Agropez SA, firma integrante del Grupo Conarpesa, formalizó este martes ante el Consejo de la Magistratura de Chubut la denuncia contra la jueza Amorina Úrsula Testino, tal como había anticipado públicamente el presidente de la compañía, Fernando Álvarez Castellano. La presentación cuestiona la actuación de la magistrada en el expediente que derivó en el embargo y la interdicción de salida del buque pesquero “J. Barreiro”. La medida cautelar que originó el conflicto fue dictada en el marco de un juicio laboral en trámite ante la Justicia de Trelew.

La empresa acusa a Testino de mal desempeño, desconocimiento inexcusable del derecho, incumplimiento de obligaciones legales y arbitrariedad. Solicita que el Consejo investigue su actuación y, una vez concluida la investigación, remita el caso al Tribunal de Enjuiciamiento si correspondiera.

El eje del cuestionamiento: fondos disponibles y un barco parado

El núcleo de la denuncia es que existían fondos suficientes para garantizar el crédito sin necesidad de mantener inmovilizado al buque. Según la reconstrucción que hace la presentación del movimiento de fondos en el expediente, el 31 de julio la parte actora había solicitado el embargo y la interdicción de salida por 53.062.318 pesos, en concepto de capital, intereses y honorarios. Al disponer la medida el 4 de agosto, la jueza mantuvo ese monto y agregó 9 millones de pesos en forma provisoria para responder por intereses y costas, con lo que la cautela alcanzó los 62.062.318 pesos.

Frente a ese escenario, Agropez ofreció sustituir la medida cautelar por fondos judiciales, poniendo a disposición una suma que cubría la totalidad de los importes por los que se había dispuesto el embargo y la interdicción.

El dato que la empresa considera decisivo es que el 6 de agosto la propia funcionaria dejó constancia de que existía en otra cuenta judicial un saldo remanente de 85.768.601 pesos, monto que superaba ampliamente los 62.062.318 pesos garantizados por la medida. El 10 de agosto se ordenó transferir 78.768.601 pesos y, para el 12 de agosto, la cuenta judicial registraba 82.492.175 pesos. Pese a ello, sostiene la denuncia, el “J. Barreiro” continuó sin poder navegar ni producir.

Los abogados de la firma sostienen además que la jueza tomó más dinero del que correspondía para darlo en pago, dado que el importe de la liquidación había sido apelado y, por lo tanto, en el expediente no existía una suma determinada y definitiva de lo adeudado. A ello suman que la magistrada no solo dispuso la transferencia, sino que también firmó el oficio presentado por el abogado de la parte actora disponiendo la interdicción del barco, y que, con la transferencia ordenada y la interdicción ya librada, corrió traslado a la otra parte, una decisión que —según la denuncia— únicamente demoró el levantamiento de la medida.

Los letrados le atribuyen otro error jurídico: al disponer la interdicción, la jueza estableció que previamente el actor debía prestar caución, pero luego habilitó la interdicción de salida sin exigir su cumplimiento.

El oficio que quedó sin firma

La situación tuvo un giro el pasado 18 de agosto. Según informaron, a las 9 de la mañana la magistrada ordenó levantar el embargo y la interdicción de salida del “J. Barreiro”, que para ese momento acumulaba siete días de inactividad. La resolución disponía librar los oficios correspondientes a la Prefectura Naval Argentina y al Registro Nacional de Buques, “con habilitación de días y horas inhábiles para su confección, libramiento y diligenciamiento”.

Sin embargo, el oficio dirigido a Prefectura fue presentado por los abogados de la empresa a las 9:48 de ese mismo día y quedó sin la firma de Testino. A las 13:30, según consta en la denuncia, la magistrada dejó constancia de que había ejercido una acción de vindicación ante el Ministerio Público Fiscal —la vía por la que un magistrado pide que se investiguen expresiones que considera agraviantes— y se excusó de continuar interviniendo en la causa. Esta situación se dio con posterioridad a las declaraciones públicas del presidente de Conarpesa, que pusieron en duda la actuación de la magistrada en otras causas.

El resultado fue que la orden de levantar la interdicción no pudo hacerse efectiva por la falta de esa firma. Según la presentación, la funcionaria judicial rechazó el oficio al día siguiente, 19 de agosto, y la indisponibilidad del buque se prolongó. El 24 de agosto la empresa solicitó ante el magistrado que había quedado a cargo que arbitrara los medios para concretar con urgencia la firma.

La denuncia agrega que los magistrados subrogantes que intervinieron después se opusieron a la excusación de Testino, al considerar que los argumentos invocados no configuraban la causal legal alegada, y señalaron que el ejercicio de una acción de vindicación no constituía por sí mismo un motivo grave de decoro o delicadeza que obligara a apartarse del expediente. La empresa, por su parte, argumentó contra la excusación que las manifestaciones públicas de Álvarez Castellano habían sido realizadas por una persona física, distinta de Agropez SA.

El desbloqueo y el reconocimiento a la jueza subrogante

El conflicto se destrabó el 28 de agosto, cuando la jueza subrogante de Trelew, María Victoria Tapia, firmó el oficio requerido para hacer efectivo el levantamiento del embargo y la interdicción, poniendo fin a la paralización del barco. La magistrada suscribió el documento pese a que la excusación pedida por Testino aún no había sido resuelta, dado que los jueces subrogantes designados por la Cámara de Apelaciones consideran que debe seguir al frente de la causa.

Álvarez Castellano valoró entonces la decisión. “Le agradezco en nombre de la empresa y de mis trabajadores por actuar con sensibilidad social y por comprender que se le estaba haciendo un daño muy grande a la gente”, señaló el empresario, quien añadió que la jueza subrogante “tuvo en cuenta que detrás de una cuestión administrativa había trabajadores implicados y tomó una decisión que evitó que la medida judicial siguiera profundizando la angustia de muchas familias”.

El titular de Conarpesa marcó un contraste entre ambas actuaciones judiciales. Mientras Testino, según sus palabras, “actuó con evidente mala leche y dejó a los trabajadores a la deriva”, la magistrada subrogante contempló que “la Justicia también debe considerar el impacto social de sus resoluciones y no quedar concentrada en una disputa personal con la compañía”. En esa misma línea anticipó que la jueza “tendrá que explicar ante el Consejo de la Magistratura por qué razón tuvo secuestrado a un barco durante 18 días estando el dinero depositado”.

El costo productivo y laboral

Para Agropez, la gravedad del caso radica en que la interdicción no se limitó a afectar jurídicamente un bien, sino que impidió operar a un buque en condiciones de trabajar. “Impedirle navegar significa impedirle desarrollar la actividad para la cual está destinado”, sostiene la presentación.

La empresa cuantificó el impacto: cada tres días de inactividad implican dejar de producir alrededor de 20 toneladas de langostino, equivalentes a unos 144.000 dólares. En el plano laboral, sostienen que cada tripulante dejó de percibir un salario bruto promedio de 1.563.659 pesos, mientras que cada trabajador de planta dejó de cobrar 97.328 pesos por jornada afectada.

La denuncia define lo ocurrido como una “sucesión objetiva de actos y omisiones” que terminó sosteniendo una medida “extraordinariamente gravosa” cuando, según la firma, el crédito ya estaba suficientemente garantizado y los perjuicios eran “perfectamente previsibles y evitables”.

Con la presentación de este martes, el Consejo de la Magistratura de Chubut deberá analizar la admisibilidad de la denuncia antes de abrir una investigación formal. En paralelo, la excusación planteada por Testino continúa sin resolución, mientras los subrogantes sostienen que la magistrada debe seguir al frente del expediente.