La querella que representa a Mariel Betina Santillán, secretaria de la Mujer del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), apeló la sentencia que absolvió a Raúl Omar Durdos, secretario general del gremio, en la causa por presunta violencia de género en el ámbito laboral. El escrito, con el patrocinio del abogado Juan Saucedo, fue presentado el 29 de septiembre ante la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña.
El juez José Raúl Béguelin, del Juzgado N° 2 de CABA, dictó el veredicto el 4 de septiembre, tras un juicio oral y público, y los fundamentos el 14. Absolvió a Durdos de las imputaciones contravencionales y del delito de desobediencia a la autoridad, y fijó las costas por su orden. La querella también cuestiona la declaración de prescripción de la acción contravencional.
La acusación sostuvo que, desde 2022, Durdos dio a Santillán un trato desigual y sistemático como represalia por su voto a favor de reincorporar a otro dirigente, David Villalba. Enumeró restricciones de recursos como alojamiento y movilidad, la obstaculización de un viaje a Estados Unidos, la revocación de la licencia de una colaboradora y el impago a una profesional de su equipo.
Le atribuyó, además, desobedecer la orden del 16 de mayo de 2023 de cesar todo acto de perturbación o intimidación hacia ella, mediante campañas digitales, su exclusión de un grupo de WhatsApp y un proceso disciplinario que terminó en una suspensión de 45 días.
Según el recurso, el fallo no es una “derivación razonada del derecho vigente”. Sostiene que el juez tomó el móvil político como explicación excluyente de la violencia de género, cuando ambas dimensiones pueden coexistir, y que Santillán, única mujer con voz y voto en la conducción, sufrió una desacreditación diferenciada. Objeta que se equipare la existencia de facultades estatutarias con la ausencia de finalidad abusiva y que conservar cargo, salario y oficina descarte un «vaciamiento funcional». Rechaza además la separación que hizo la sentencia entre su persona y su rol institucional al interpretar la orden judicial.
Otro punto central son los audios en los que el juez identificó la voz de Durdos. La querella afirma que allí explicó que dejó de atenderla porque no «obedecía» y que el trato se agravó tras la denuncia, algo que la sentencia reconoce pero no valora.
Sobre la prescripción, recuerda que la jueza de instrucción ya había rechazado ese planteo y sostiene que se trató de una conducta continuada. Pide condena si hay una cuestión de puro derecho sobre hechos ya fijados o, subsidiariamente, la nulidad del fallo sin repetir el juicio.
Reclama que las costas se impongan a Durdos y dejó planteadas reservas de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia porteño y la Corte Suprema. Durdos fue absuelto y goza de presunción de inocencia mientras no haya una decisión firme. Ahora deberá resolver el tribunal de alzada.