El trabajo que Cancillería inició hace nueve meses para establecer el vínculo entre empresas que operan en las Islas Malvinas y en la Argentina fue concebido exclusivamente sobre la actividad petrolera, según confirmaron fuentes del Ejecutivo Nacional.

El anuncio del presidente no fue improvisado: cuando comunicó el endurecimiento de las sanciones, un trabajo de meses sobre el tema lo antecedía. La improvisación aparece en otro lugar, en la falta de previsión sobre las demás actividades que quedarían alcanzadas y que ya contaban con reglas sancionatorias propias, como la pesca, o sobre otras que preocupan más al Ministerio de Economía, como los bancos. Nadie en Cancillería parece haber advertido al Gobierno sobre la onda expansiva que el anuncio podía generar.

Eso podría explicar la demora en la presentación del proyecto de ley prometido por el presidente. Lo que iba a presentarse en 48 horas pasó a dos semanas y todavía no tiene fecha cierta de llegada al Congreso.

Las declaraciones juradas del 27 bis

En el sector pesquero el anuncio generó incertidumbre, aunque las empresas consultadas por Revista Puerto aseguran no estar preocupadas por su situación particular. Desde la entrada en vigencia de la Ley 26.386, en 2009, los titulares de cuota deben declarar bajo juramento que no son armadores ni propietarios de buques que pesquen en aguas bajo jurisdicción argentina sin el correspondiente permiso, y que carecen de relación jurídica, económica o de beneficio —en los términos del artículo 33 de la Ley 19.550— con quienes lo hagan. Es el artículo 27 bis, y es el único filtro vigente sobre la materia.

Todas las firmas argentinas que societariamente pertenecieron a empresas con operaciones en el archipiélago se desvincularon formalmente, sea mediante la constitución de nuevas sociedades, sea a través de firmas que previamente se habían separado de sus matrices españolas. La situación se repite con pocas variantes.

Ese proceso encontró un marco reglamentario favorable. La Resolución 514 de 2009 acotó el supuesto de la relación de beneficio a la que se verificara “en forma directa”, una limitación que rigió hasta marzo de 2014 y que dejaba fuera del alcance de la norma a las relaciones indirectas: holdings, sociedades interpuestas y vehículos en terceras jurisdicciones. Desde la Resolución 39 de 2014 ninguna norma define qué configura una relación alcanzada, y el encuadre quedó a criterio de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera, como confirmó el autor del texto, el exsubsecretario de Pesca Miguel Bustamante.

De las empresas argentinas al entramado gallego

Los representantes de las empresas argentinas consultadas por REVISTA PUERTO —entre ellas Conarpesa, Estrella Patagónica y San Isidro— descartaron que sus firmas tengan relación con la actividad pesquera en Malvinas. El caso mejor documentado permite ver cómo funcionó ese proceso de desvinculación.

Fernando Álvarez Castellano sostiene que cuando el grupo gallego Wofco se asoció con Conarpesa se aseguró de que no existiera ninguna relación con el gobierno de ocupación de Malvinas, porque la declaración jurada la presenta su empresa. La operación por el 45% del grupo se concretó a fines de 2022.

Worldwide Fishing Company, en tanto, se constituyó el 4 de marzo de 2016, fundada por Borja Tenorio Riveiro y Alberto Barreiro Núñez. Dos años después se sumaron como socios Alfredo Méndez, Gian Sandro Perotti y Kunming Yang, con responsabilidades de aprovisionamiento y comercialización en Asia y el Pacífico sudamericano. Hoy la sociedad está administrada por dos administradores solidarios, y ninguno es una persona física: Baker Nichols Adams Invest, cuyo socio único es Alberto Barreiro Núñez, y Arceus Invest, de Borja Tenorio Riveiro.

En julio de 2023 se produjeron dos movimientos en cadena en la empresa familiar. El 17, Conservas y Frigoríficos del Morrazo se declaró unipersonal, con el holding Barreiro Núñez y Avilleira como socio único. El 20, tres días después, Borja Tenorio cesó como consejero de esa firma.

Morrazo es, en la práctica, la sociedad que ostenta el vínculo con Malvinas. El origen está en Lafonia Sea Foods, la firma con la que Pescanova operó el calamar en el archipiélago hasta que se desprendió de ella en 2009, según confirmaron a REVISTA PUERTO fuentes con acceso a los expedientes.

El historial registral marca la cronología: Lafonia dejó de ser unipersonal en 2006 y volvió a declararse como tal el 17 de diciembre de 2020, esta vez con Morrazo como socio único. Dos años más tarde, en noviembre de 2022, amplió su capital, perdió nuevamente el carácter unipersonal y nombró un consejo de administración que incorporó al director gerente de la armadora que opera los buques. En junio de 2026, por escisión, las participaciones pasaron de Morrazo al holding familiar Barreiro Núñez y Avilleira. La sociedad registrada en Stanley (Puerto Argentino) que hoy opera los barcos es Polar Seafish Ltd, inscripta bajo el número 16423, y figura como armadora desde el 6 de enero de 2022 de los tres arrastreros que operan en el caladero.

Moradiña es otra de las firmas que comparte relación con Morrazo, lo que se refleja en la composición de sus directorios, y declara en su propio sitio web que sus congeladores trabajan, entre otras zonas, en las Islas Malvinas.

El mismo grupo, según quién lo mire

Si se mantiene la vinculación entre Wofco y Morrazo es algo que en los papeles no se advierte. Sin embargo, en Galicia son considerados el mismo grupo. Así lo planteó el diario El Mundo cuando entrevistó a Javier Touza, presidente de ARVI, quien dio detalles del número de buques que operaba cada empresa gallega en Malvinas, y también el periódico Atlántico, que sumó los nombres de los barcos que operaría cada firma española en la temporada de loligo.

“El ‘Beagle FI’, de una sociedad mixta con participación del grupo Pescapuerta, que también dispone del ‘Venturer’ y el ‘Falcon’, además (…) del ‘Prion’. El grupo Wofco también cuenta con presencia en la sociedad Polar Fish, que gestiona los arrastreros ‘Robin M. Lee’, ‘New Polar’ y el ‘Sil’. El grupo Pereira está presente asimismo en Malvinas con una flota de tres pesqueros, ‘Argos Cíes’, ‘Argos Pereira’ y ‘Argos Berbés’. A su vez, el ‘Golden Chicha’ y el ‘Hermanos Touza’ también capturan el calamar loligo bajo bandera de las islas Falkland con inversión de la empresa viguesa Chymar. Además, faenan en este caladero el ‘Monteferro’ y el ‘Monte Lourido’, vinculados a Lanzal; el ‘Hadassa Bay’, a Copemar; y el ‘Igueldo’, a la firma Marfrío, de Marín”, publicó el medio gallego en enero de 2026.

Wofco rechazó esa atribución. El 28 de agosto, el gerente de Conarpesa informó a REVISTA PUERTO que el artículo del diario El Mundo había sido modificado por tratarse de información errónea. La mención a la empresa efectivamente desapareció de la nota entre el 25 y el 28 de agosto, sin que el diario consignara la modificación. Consultado por este medio el 15 de septiembre, Fernando Álvarez Castellano sostuvo que la empresa no tiene relación con Malvinas.

La relación entre barcos y empresas difiere según quién la enumere. La denuncia penal por presunto delito de contrabando presentada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, de la agrupación Reset Republicano, atribuye operadores distintos a esos mismos buques. La divergencia muestra que determinar el vínculo requiere acceso a registros de varias jurisdicciones, y que la cadena societaria puede ser muy difícil de comprobar.

La documentación prueba que Morrazo opera en Malvinas, pero nada de lo relevado establece el vínculo con Wofco y, por lo tanto, con Conarpesa. Lo mismo ocurre con el resto de las empresas nombradas: la separación societaria formal es, precisamente, el respaldo que invocan para sostener que no están alcanzadas.

El avance depende de la decisión política

La separación societaria no implica necesariamente el fin de la relación comercial, y el artículo 27 bis alcanza también a la relación económica o de beneficio, no sólo a la participación en el capital. El artículo nunca derivó en una sanción, y está por verse si el Gobierno toma la decisión de aplicarlo.

Si se lograra probar el vínculo, la primera medida practicable sería la separación inmediata de las empresas españolas de su vinculación malvinense. Una medida de ese tipo tendría impacto sobre la operación de la flota que hoy pesca en el archipiélago, como ocurrió en 2009 con Pescanova.

Desde el punto de vista diplomático constituiría un paso importante, aunque posiblemente sin impacto real en las finanzas isleñas. No puede perderse de vista que el lugar que dejen los gallegos seguramente será ocupado por otras naciones que no enfrentan la disyuntiva de operar en uno u otro caladero.

En cuanto al futuro de las empresas argentinas, llegar o no a una penalización ha dependido hasta ahora de una decisión política. En 2016, cuando se estableció el vínculo entre Endepez y Pesantar, no se aplicó sanción sobre el buque de la empresa: eliminada la relación, siguió operando con normalidad. Si la decisión oficial es avanzar sobre los empresarios argentinos, en cambio, la situación puede complicarse y tener fuerte impacto en el sector.

Cuando el Gobierno abrazó súbita y públicamente la causa Malvinas no contempló el impacto sobre las empresas que operan en el país, sean pesqueras o bancos. Por lo tanto, las consecuencias reales de las vinculaciones pueden terminar siendo mucho menos severas, y el tema diluirse con el correr de los meses.

Pero, si como señaló un viejo transeúnte de los pasillos de la Cancillería, “lanzaron una bola a andar y no la van a poder parar”, el impacto en el sector puede ser de una magnitud que nunca se contempló.