ahorro indebido de costos extremo que justifica de modo concluyente y urgente la intervención de la PROCELAC en el marco del artículo 303 del Código Penal”, solicitó el oficial de la marina mercante.

La PROCELAC es la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, una unidad de investigación especializada del Ministerio Público Fiscal de la Nación en Argentina. El monto a cautelar calculado por la querella se basa en un cálculo de los últimos 10 años sobre el valor de las obras omitidas por las harineras como la instalación de incineradores termodestructores específicos y plantas de tratamientos de efluentes líquidos integrales, más los costos operativos eludidos por tratamiento químico, neutralización y transporte/disposición habilitada de miles de toneladas anuales de lodos y barros tóxicos.

“El total de la masa ilícita retenida por empresa en esta última década ronda los 28,2 millones de dólares”, precisó Maturana, en tanto reiteró que la sistemática contaminación atribuida a ambas harineras no obedece a fallas operativas, “sino a un esquema corporativo de sustitución de inversiones de capital obligatorias y gastos operativos de mitigación por tratamientos químicos superficiales e insuficientes”, y como tales se justifica la intervención especializada de la PROCELAC.

El querellante solicitó al juez, Santigo Inchausti, que trabe embargo preventivo e inhibición general de bienes por la suma inicial y provisoria de USD 6.000.000 respecto de cada una de las firmas investigadas y sus directivos.

Maturana recordó que por resoluciones de la OPDS del año 2016 ambas harineras se encontraban conminadas a instalar incineradores termodestructores (oxidadores térmicos) o Sistemas Lavadores Químicos de Gases (SLQG) con cronogramas de obra vinculantes.

Dicha tecnología resulta indispensable, toda vez que para lograr la termodestrucción efectiva de aminas alifáticas, sulfuro de hidrógeno y compuestos orgánicos volátiles se requieren cámaras de combustión con temperaturas 750-950 °C con tiempos de retención controlados.

En la ampliación de su denuncia, Maturana subrayó que, en lugar de adquirir y operar este equipamiento, cuyo valor y costo de mantenimiento electromecánico es sustancialmente mayor, Coomarpes y Agustiner “limitaron su accionar a desviar precariamente los vahos hacia calderas operadas a escasos 200 °C e inyectar reactivos agresivos en chimeneas y lavadores primarios que contribuyen a la toxicidad de los vahos y sus olores pestilentes”.