La trazabilidad pesquera volvió a ocupar un lugar en la agenda del Congreso de la Nación. El 15 de septiembre, la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados reunió a legisladores, organizaciones de la sociedad civil, representantes sindicales y actores del sector productivo para discutir los mecanismos actuales y los proyectos legislativos en tratamiento.

Actualmente existen dos iniciativas: el expediente 0142-D-2026, “Sistema Único de Trazabilidad de los Productos de la Pesca y la Acuicultura”, presentado por Maximiliano Ferraro y cofirmado por Mónica Frade, y el expediente 1452-D-2026, “Sistema Argentino de Trazabilidad de los Productos de la Pesca y la Acuicultura”, presentado por Sabrina Selva. Ambos se encuentran girados a las comisiones de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y de Presupuesto y Hacienda.

La discusión, sin embargo, merece partir de una distinción importante: la ausencia de un sistema único no equivale a la ausencia de trazabilidad.

La pesca marítima argentina ya genera y registra información en diferentes momentos de la cadena. Monitoreo satelital de los buques, partes electrónicos de pesca, actas de descarga, Registro de la Pesca, SIIP/SiFIPA, transacciones comerciales, certificados digitales de trazabilidad y de captura legal y controles sanitarios de SENASA forman parte de una arquitectura regulatoria y operativa que permite reconstruir distintos tramos del recorrido de los productos. Esa fue precisamente una de las cuestiones centrales planteadas por el sector durante la reunión informativa.

Esto no significa que el sistema actual sea perfecto. La información se encuentra distribuida entre organismos y plataformas, existen espacios donde la interoperabilidad puede mejorar y todavía hay datos que un operador debe ingresar más de una vez. La discusión sobre una ley nacional de trazabilidad constituye, por lo tanto, una oportunidad concreta para solucionar esos problemas.

El interrogante que dejan los proyectos

El problema aparece cuando se analiza cómo las iniciativas legislativas pretenden alcanzar esos objetivos.

Los proyectos crean expresamente el Sistema Único de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura (SUTraP) y establecen que los sujetos alcanzados deberán registrarse ante la autoridad de aplicación. Las iniciativas abarcan la captura o crianza, desembarque, transformación, distribución y comercialización de los productos destinados tanto al consumo interno como a la exportación. A su vez, persiguen objetivos de simplificación administrativa, desburocratización, eficiencia, transparencia y automatización de la información. Es decir, el propósito declarado no es aumentar las cargas sobre las empresas.

Pero allí aparece una cuestión todavía no suficientemente resuelta en la redacción: los textos crean un nuevo sistema, establecen obligaciones de registración y transmisión de información y dejan en manos del Poder Ejecutivo la determinación de la autoridad de aplicación, pero no establecen con suficiente precisión cómo esa estructura deberá integrarse con los sistemas pesqueros y sanitarios actualmente operativos.

No se trata de afirmar que necesariamente se generará una duplicación. La reglamentación podría establecer mecanismos de interoperabilidad y reutilización automática de datos. El problema es otro: la ley tampoco garantiza que eso vaya a ocurrir. Esa incertidumbre es precisamente una de las principales observaciones planteadas desde el sector.

Una batería de preguntas

Si un armador ya informó un dato a la autoridad pesquera:

• ¿Debería volver a cargarlo en el nuevo sistema?
• Si SENASA ya dispone de determinada información sanitaria, ¿el operador deberá transmitirla nuevamente?
• ¿Cuál será la relación entre el nuevo registro y el Registro de la Pesca?
• ¿Qué ocurrirá con SiFIPA y su Módulo de Transacciones Comerciales?
• ¿Cómo se integrarán los certificados digitales ya existentes?
• ¿Qué organismo validará un dato cuando intervengan competencias pesqueras, sanitarias, provinciales o comerciales?

Son preguntas de implementación, pero también son preguntas que una ley destinada a crear un sistema nacional debería comenzar a responder desde su propio diseño.

Una ley para integrar, no para superponer

Existe entonces otra manera posible de encarar el debate legislativo. En lugar de partir de la creación de un nuevo sistema para luego determinar cómo se relacionará con las herramientas existentes, una futura iniciativa podría invertir la lógica: establecer desde el primer artículo que el objetivo es integrar, interoperar y completar el sistema de trazabilidad existente.

Eso implicaría comenzar con un relevamiento de la arquitectura actual: qué información se genera, quién la produce, qué organismo la valida, dónde se almacena, qué datos están duplicados, qué sistemas pueden comunicarse y cuáles son los eslabones de la cadena que todavía presentan brechas.

A partir de allí, la ley podría establecer algunos principios básicos: reconocimiento de registros y certificados vigentes; interoperabilidad obligatoria entre organismos; reutilización automática de información estatal; coordinación entre la autoridad pesquera, SENASA y las provincias; y desarrollo de nuevas obligaciones únicamente para aquellos datos o etapas que efectivamente no estén cubiertos.

Uno de esos principios podría expresarse de manera sencilla: un dato que el Estado ya posee y ha validado no debería volver a pedírselo al administrado. La interoperabilidad, bajo esa lógica, dejaría de ser una obligación trasladada a las empresas para convertirse en una obligación del propio Estado.

De la “ventanilla única” a la carga única

Una verdadera ventanilla única no consiste solamente en crear una nueva plataforma en la que todos deban registrarse. Supone que los sistemas existentes puedan intercambiar información y que el usuario no tenga que actuar como intermediario entre organismos públicos.

Ese enfoque permitiría además separar cuestiones que muchas veces aparecen mezcladas en la discusión: trazabilidad del producto, transparencia de la información pública, control de legalidad pesquera, inocuidad sanitaria e información destinada al consumidor. Son dimensiones relacionadas, pero no necesariamente requieren los mismos datos, los mismos niveles de publicidad ni las mismas autoridades responsables.

Durante la reunión de Diputados aparecieron, de hecho, puntos de convergencia importantes. María Eugenia Testa, del Círculo de Políticas Ambientales, sostuvo que actualmente no existe un sistema nacional interoperable; Otto Axel Wöhler, en representación de CAPECA y CAPIP, planteó que la trazabilidad sí existe y describió las cargas que actualmente realizan las empresas ante Pesca y SENASA. La diferencia está, en buena medida, en qué se entiende por “sistema”: una cosa es que no exista una única plataforma transversal y otra diferente es afirmar que no existen mecanismos de trazabilidad. La cobertura oficial de Diputados también registró esa discusión.

Ambos diagnósticos pueden coexistir parcialmente: puede existir trazabilidad y, al mismo tiempo, faltar interoperabilidad. Y quizás allí se encuentre el punto desde el cual construir una propuesta legislativa superadora.

La oportunidad que abre el debate no debería limitarse a decidir si se aprueban o no los proyectos actuales. También puede servir para discutir qué tipo de ley necesita hoy la pesca argentina, teniendo en cuenta que buena parte de las herramientas digitales y regulatorias ya están funcionando.

Una ley moderna de trazabilidad podría no comenzar diciendo “créase un nuevo sistema”, sino estableciendo algo conceptualmente distinto: intégrese el sistema existente, reconózcanse sus herramientas, elimínense las duplicaciones, identifíquense sus brechas y complétese únicamente aquello que falta.

Eso permitiría perseguir los mismos objetivos de legalidad, transparencia, sostenibilidad e información que motivan las iniciativas actuales, pero haciendo que la modernización del Estado se traduzca también en una simplificación concreta para quienes deben utilizar sus sistemas todos los días.